Radiografía de un instante
De pronto a las 17:40 de la tarde del 26 de junio de 2024 dos hombres se encontraron cara a cara a raíz de un intento de golpe de Estado: el presidente electo del Estado boliviano Luis Arce y el general golpista Juan José Zúñiga. El primero, economista, curtido en los pupitres universitarios y experto en hacer balances contables y proyecciones econométricas; el segundo, militar de carrera, curtido en la rígida disciplina de los cuarteles y experto en el ejercicio diario de dar órdenes a obedientes y delgados conscriptos. Ambos, de alguna manera eran el rostro de un país llevado al límite de su capacidad de desinstitucionalización, el irrespeto a las normas y el franco desprecio por las formas. Arce ocupaba un cargo con el cual nunca había soñado y quizá para el cual quizá no estaba preparado. Por su lado, Zúñiga había llegado a ocupar el más alto puesto del Ejército Boliviano, a pesar de haber estado preso por sospecha de embolsillarse Bs. 2,5 millones destinado a la ayuda social, además de haber sido un mediocre cadete.
En ese instante breve en que Arce y Zúñiga se encuentran en Palacio Quemado se vieron dos personas que, por igual, carecen de proyecto político. Ambos quieren o están en el poder, pero no saben qué hacer con él. No conocemos qué propone como horizonte político Arce al país, más allá de profundizar el “evismo” sin Evo, que consiste en manipular los poderes estatales y ponerlos al servicio de sus ambiciones de poder. Tampoco se sabe del objetivo de Zúñiga, que no sea el mostrar su rabieta ante su destitución como capitán general de las Fuerzas Armadas.
En el breve momento en que Luis Arce, ataviado con un jean y una chamarrita ploma, le grita a Zúñiga que retire sus tropas “inmediatamente” recibe como respuesta una queja, le dice el general rebelde “no puede haber tanto desprecio, tanta ingratitud”. Se refiere obviamente a su destitución y, sobre todo, a su causa, que fue el haber opinado de política frente a una conocida presentadora de televisión cuando no le correspondía hacerlo. Muy probablemente, Zúñiga, al expresar de forma pública y sin remilgos su postura sobre Evo Morales creía que lo estaba haciendo bien, pensaba que lo que merecía era una felicitación, un abrazo, un apretón de manos. El razonamiento de Zúñiga era elemental pero finalmente certero: si los jueces, que debían mostrar equidad y transparencia, se vestían de polera azul en las campañas del MAS y podían tener sentencias para condenar opositores, ¿por qué Zúñiga no podía hacerlo también? Si un vocal del Tribunal Supremo Electoral se atrevía a atacar a los políticos enemigos de Arce sin poner en juego su cargo, ¿por qué Zúñiga no podía hacer algo parecido? Algo no cuadraba en la cabeza militar de Zúñiga y así se lo hizo conocer a Arce.
Es el instante en que Arce y Zúñiga se miran a los ojos, allí, en un palacio de gobierno que ya no sirve sino como un museo de la democracia, ambos están huérfanos de respaldo político. Si bien tanto el propio Arce como el vicepresidente Choquehuanca minutos antes lanzaron mensajes por la red social X llamando a la resistencia al golpe, la gente no salió a las calles armados de piedras para la defensa de un gobierno en el cual cada vez cree menos. Por el contrario, las personas dejaron sus domicilios, en modo espanto, a llenar los mercados para abastecerse de lo necesario en un momento que parecía ser el inicio de la eternidad.
Por su parte, Zúñiga tampoco tenía respaldo alguno. No se dan pronunciamientos de organizaciones ciudadanas ni de personajes civiles anunciando y aprobando el nuevo tiempo político. Todo golpe necesita un cierto grado de aprobación de la ciudadanía, un mínimo nivel de legitimidad del que la movida de Zúñiga carece. Ante este extremo, el general ya instalado plenamente en su laberinto, suelta un globo de ensayo: anuncia la liberación de los presos políticos como el gobernador Luis. F. Camacho y la expresidenta Jeanine Añez, a la espera de apoyos del mundo conservador boliviano y de las élites económicas. Nada sucede, ni la nueva derecha, ni los empresarios muerden el anzuelo.
Finalmente, Arce y Zúñiga (la A y la Z de la política boliviana) se separan sin despedirse. Zúñiga sale de Palacio Quemado perplejo, enfadado y frustrado, pero finalmente tranquilo porque ningún policía se anima a detenerlo como correspondía. Sale de plaza Murillo en medio de silbidos, de insultos, pero también de uno que otro aplauso. Por su parte, Arce vuelve a la Casa Grande del Pueblo para posesionar al nuevo mando militar. Los juramenta y luego se dirige al micrófono a decir las palabras de rigor. Arce está en situación de máxima audiencia, todas las cámaras de todos los canales de los medios de comunicación nacionales e internacionales aguardan sus palabras, su discurso esperanzador. Pero Arce desperdicia la oportunidad de oro, brinda un discurso breve, anodino, lleno de saludos, que no transmite indignación ni emoción alguna, ni lógicamente genera certidumbre ni popularidad.
Finalmente, los funcionarios públicos corren a plaza Murillo a festejar el renacimiento de Luis Arce, alegres de que su mundo y sus cargos se encuentren, por el momento, intactos. [P]
El tanque no llama dos veces
Edgar Iñiguez Araujo, politólogo
Como se sabe, el 26 de junio las tropas militares armadas y con tanquetas blindadas tomaron la Plaza Murillo en La Paz. Es natural que los bolivianos que tenemos en la memoria la recurrencia de los golpes de Estado, pensemos en esa época tenebrosa que creímos superada. El principal protagonista de ese trance es un personaje estrafalario y sombrío, el general Juan José Zúñiga. Lo que llama la atención es que luego de su permanencia en la Plaza por aproximadamente 3 horas, destrozar la puerta de palacio y de cruzar palabras indóciles de insubordinación con el presidente Arce, quien en un arranque súbito de aplomo le ordenó su retirada, la columna militar comenzó su repliegue dejando a la población en la perplejidad e incertidumbre.
Es natural que, ante este hecho extravagante e histriónico, surjan varias hipótesis que van desde el autogolpe para mejorar la popularidad gubernamental (el propio Zúñiga lo denunció) hasta la acción temeraria de la derecha, la oposición y el imperialismo, todos en su intento (largamente anunciado por el gobierno) de acortar el gobierno de Arce. ¿Quién está detrás de este evento curioso y tragicómico? Tendrá que develar un proceso de investigación, bajo el supuesto (siempre optimista) que sea imparcial y transparente. Por de pronto se puede hacer un acercamiento a las condiciones políticas que hicieron propicio ese aventurero y curioso acontecimiento, veamos:
En primer lugar, hay que considerar el deterioro de las instituciones del Estado incluyendo a las FFAA. En efecto, las instituciones del Estado Plurinacional no fueron diseñadas y desarrolladas por el MAS con la intensión de limitar la discrecionalidad del gobernante, sino en perpetuar el poder de ese partido y sus camarillas.
En democracia, las instituciones cumplen roles de suma importancia, uno de los cuales, es asegurar la renovación gradual de la sociedad, la reproducción del orden democrático en el marco de la paz y la certidumbre. Es natural que cuando las instituciones democráticas se encuentran deterioradas o limitadas en las posibilidades de la resolución de conflictos, crezca la posibilidad de anomia social.
Es cierto que, pese a los esfuerzos en estas décadas de democracia, el desarrollo institucional no fue completo, los conflictos sociales, casi siempre han desbordado las instituciones, sin embargo, durante el gobierno del MAS el deterioro fue mayor. La idea de que se libraba un combate por el “significado de la democracia” llevó al menosprecio de las instituciones de la democracia representativa, llamada “pactada” despectivamente, las cuales enfrentaron su triste decadencia.
No obstante que el MAS en 2009 generó un conjunto de instituciones en el contexto de una Asamblea Constituyente. Estas fueron sistemáticamente torpedeadas hasta el extremo de su desfiguración e incluso destrucción por el propio partido de gobierno para lograr sus propias metas: la corrupción, prebendalización y la concentración de poder en manos de su líder Evo Morales y luego Lucho Arce.
Esta truculenta historia de destrucción se repitió en las FF.AA. en las cuales no se respetó la carrera jerárquica militar y tanto Evo Morales como Arce, nombraron al alto mando militar a dedo, valorando más las supuestas lealtades de amigazos, que la meritocracia en la carrera militar; no es de extrañar la existencia de fracturas y encono al interior de la institución armada al mando de aventureros irresponsables como Zúñiga.
En segundo lugar, se puede apreciar la crisis de gobernabilidad del gobierno de Lucho Arce. En efecto, luego de la división del MAS en las facciones “evista” y la “arcista” que entraron en una ofuscada y feroz pugna, Luis Arce perdió irremediablemente la mayoría en la Asamblea Legislativa de cuya comodidad gozaba en años previos, ello hizo que exista una gran dificultad en la concretización de las leyes y políticas del ejecutivo.
De otro lado, Arce pudo conservar lealtades en los sectores sociales en base a la prebenda y cuoteo del Ejecutivo, sin embargo, estas lealtades con el tiempo fueron cada vez más endebles y efímeras. Además, estas prebendas y pegas alcanzaron a la capa superficial y elitaria de los sectores sociales, mientras que las bases veían el gobierno lejano e ineficiente. Eso se puede colegir de las encuestas en las que se muestra que el gobierno de Arce perdió aproximadamente ocho puntos porcentuales de popularidad y apoyo social.
Con la pérdida de la gobernabilidad en la ALP y también apoyo social, el gobierno de Arce recurrió a un personaje oscuro pero experto en torcer y sortear los vericuetos de la ley para los propósitos partidarios, Iván Lima quien instaló una atípica forma de lograr salirse con la suya, subordinó la labor de la ALP al Tribunal Constitucional Plurinacional en lo que puede conocerse como el “constitucionalismo abusivo” o el “despotismo iletrado”.
En este contexto de crisis institucional y ausencia de gobernabilidad no es de extrañar que puedan surgir intentos de pseudo acontecimientos (ya se han visto antes en la historia política de Bolivia) para lograr una carga rápida de popularidad y al mismo tiempo lograr un efecto distractivo en la población atribulada por la crisis económica.
Finalmente, el pseudo golpe de Estado, es una oportunidad para un escenario optimista en el cual se pueda enrumbar la democracia hacia el diálogo y la apertura deliberativa de los agentes políticos, pero también es la oportunidad para otro escenario en el que se puede dar mayor animosidad autoritaria, persecución y destrucción del contrario, para lo cual servirá de pretexto perfecto el espectro ahora instalado de las “intentonas golpistas”. El desilusionado autor se inclina a pensar en el segundo, aunque espera equivocarse. [P]
Una fábula
Ever Romero Ibañez, sociólogo
Los hechos políticos que no han podido ser anticipados ni por el más suspicaz y prevenido inquiridor de oráculos, siempre instauran un tiempo de perplejidad colectiva que bloquea la capacidad de explicación, no solo porque no los vemos venir, sino porque detrás del protagonista que los ha generado, subyace un sujeto teleológico que tiene el privilegio de conocer el significado de sus actos, pero, cuya comprensión de las finalidades de esa acción están encriptadas al discernimiento público y vedada a la comprensión política, incluso para aquellos que presumen de haber aprendido a fumar bajo el agua profunda de la lucha por el poder.
En tránsito aún de la modorra a la lucidez, tambaleantes incluso por el efecto inicial de la asonada incruenta, se han ensayado las más variadas conjeturas que han agotado el arco de posibilidades explicativas, unas formuladas desde la opinión fundamentada y otras desde la aguda imagen del humor que parecía decirnos —siguiendo la filosa navaja de Guillermo de Ockham— que la «explicación más simple y suficiente es la más probable, aunque no necesariamente la verdadera». En este caso, la navaja puede no ser muy certera, porque los fenómenos políticos (con sus oscuras maniobras) distan mucho de ser simples procedimientos de fácil predicción. Y son así, porque arrastramos la cultura política de la manipulación y el subterfugio embaucador que impide inferir las consecuencias lógicas de las prácticas políticas, o de los hechos propiciados por actores militares constitucionalmente subordinados al poder civil.
¿Cómo deberíamos entender la acción del comandante general del ejército, después del sainete del 26 de junio? No como un epifenómeno carente de gravitación, sino como una manifestación objetiva de múltiples fragilidades: políticas, económicas, sociales e institucionales, que configuran hoy un cuadro de incertidumbre e inestabilidad en la normalidad del funcionamiento de la sociedad y del Estado. También como una lección.
La primera fragilidad es el inoperante accionar político-partidario en el legislativo, marcado por la explícita renuncia de sus protagonistas a pactar, que ha determinado su autobloqueo y la imposibilidad de producir decisiones normativas articuladas al rol del poder Ejecutivo (aprobación de créditos), o para encaminar el procedimiento destinado al cumplimiento de plazos constitucionales (elecciones judiciales). Si a ello se añade la escisión en curso del partido de gobierno, tenemos el marco completo que explica la fragilidad política que amenaza la gobernabilidad.
La segunda fragilidad es el endeble manejo económico, causado por la carencia de dólares, las dudas sobre la provisión estable de carburantes, el déficit fiscal, la inflación, la disminución de la renta petrolera, la deuda pública y el agotamiento de las reservas internacionales, a la par de la inminente irrupción de la conflictividad en las calles. En suma, la desconfianza social sobre la viabilidad de un modelo económico que toca fondo, ante la mirada imperturbable de sus mentores.
La tercera fragilidad son las decisiones políticas asumidas en escenarios extrapartidarios, estableciendo de facto el Estado de excepción institucional (infidelidad a la Constitución), paradójicamente a partir de decisiones de los propios garantes de la supremacía constitucional, con un resultado general inequívoco: el empobrecimiento de los roles institucionales que ya no coaccionan conductas ni modelan el comportamiento social, político o jurídico, y hoy también el militar; al contrario, desde las instituciones se ha practicado la vulneración normativa impropia en un Estado de derecho y connatural a gobiernos distanciados del principio de legalidad. Solo el cuadro de fragilidad que roza con la crisis, puede haber desatado el desatino de un general, que pese a haber sido educado en la subordinación, optó por el camino de la irreverencia a las jerarquías y a la ley.
El hecho político-militar reciente, no obstante, su visible inicio, desarrollo y desenlace, pareciera que no ha terminado de suceder y que aún sigue en movimiento sin llegar a una culminación objetiva. Esto es así, porque aún no ha sido explicado en sus motivaciones exactas. Hoy, cuando aún resuenan los ecos de la embestida a la puerta del Palacio Quemado, no es posible aproximarnos a comprobar las hipótesis oficialistas u opositoras sobre la verdad del resultado buscado, que por ahora se encuentra confinada en la mente de un general que tuvo el desafortunado dislate de emprender una conducta que le ha dado quince minutos de fama, pero de la mala.
La verdad del golpe fracasado (con sus protagonistas camino de la cárcel) o del autogolpe exitoso (con la propaganda laudatoria a favor del presidente), será, tal vez, develada en alguna biografía postrera de sus personajes. Y esperemos que la historia no les absuelva a quienes han gestado y ejecutado una acción que la creíamos superada como forma de conquista del poder, o como golpe de mano para restaurar una legitimidad desportillada; mientras tanto, corresponde protegernos de conclusiones definitivas con la prudencia de Ramón de Campoamor, para quien «en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira».
Por aquello de que «no hay mal que por bien no venga», el hecho militar debería ser causa de lecciones y aprendizajes ineludibles, no porque la letra entre con sangre, sino por un deber cívico que debería obligar a los decisores políticos y a los que están en la cima del poder público, a frenar en seco la incesante desinstitucionalización para revertir la fragilidad del Estado y que, convertida en anomia institucional, rompa aún más el débil equilibrio entre los órganos del poder público.
Nuestras instituciones no están como están por causas naturales ingobernables, sino, por decisiones humanas intencionales orientadas a una finalidad sin fundamento moral: la conservación del poder aun a riesgo de la democracia. Asistimos a una búsqueda desaforada para retener el poder, no como medio para la realización de un programa de servicio a la sociedad, sino, para usufrutuar de él y para mantener creencias que ya han sido desmentidas por el día a día de la vida política y en la economía, por el bolsillo empobrecido del ciudadano.
Esperemos que el golpe o autogolpe, revestido de fábula, nos haya dejado enseñanzas perdurables y dejemos de ser animales políticos que tropiezan cíclicamente con la misma piedra. [P]
