La crisis de ingobernabilidad sobre el que se mueve el gobierno de Luís Arce Catacora ha precipitado la cimentación de un régimen autoritario, que, con sus particularidades, se podría muy bien definir como despotismo constitucional. Los regímenes autoritarios, menciona Juan José Linz, surgen de la crisis y del desmoronamiento de los sistemas democráticos.

El autoritarismo, siguiendo al mismo autor, tiene distinciones importantes con el totalitarismo y la democracia, entre ellas se puede mencionar su forma de ejercer el poder, su forma de organización, sus sistemas de creencias y valores y su vinculación de la esfera estatal con la esfera social. Incidimos en estas aclaraciones por la importancia que tiene caracterizar el tipo de gobierno para un buen desarrollo de la conciencia crítica en los lectores.

En nuestro país, las oposiciones han hecho común definir al gobierno como una dictadura y el gobierno, por su parte, llama a cualquier movimiento ciudadano, golpista. Las imprecisiones en las definiciones acerca de la naturaleza de un gobierno están debilitando más la posibilidad real de articular una resistencia civil organizada y un movimiento democrático desde las bases. En este artículo, pretendo llenar esa debilidad con algunas reflexiones teóricas.

En los sistemas democráticos, impera el poder del pueblo, que se traduce en un pacto social estructurado en la Constitución Política del Estado, en otras palabras, el imperio de la ley.  Esta regula las relaciones sociales entre los ciudadanos y limita el poder a través de la división de poderes, no obstante, a ello, impera el pluralismo y el respeto a los derechos humanos adquiridos, todo esto, al menos teóricamente definidos desde el positivismo jurídico. En cambio, a la inversa, el totalitarismo, es monista por su propia naturaleza, limita totalmente el ejercicio pluralista, y concentra todo el poder en un solo actor social, llámese dictador, déspota o lo que fuere. Entre estas dos formas de ejercer el poder, está el autoritarismo, cuya característica central radica en limitar el pluralismo con lo cual niega a los sistemas democráticos. Todas las instituciones económicas, políticas, estatales y sociales que gozaban de cierta libertad de acción, tienden a subsumirse paulatinamente a una forma de gobierno perverso. La constitución deja de ser imprescindible y funciona de acuerdo a los intereses de los líderes autoritarios. Hechas estas consideraciones ¿será necesario más argumentos para reconocer que en Bolivia hemos transitado hacia gobierno autoritario?

Si no es suficiente, quizás venga en bien, poner otros elementos. Hablemos sobre la legitimidad. La legitimidad de un gobierno autoritario dista mucho de la legitimidad tradicional de un gobierno democrático, pero no es su ilegitimidad su debilidad, al contrario, es parte de su propia estructura orgánica que le permite su existencia, por eso, caen en un error los que consideran que un gobierno autoritario ilegitimo pude fácilmente ser desplazado. Dado que la relación de poder en nuestros tiempos no es de amo–esclavo como en el esclavismo, los autoritarismos juegan con sentimientos primarios, y sus mecanismos de poder actúan en otro sentido y en otros tipos de codificaciones sociales construyendo una particular relación poco perceptible a los sentidos visuales. Así, por ejemplo, un gobierno autoritario con una disminuida legitimidad, puede recurrir sin peligro alguno a la represión y el terror estatal contra la sociedad civil, afectando su estabilidad económica, política, social y, sobre todo, mental. El autoritarismo, requiere para su evolución de una sociedad civil mentalmente temerosa, neurótica, políticamente acrítica y orgánicamente desestructurada (condición de la actual sociedad boliviana).

Si logramos comprender la naturaleza de este tipo de gobiernos autoritarios, es posible juzgar que los acontecimientos del 26 de junio no fueron una acción aislada, ni mucho menos un berrinche de un general despistado, menos una acción valiente de un presidente heroico, nada de eso. La acción militar ha sido planificada premeditadamente como una táctica gubernamental de golpe fallido, en términos alemanes es reconocido en la historia política como los famosos “puch”. El objetivo, generar un desorden en las mentalidades, una histeria social. Para pasar en cuestión de minutos de héroes a villanos ha tenido que ser auspicio de un grupo de estrategas de alcance mayor. La creación de un escenario de fallo controlado, como lo fue la plaza murillo, casi experimental, con un cuadro de actores muy bien posicionados, no lo conduce cualquier personaje, y esto amerita una mayor seriedad, dado que, en general, estas acciones preparan el terreno para ejercicios futuros más contundentes. Es así, como se puede explicar en cierto sentido, el ejercicio del poder de un gobierno autoritario del que se puede esperar mucho MAS. [P]