El hombre de la calle no es la perfecta encarnación de la racionalidad instrumental que mira, sin distraerse, el logro de objetivos calculados como quien calcula el funcionamiento de una máquina; no, o no únicamente. El hombre de la calle esencialmente está determinado por su contexto social, económico y político, porque vive insertado en grupos y en estructuras sociales en las cuales circula una manera de mirar la realidad y en la que se desarrollan múltiples relaciones intersubjetivas que devienen para cada sujeto vinculado, en influencias positivas o negativas, configurando la reproducción racional o emocional de comportamientos: unos fundados en la verdad y otros basados en construcciones levantadas desde la información falsa o distorsionada. En el último caso, se trata del rumor convertido en conducta objetivada que arrastra a la toma de decisiones irracionales, porque las instituciones dejaron de hacer el trabajo socialmente esperado.
La sociedad, para evitar conductas desviadas que perturben un orden sociopolítico, necesita que funcionen los arreglos institucionales como criterios de verdad para enmarcar el modo de actuar del ciudadano dentro de parámetros definidos por el funcionamiento social dominante y por el Estado. Son las instituciones quienes deben proveer esos marcos paradigmáticos generales sobre qué hacer y cómo proceder en situaciones de crisis (la económica con la pobreza y el desempleo), debido a que en las coyunturas críticas la conducta vacila sobre el camino a seguir, si las instituciones no proveen lineamientos de orientación que vayan de la mano del sentido común de un tiempo histórico y político, es decir, que sean creíbles al corresponderse las soluciones con los problemas que se quieren revertir.
Hoy, los marcos institucionales han perdido credibilidad o les queda muy poca, por la sostenida desinstitucionalización practicada desde el poder político que diluye la legitimidad del rol estatal. Tarde o temprano, el incumplimiento de la misión de las instituciones creadas para ser referencia de la acción económica o el distanciamiento de la realidad que asedia con problemas pasa una pesada factura, un costo que debe pagarlo el hombre de la calle que hoy camina a tientas, porque una clase política (la que está en el poder ejecutivo y legislativo, oficialistas y opositores, por igual), no han querido ni han podido cumplir —siquiera con medianía— la representación que se les ha confiado. Han renunciado a pactar o lo quisieron hacer desde el dogma irreconciliable, que equivale a no querer.
El hombre de la calle no quiere soliloquios ni monólogos políticos para mirarse el ombligo (voces vanidosas que dicen: si yo fuera gobierno ya hubiese resuelto la crisis; si nada más se trata de esto y de aquello; o los otros que insisten en el embuste de que todo está bajo control y que somos la envidia del crecimiento económico). El ciudadano no quiere escuchar voces solitarias egocéntricas que pregonan soluciones económicas sin resonancia en los que tienen que aplicarlas; al contrario, espera que la argumentación de los caminos de solución, recorran el debate público entre los sujetos políticos situados en el poder (gobierno y oposición) y con los actores económicos empresariales y sociales para que establezcan un pacto re-Constituyente viable y sostenible, sobre el presente y el porvenir de la economía boliviana.
El hombre de la calle espera que el debate y la concertación ofrecida por Luis Arce Catacora en su mensaje al país, se produzca. Aguarda que los opositores exijan su cumplimiento y discutan los problemas económicos y políticos, cuyas propuestas de solución le den certeza al ciudadano que espera marcos referenciales para la conducta económica a seguir. Hoy, más que nunca, el destino del bolsillo del hombre de la calle, depende de las decisiones políticas de los hombres de Estado. ¿Tendrán el tamaño y la grandeza para hacerlo? [P]
