El presente artículo examina críticamente la propuesta presidencial de someter a referéndum diversas medidas. En un contexto de crisis económica y social, el gobierno parece recurrir a una estrategia de “amigos del pueblo”, en el sentido advertido por Lenin. Estos intentos de apelar al “pueblo” de manera genérica e instrumental buscan evadir las responsabilidades del gobierno, en lugar de abordar los problemas de frente. Lejos de resolver las dificultades económicas y sociales, esta táctica de “escapismo político” corre el riesgo de profundizar aún más la fractura social y política en el país, sin representar los verdaderos intereses de las mayorías.

La modificación de escaños

La reciente propuesta del gobierno boliviano para modificar la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa ha provocado un intenso debate sobre su verdadero objetivo y su impacto en la estabilidad política del país. La redistribución de escaños está relacionada con la representación política y el acceso a recursos, tocando aspectos sensibles en la sociedad. Este cambio genera incertidumbre y tensiones entre departamentos, exacerbando divisiones preexistentes, especialmente en un país tan diverso como Bolivia.

Departamentos con crecimiento poblacional, como Santa Cruz, pueden ver la reforma como justa, mientras que aquellos con estancamiento, como Sucre, pueden considerarla una amenaza a su influencia política. Esto podría aumentar la polarización y generar conflictos, añadiendo caos a una crisis económica preexistente y erosionando la cohesión social.

Además, la viabilidad de la propuesta es cuestionable; lograr los dos tercios en la Asamblea para convocar un referéndum es complejo, lo que sugiere que el gobierno podría estar desviando la atención pública de problemas más urgentes. Al promover un debate sobre un tema sin desenlace claro, se busca desestabilizar a opositores y distraer a la población de la articulación y apelación permanente sobre la crisis. 

Esta iniciativa refleja una conducta autoritaria del gobierno, presentando medidas controvertidas bajo el pretexto de mejorar la representación. Este enfoque, disfrazado de populismo, tiene una tendencia a centralizar aún más el poder en el Ejecutivo y socavar los principios democráticos en Bolivia.

La reelección presidencial

La Constitución Política de Bolivia establece que el mandato del presidente y el vicepresidente es de cinco años, con posibilidad de reelección una sola vez. En 2016, se realizó un referéndum para modificar este artículo y permitir dos reelecciones continuas, promovido por Evo Morales. Sin embargo, el 51.3% de los votantes rechazó la reforma, evidenciando el rechazo a este cambio en seis de nueve departamentos.

A pesar de este resultado, la reelección sigue siendo un tema polémico que afecta la estabilidad política del país. Tanto Morales como Luis Arce han utilizado el artículo según sus intereses. La oposición, por su parte, no ha presentado argumentos sólidos, lo que genera confusión respecto a por qué el gobierno de Arce busca consultar nuevamente a la población sobre un tema ya definido.

Este intento parece tener como fin generar división y polarización en la sociedad. El debate no aborda preocupaciones fundamentales, dejando a la mayoría de la población al margen de la lucha entre facciones “evistas” y “arcistas”. Este enfoque autoritario y populista busca transformar problemas internos de los partidos en asuntos de discusión pública, desatendiendo los verdaderos conflictos que afectan a la ciudadanía.

Así, el gobierno intenta utilizar una vía popular para resolver desacuerdos internos, lo que podría provocar una fractura más profunda en la sociedad, obligando a las personas a tomar partido en una contienda que, en esencia, debería ser política, no social.

La subvención a los hidrocarburos

Finalmente, es importante mencionar que el crecimiento del parque automotor en Bolivia ha aumentado significativamente la demanda de combustibles, revelando una crisis energética. Según Carlos Arce, el número de vehículos creció de 1,08 millones en 2009 a 2,1 millones en 2019, forzando al gobierno a importar más diésel y gasolina para satisfacer la demanda interna. A pesar de esto, los precios del combustible se han mantenido congelados gracias a subsidios, lo que ha generado un costo de cientos de millones de dólares anuales para el Estado.

Con la caída de los ingresos por renta de gas desde 2010, la presión fiscal se ha intensificado. En lugar de reformar la política de subsidios, el gobierno propone un referéndum para consultar a la población sobre su continuidad, desviando la atención de sus fracasos en áreas como la industrialización del litio y los biocombustibles.

El referéndum se presenta como una estrategia para diluir la responsabilidad del gobierno ante la crisis energética. Sin embargo, levantar la subvención podría incrementar el costo de vida, un temor conocido como “gasolinazo”, que históricamente ha sido rechazado por la población.

Esto expone la fragilidad del modelo extractivista y rentista de los últimos gobiernos, que priorizó la explotación de materias primas sin una adecuada diversificación económica. Al plantear una pregunta que probablemente generará un rechazo masivo, el gobierno no solo busca desplazar la responsabilidad, sino también polarizar a una sociedad ya dividida, exacerbando las tensiones sin ofrecer soluciones reales a los desafíos energéticos del país.

En general, estas medidas, en lugar de ofrecer soluciones, pueden aumentar el caos y la división en una sociedad ya fracturada. La búsqueda de legitimidad a través de consultas populares revela una tendencia autoritaria, por eso mismo, hay que tener mucho cuidado con los amigos del pueblo, puesto que disfrazan decisiones controvertidas como actos democráticos. [P]