El lastre económico
La información sobre las empresas públicas en Bolivia no es muy precisa. Por un lado, el Gobierno asegura que estas empresas generan utilidades y contribuyen al desarrollo del país. Por otro lado, estudios independientes y reportes de prensa presentan una realidad completamente distinta, señalando que la mayoría de estas empresas operan con pérdidas significativas, convirtiéndose en una carga para el Estado. Debido a estas diferencias en los datos disponibles y para evitar caer en imprecisiones, es preferible no citar cifras específicas. Sin embargo, lo que nadie puede negar, más allá de las discrepancias numéricas, es que gran parte de estas empresas públicas representan un lastre económico, más asociado a la ineficiencia y a la corrupción que al progreso.
Lejos de ser generadoras de empleo sostenible o innovación, estas empresas han sido utilizadas como botines políticos, plagadas de prebendalismo y designaciones por afinidad partidaria, lo que ha deteriorado aún más su capacidad de operar con eficiencia.
Opciones para el nuevo gobierno
El nuevo gobierno que sea elegido en agosto de este año, tiene ante sí una responsabilidad histórica: decidir qué hacer con estas empresas públicas creadas durante el gobierno del MAS, cuyo impacto negativo en las finanzas públicas, es sin duda alguna, uno de los problemas más evidentes y urgentes por resolver, ya que, en lugar de ser motores de desarrollo, se convirtieron en una pesada carga económica y política. Estas empresas no solo han ocasionado pérdidas millonarias, contribuyendo al déficit fiscal desde hace varios años, sino que se han convertido en focos de corrupción y clientelismo político.
El nuevo gobierno debe evaluar cuidadosamente cada empresa pública para decidir su destino. Para aquellas que no sean estratégicas ni esenciales y son completamente inviables, la liquidación sería la mejor alternativa, cerrando definitivamente sus operaciones y vendiendo sus activos para reducir el déficit fiscal, priorizando la reasignación de recursos públicos hacia sectores prioritarios. Por otro lado, las empresas con potencial podrían reestructurarse a través de asociaciones público-privadas, combinando la gestión eficiente del sector privado con el control estratégico del Estado. Finalmente, en casos donde sea viable, la privatización parcial o total permitiría atraer inversión privada, mejorando la competitividad y eficiencia de las empresas.
Cualquiera de estas alternativas requiere un análisis técnico profundo y una implementación cuidadosa, acompañada de una comunicación clara y transparente con la población para explicar los beneficios de estas decisiones, minimizando resistencias sociales y políticas. De esta manera, el gobierno podrá transformar la gestión de las empresas públicas en un motor de desarrollo en lugar de un lastre para el país.
Beneficios de una reestructuración
Una reestructuración adecuada de las empresas públicas reduciría significativamente el déficit fiscal, liberando recursos para áreas esenciales como salud, educación e infraestructura. Esto permitiría al Estado priorizar inversiones en sectores clave para el desarrollo. Además, atraer la inversión privada a través de asociaciones público-privadas o privatizaciones parciales fortalecería la economía y generaría nuevas oportunidades de empleo, enviando señales de confianza a los mercados nacionales e internacionales.
Otro beneficio importante sería la mejora en la transparencia y eficiencia operativa, al disminuir la corrupción y el clientelismo que afectan a las empresas públicas. Bajo una gestión más profesional, los servicios y productos ofrecidos serían de mayor calidad y accesibilidad para la población. En resumen, la reestructuración transformaría estas empresas en motores de desarrollo económico, al tiempo que aliviaría la carga financiera del Estado y mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos.
Retos y consideraciones
Para que estas medidas sean exitosas, el nuevo gobierno debe actuar con transparencia y establecer un plan claro que garantice la rendición de cuentas. Asimismo, es fundamental comunicar a la población los beneficios a mediano y largo plazo de estas decisiones, mitigando posibles resistencias políticas y sociales que podrían surgir debido al temor al cambio.
Es fundamental que el nuevo gobierno evalúe cuidadosamente la situación de cada empresa pública, considerando opciones como la reestructuración, asociaciones público-privadas o, en casos necesarios, la liquidación o privatización, siempre con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y promover el desarrollo económico sostenible del país.
En la Biblia, en el libro de Lucas 14:28, Jesús enfatiza la importancia de planificar antes de emprender, resaltando la responsabilidad de administrar los recursos de manera sabia y prudente, afirmando: “Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?”. En el contexto de las empresas públicas, esto nos recuerda que decisiones mal planeadas pueden resultar en fracaso y desperdicio, perjudicando al país. Como administradores de los bienes públicos, los gobernantes deben actuar con visión y responsabilidad, buscando el bienestar común y evitando derroches innecesarios.
Conclusión
El nuevo gobierno enfrentará una decisión histórica sobre el futuro de las empresas públicas. Mantenerlas bajo las mismas condiciones solo ahondará el déficit fiscal, la corrupción y la ineficiencia. Por el contrario, una política clara de liquidación, privatización o reestructuración puede marcar el inicio de un camino hacia una economía más sólida, menos dependiente del gasto público y mejor preparada para los desafíos del futuro.
Es momento de priorizar el bienestar de Bolivia por encima de intereses partidarios. Las empresas públicas deben dejar de ser un lastre y convertirse en oportunidades de crecimiento, ya sea a través de una gestión eficiente o mediante su integración al sector privado. Solo así podremos construir un país más próspero, justo y transparente. [P]
J. María Ríos, economista
Estrategia económica fallida en Bolivia
Dentro del debate sobre la participación del Estado en la economía, destaca la discusión sobre la inversión pública. Como es sabido, la inversión es una variable fundamental para el crecimiento económico. Tanto el gobierno actual como el de Evo Morales han coincidido en señalar que la inversión pública es el motor principal de la economía del país.
La inversión pública puede asumir dos formas principales: la primera, enfocada en infraestructura y equipamiento en sectores clave como salud, educación, transporte y telecomunicaciones. Este tipo de inversión, aunque compleja en su implementación, genera un consenso casi unánime sobre su importancia. La segunda, relacionada con la creación de empresas públicas, es mucho más controversial y genera un amplio debate debido a su impacto económico y su cuestionada viabilidad.
Consideremos algunos argumentos que justifican la decisión de NO invertir en empresas públicas:
Repercusión de la inversión pública en sectores competitivos. Si el gobierno decidiera invertir en la creación de una empresa de vinos, siendo un sector competido por varios productores locales y adicionalmente tener una vasta línea de importación; donde claramente el “consumidor” tiene opciones en términos de calidad y precio; el aporte de una empresa pública no cambiará el tablero de posibilidades, ese aporte con seguridad será marginal. Básicamente no se mejorará el bienestar de la sociedad (consumidores). Seguramente este es el caso de LACTEOSBOL, empresa de leche cuya participación es residual, dado que el sector presenta diversidad de opciones.
Competencia con el sector privado. La Inversión en empresas públicas es posible que genere o provoque que algunas empresas privadas quiebren. En este caso y sobre todo en sectores regulados, donde esa regulación es débil y se inclina a favor del gobierno, puede provocar la quiebra de empresas privadas, que podían significar opciones para el consumidor. De esta manera lo que puede crearse en empleos dentro del sector público, los puede perder el sector privado. Fijémonos el caso de AMASZONAS en la Industria de aerolíneas.
Incentivos para ser innovador y empresa referente. Dado que el gobierno a través de alguna instancia forma parte del directorio de estas empresas, es probable que no exista una visión de largo plazo, esto porque la permanencia de sus ejecutivos estará supeditada a la reelección del gobierno de turno. Ante un cambio en el timón político, probablemente los principales ejecutivos serán removidos. Con seguridad en esta línea estarán casi todas las empresas públicas con honrosas excepciones, dependiendo del carácter autónomo que tengan. Una empresa lejos de ser referente e innovador en un campo de la tecnología es el caso de QUIPUS, cuyo producto está entre deficiente y pésimo.
Poca rentabilidad o empresas que trabajan a pérdida. Este es un criterio clave dentro del análisis. Alguien diría: “Esta empresa fue creada con otra finalidad”. Lo cierto es que tarde o temprano la empresa que no es rentable perecerá. Esta ley del mercado se aplica a todos los agentes económicos del lado de la producción. Por ahí algún personaje señalaría que las empresas privadas también quiebran. Bueno, desde luego que también ocurre, sin embargo, las pérdidas de una empresa privada las asume el empresario, en tanto que, en una empresa pública, las pérdidas se socializan y abultan el déficit fiscal en tanto el gobierno desee mantenerlas con vida. A más vida de empresas que generan pérdida, más se castiga a la sociedad. Ejemplos de esto último son: El Ingenio San Buena Ventura, Quipus, Empresa siderúrgica el Mutún, Empresa productiva de Cementos.
De todos y de nadie. Cuando se pregona a los cuatro vientos, “empresa de todos los bolivianos” o de toda la sociedad, convengamos que esa es una dulce poesía. Será de los funcionarios coyunturales que trabajarán en la empresa, o de los directores que participan en sus reuniones, en parte de los proveedores que hicieron contratos interesantes y del gobierno de turno, de todos, pero menos de la mayoría de los bolivianos.
Clientelismo antes que trabajadores calificados. La premisa de productividad, eficacia y eficiencia queda supeditada a ver en una empresa pública una suerte de botín político. Entonces no se escoge a los mejores sino a los más leales (leales a la causa del partido de turno).
En un contexto de restricción presupuestaria y recursos limitados, resulta irracional destinar fondos públicos a la creación de empresas estatales, cuando esos recursos podrían invertirse en áreas clave como infraestructura (carreteras, puentes), educación (no solo en edificaciones, sino en ítems, tecnología e investigación), justicia (tan deteriorada en su capacidad para garantizar igualdad de derechos y proteger la propiedad privada), salud (con ítems, tecnología y medicamentos accesibles para los más vulnerables) y seguridad interna (a través de una policía tecnificada y confiable, alejada de la percepción actual).
Las inversiones bien diseñadas en estas áreas tienen repercusiones significativas, con retornos amplios y sostenibles. Por ejemplo, una carretera estratégica en un corredor clave podría reducir tiempos de traslado de mercancías y personas, fortaleciendo la competitividad nacional y generando beneficios económicos y sociales profundos. Invertir en estas prioridades garantiza impactos duraderos, mientras que apostar por empresas públicas de dudosa viabilidad solo perpetúa un uso ineficiente de los recursos del Estado.
Urgencia de actuar de inmediato: continuar por el mismo camino, sería una grave torpeza. Hasta ahora, se han perdido más de USD 6,000 millones de dólares de reservas apoyando emprendimientos públicos de dudosa viabilidad. Es momento de corregir el rumbo, destinando los escasos recursos disponibles de un gobierno que enfrenta crecientes déficits hacia inversiones realmente rentables. Estas deben priorizar infraestructuras y bienes públicos esenciales que complemente y potencien la inversión privada, creando sinergias que fortalezcan el desarrollo sostenible del país. Ojalá que, al menos en esta etapa final, el gobierno sea capaz de transitar de la popularidad hacia la responsabilidad, poniendo el bienestar del país por encima de los intereses políticos. [P]
* Zenón Peter Campos Quiroga, economista y docente USFX
¿Nacionalización o privatización?
Miguel Ángel Amonzabel Gonzales,
investigador socioeconómico
Las empresas públicas en Bolivia representan la manifestación más palpable de un sistema que ha fracasado en todos sus aspectos. Inicialmente concebidas como herramientas de desarrollo y progreso, estas entidades fueron transformadas en botines políticos, centros de corrupción y mecanismos de enriquecimiento para una élite aferrada al poder. A lo largo de un siglo, han sido testigos y protagonistas de una historia marcada por la ineficiencia administrativa, el saqueo sin reparos y el oportunismo.
Desde la fundación de YPFB en 1936 hasta la actualidad, las empresas estatales pasaron de ser una promesa de desarrollo nacional a sinónimo de despilfarro y corrupción. En las décadas de 1950 y 1970, el gobierno boliviano destinó enormes sumas de dinero a la creación de empresas públicas financiadas con los ingresos del petróleo y préstamos internacionales. En vez de generar riqueza para el país, estas empresas se convirtieron en pozos sin fondo, donde se desvanecieron millones de dólares, favoreciendo a clanes familiares, políticos y una burocracia corrupta.
El cambio hacia el modelo neoliberal en los años 80, impulsado por el Decreto Supremo 21060 y la posterior ola de privatizaciones, prometió eficiencia y transparencia. Sin embargo, las esperanzas se desmoronaron rápidamente. Las empresas privatizadas se vendieron a precios irrisorios en procesos rodeados de denuncias por sobornos y tráfico de influencias. Los inversionistas, en lugar de salvar la economía, profundizaron las desigualdades al anteponer sus propios beneficios a las necesidades del pueblo. La corrupción, lejos de desaparecer, simplemente cambió de manos, dejando al Estado más frágil y a la población en las mismas condiciones de desprotección.
El regreso al control estatal en 2006, bajo el denominado neoestatismo, marcó una nueva era de nacionalización de sectores clave y la creación de nuevas empresas públicas. Sin embargo, dos décadas después, los resultados siguen siendo igualmente decepcionantes. Las empresas nacionalizadas sufren pérdidas millonarias, sus costos operativos se disparan y sus estructuras burocráticas son caldo de cultivo para la corrupción. Los políticos de turno y los líderes sindicales o sociales han encontrado en estas entidades una fuente inagotable de recursos para desviar fondos y enriquecerse, mientras la población continúa esperando los beneficios prometidos.
Con las elecciones presidenciales de 2025 a la vista, la cuestión del futuro de las empresas públicas se vuelve crucial: ¿deberían seguir en manos de políticos y dirigentes sociales, perpetuando el desvío de fondos públicos? ¿O sería preferible optar por una privatización parcial o total, a pesar de los riesgos inherentes de sobornos y tráfico de influencias en los procesos de venta? En este último caso, las empresas privatizadas, al buscar rentabilidad, ajustarían sus precios según los costos reales, lo que afectaría negativamente a una parte de la población, sobre todo si estas empresas tienen poder monopólico. Lo que parece inmutable, sin importar la opción política o el modelo económico adoptado, es el papel del político de turno, quien siempre encuentra la manera de aprovecharse de la corrupción, ya sea manteniendo o incrementando el número de empresas públicas o privatizándolas. En este contexto, lo único claro es que ya no deben crearse más empresas públicas, ya que solo sirven para perpetuar la corrupción. [P]
