En el mundo occidental, desde la Grecia antigua y las ciudades Estado, pasando por la república, el Imperio Romano y las monarquías europeas, hasta nuestros días, el Estado moderno se constituye en la institución que ha sobrevivido a la larga lucha por el poder colectivo.

No deseo entrar en un terreno de análisis histórico de la evolución del Estado como institución, simplemente quiero referirme a los sistemas de organización de las democracias liberales modernas, las cuales, con sus imperfecciones, constituyen los sistemas políticos que han logrado el mayor desarrollo nunca antes visto en la historia de la humanidad, contrastando con los estados totalitarios y socialistas, todos fracasados. Winston Churchill dijo: "La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás". 

Todas las democracias liberales, independientemente de sus diferencias y particularidades, tienen algunos aspectos en común: fuerte institucionalidad y división de poderes, inspirados en el constitucionalismo anglosajón y francés, y basados en los estudios de Locke y Montesquieu.

Si ponemos a la democracia boliviana bajo la lupa de estos principios elementales para calificarla como tal, vemos con tristeza que la institucionalidad y la división de poderes desaparecieron y, con ellos, ciertas libertades y derechos ciudadanos. 

En un escenario en el que la concentración del poder se aposenta en el órgano ejecutivo, es más que evidente la recurrente violación de las leyes y de la Constitución Política del Estado, la subordinación del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). En otras palabras: no existen garantías para que la voluntad del ciudadano se refleje en un sano ejercicio de la soberanía democrática expresada en el voto. 

En estas condiciones, el Estado no garantiza las mínimas condiciones para alcanzar el desarrollo ni el bienestar del ciudadano, porque sin libertad, sin justicia y sin institucionalidad, la democracia solo resulta ser una cáscara vacía. 

Una democracia únicamente electoralista, no es democracia, máxime si como todo parece indicar, existen serias sospechas de que el voto ciudadano puede ser prostituido por el fraude. 

En primer lugar, por la falta de transparencia y decisión que ha mostrado el OEP para depurar el padrón electoral de cara al pueblo, padrón que en el imaginario colectivo está gravemente contaminado.

Otro aspecto que distorsiona severamente el proceso electoral es el contenido de la Ley 421 del 7 de octubre de 2013, que destruye el principio de igualdad de los bolivianos ante la ley. Esta Ley, al priorizar criterios de equilibrio territorial y cultural sobre densidad poblacional, genera una sobrerrepresentación del voto rural, merced a lo cual un diputado requiere casi el doble de votos urbanos vs. los votos rurales, para ser electo.

Así planteado el panorama, no será tarea fácil para la oposición derrotar al oficialismo, con el fin de empezar un ciclo de reconstrucción de la República de Bolivia, como un Estado democrático y no solo para sacar al MAS del poder. Esto también significa que más allá de preocuparse por superar la crisis actual, que resulta lo urgente, los próximos gobernantes deben apuntar a atender lo importante. 

Lo fundamental después del 17 de agosto, será enfocarse en recuperar y reestructurar la institucionalidad nacional, empezando por el Poder Judicial, devolviéndole su dignidad e independencia, al igual que a todos los demás poderes del Estado, sentando las bases para ordenar el país y apuntar a generar confianza y seguridad jurídica, para que las inversiones vuelvan al país, para que la Bolivia productiva surja sin las trabas del Estado, que debe achicarse para disminuir el gasto público y eliminar el déficit fiscal. 

El Estado debe constituirse en defensor y garante de la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos y dejar de ser una traba para la iniciativa privada y una amenaza extorsiva a través del infierno tributario en el que se ha convertido Bolivia. 

Todo lo anterior implica necesariamente que el nuevo Gobierno debe apoyar su legitimidad en una sólida representación en el Poder Legislativo. No será posible nada de lo anterior, empezando por las reformas a la CPE, sin una representación legislativa robusta.

Ahora bien, de acuerdo a los sondeos de opinión para develar las tendencias o intención del voto ciudadano, descartando las encuestas que circulan en las redes sociales; se puede decir que las elecciones primarias digitales comandadas por el Bunker, por la cantidad de participantes en el cuarto ejercicio electoral digital realizado (1.100.000 votantes vs. la muestra de la encuesta a 2.500 personas de la mayor de las encuestas) resulta más confiable.

Los resultados del sondeo digital determinan que la oposición captura cerca del 80% de la intención de votos y que el oficialismo no llega al 20%. Sin embargo, al ser cuatro los candidatos que capturan la mayor preferencia de la intención del voto ciudadano, con mínimas diferencias entre ellos, este 80% se divide y, por tanto, no garantiza un triunfo de ninguno de los candidatos de la oposición en primera vuelta. Por tanto, no es raro que tal como están las cosas, exista un clamor popular para que la oposición actúe en unidad.

Lamentablemente, en virtud de que los candidatos de la oposición no dan muestras de desprendimiento e insisten en creerse los salvadores de la Patria siguiendo los dictados de sus intereses particulares y egos, parece poco probable que se unan en un solo frente. Por tanto, lo que queda es que la ciudadanía sea la que con esa intuición que le caracteriza, intente no dispersar su voto y genere la tendencia del voto útil. [P]

* voto, auditor financiero