Las proyecciones económicas mundiales y regionales muestran una desaceleración en el crecimiento de las economías avanzadas y en vías de desarrollo. Esta tendencia junto con presiones inflacionarias es consecuencia de las políticas arancelarias de Estados Unidos hacia China y Europa, la guerra entre Ucrania y Rusia, los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y los continuos cambios en la política monetaria internacional.

Economías emergentes y en desarrollo, como Bolivia, enfrenta un panorama inestable y desalentador, debido a la variación en precios de materias primas y a la pérdida en competitividad en exportaciones, lo que impacta negativamente sobre el Producto Interno Bruto (PIB). Según reportes del FMI, se proyecta un crecimiento económico de 1,5% para Bolivia en 2026, una cifra significativamente menor en comparación a países vecinos como Paraguay (3,6%) y Perú (2,4%).

Además, se proyecta que la inflación boliviana pase de 15,6% en 2025 a 16,8% en 2026, convirtiéndose en la segunda inflación más alta de la región. Este incremento se debe, en parte, a la política cambiaria fija que el país ha mantenido desde 2011. Para mantener el valor del tipo de cambio se utilizan las Reservas Internacionales Netas (RIN), las cuales han disminuido progresivamente desde finales de 2014.

La economía boliviana se encuentra en una encrucijada, caracterizada por un entorno global menos favorable y diversas debilidades internas como una drástica caída en las RIN, un déficit fiscal persistente, un incremento en la emisión monetaria y una creciente brecha cambiaria entre el valor del dólar oficial y el paralelo. Esto genera un escenario de vulnerabilidad, impulsado por presiones inflacionarias internas y externas, junto con una pérdida de competitividad externa, muestran síntomas claros de desequilibrios subyacentes.  

Para mejorar el crecimiento económico y mitigar las restricciones fiscales y las fragilidades financieras, es necesario mejorar el capital humano, la infraestructura crítica, la productividad y la institucionalidad.

El desafío de empleo digno 

Bolivia mantiene una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina, con un promedio del 4,5% entre 2016 y 2024. Sin embargo, la realidad estructural detrás de esta cifra es crítica: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la informalidad en 2025 alcanza el 80% y afecta principalmente a la juventud, que representa el 60% de la Población Económicamente Activa ocupada en el país.

De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE), entre 2020 y 2025 —periodo marcado por el impacto de la pandemia—, en promedio el 70% de los jóvenes entre 18 y 35 años trabaja sin seguro social, sin aportar a algún fondo de pensiones y sin acceso a derechos laborales básicos. Esto genera un escenario de inserción laboral precaria, donde el empleo existe, pero no garantiza estabilidad ni bienestar.

Paradójicamente, datos del primer trimestre de 2024 muestran que, mientras el ingreso promedio de los obreros es de Bs. 2.674, el de los trabajadores por cuenta propia asciende a Bs. 2.832. No obstante, estos montos para el caso de los trabajadores informales son mayormente desiguales, sujetos a la volatilidad del mercado y sin protección ante enfermedades, accidentes o cesantía. El aparente ingreso “más alto” oculta la carga laboral extra y la falta de seguridad social que enfrentan estas personas, no es compensada por la diferencia salarial.

Además, el acceso a beneficios laborales entre la población joven sigue estancado, con menos del 20% afiliado al seguro de salud o fondos de pensiones. Esta falta de visión a futuro precariza trayectorias laborales, limita la movilidad social y perpetúa ciclos de desigualdad intergeneracional.

En este contexto, en Bolivia no basta con crear empleo; sino en garantizar condiciones dignas y fortalecer programas de inserción laboral con enfoque de derechos. La juventud boliviana necesita más que un espacio en el mercado laboral: requiere oportunidades que dignifiquen su trabajo y aseguren su futuro.

¿Hacia otro periodo inflacionario?

¡Cómo es que luego de la hiperinflación de los 80s estamos ante otro periodo inflacionario, aunque ojalá no sea hiperinflacionario!

Analizar los períodos 1985-2005 y 2005-2024 permite identificar posibles explicaciones. Al final de cada período el PIB se duplica, pero el Gasto Consumo de la Administración Pública crece más, la proporción de este gasto en 1985 representa el 70% de 2005. Pero el 2005 representa apenas el 46% del de 2023. 

El 2005 el sector Extracción Minas y Canteras (hidrocarburos y minerales) era el 10,8 %del PIB para el 2022 desciende al 8,5. El proveedor de divisas cae en más del 20%, pero los Servicios de la Administración Pública de 9.1 suben a 11 %, incrementándose en un 20%.

El promedio del Índice de Términos del Intercambio de 0,98 sube a 1,14. Mostrando incremento de la capacidad del poder de compra de las exportaciones esto por el aumento de los precios de los productos de exportación, no al modelo social comunitario productivo, que acrecienta el gasto público y el PIB.

El incremento de salarios fue de 120 Bs. En 1991 a 440 el 2005 (3,7 veces más). Aquí los incrementos salariales eran indicativos para el sector privado y obligatorio para el sector público. Para el 2025 el salario sube a 2.750 Bs. (6,3 veces más), pero ahora, es obligatorio para el sector privado subiendo costos de producción y bajando su capacidad competitiva.

La inflación entre 1985 y 2005 fue del 3,9%, que se explica por el incremento del precio del dólar de 1,1Bs./$us en septiembre de 1985 a 8.1 en septiembre del 2005, y por el déficit fiscal que en promedio es del 4,9%. Mientras que el en el segundo periodo la inflación es del 5,3%, pese que el precio del dólar baja y se ancla en 6,96, desde el 2011 y el déficit fiscal es del 3,7%. 

Esto incide en que el tipo de cambio real este sobrevaluado mostrando una pérdida de competitividad, menor capacidad de generación de divisas y de generación de empleo digno e incremento de la informalidad. [P]

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Walter Alejandro Baldivieso Vargas, magister en economía

Lourdes Natalia Baldivieso Vargas, licenciada en economía

Ricardo Baldivieso Menacho, magister en economía