El ambicioso plan del presidente Rodrigo Paz para desmantelar casi dos décadas de estatismo se asemeja a un castillo de naipes. Cada carta, cada pilar de su proyecto: la estabilización macroeconómica, el giro productivo hacia el “capitalismo para todos” y la descentralización fiscal del “50/50”, depende uno del otro. Un fallo en cualquiera de ellos, un soplo de descontento social o una fisura en el cálculo político, podría derribar toda la estructura. Su materialización no estriba tanto en la solidez teórica de sus ejes, sino en la política, en sus distintos escenarios.

De acuerdo con el programa de gobierno de Paz, su plan, básicamente, se sostiene sobre esos tres pilares, interconectados, una cadena de reformas en la que el orden de los factores podría alterar el producto.

El primer eje —y la base fundamental de todo— es la estabilización macroeconómica, que exige soluciones en el corto plazo. Eso implica, entre otros, atacar el asfixiante déficit fiscal —que ronda el 10% del PIB— con medidas tan necesarias como impopulares; por ejemplo, la eliminación de la subvención a los combustibles.

El segundo pilar es el cambio de modelo productivo, bautizado como “capitalismo para todos”, un giro hacia el libre mercado que busca formalizar a la vasta economía informal e impulsar la inversión privada. Sin embargo, su éxito no depende solo del clima económico, sino de una condición previa: la seguridad jurídica, lo que implica una urgente reforma judicial.

Sin desmantelar lo que Paz llama el “Estado-tranca” mediante una profunda reforma legislativa y judicial, el capital nacional y extranjero simplemente no llegará, en criterio de analistas consultados por PÉNDULO POLÍTICO.

La tercera reforma estructural es la “Agenda 50/50”, una propuesta de descentralización que plantea redistribuir el presupuesto nacional en partes iguales entre el Estado central y las regiones. Pero esto depende del primer eslabón: el Gobierno no puede transferir autonomía fiscal de manera sostenible si la situación nacional es de insolvencia.

Como se ve, el programa es, una vez más, un edificio donde cada pilar sostiene a otro. La estabilización es el cimiento para la descentralización y la reforma del Estado, la viga maestra para el nuevo modelo económico. Los analistas creen que la respuesta al éxito del plan reside en una delicada secuencia de acciones con la economía como primer eslabón, pero con la política engranando toda la cadena.

Estabilización, lo ineludible

Para el economista Gonzalo Chávez, el punto de partida no admite atajos. Antes de hablar de crecimiento, de autonomías o de un nuevo modelo productivo, el nuevo Gobierno debe apagar el incendio económico. “Por supuesto, sin estabilidad, no hay crecimiento, no hay descentralización, no hay autonomía”, enfatiza. “Entonces, el primer paso es que su programa de estabilización sea exitoso”.

Este primer desafío obliga a tocar los nervios más sensibles de la economía boliviana. La estabilización pasa, ineludiblemente, por resolver el problema de la escasez de combustibles, que Chávez describe como el origen de los desequilibrios debido a los subsidios. Eso supone atacar el déficit fiscal, que implica tomar medidas históricamente incendiarias como la eliminación de la subvención a los combustibles. A esto se suma la urgencia de calmar las expectativas sobre el tipo de cambio y frenar la inflación, lo que exige “recuperar la independencia del Banco Central de Bolivia” y aplicar una política monetaria “mucho más restrictiva”.

Pero mientras la técnica económica dicta una hoja de ruta, la calle impone su propio reloj. Fabián Yaksic, especialista en autonomías y gestión pública, define esta primera etapa como la “agenda urgente”, una respuesta inmediata a las expectativas de más de dos tercios del electorado que votó por un cambio. “Esa agenda urgente es dólares, es estabilidad del tipo de cambio, es gas, es gasolina, es diésel, es ‘no más colas’, y es parar la inflación”, advierte. Y la paciencia ciudadana, en ese sentido, tiene un límite muy corto: “La gente, el 9 de noviembre, va a esperar que ya no haya colas, que el dólar se estabilice de a poquito”.

El éxito de la estabilización, por tanto, no es solo una condición técnica, sino un requisito para ganar la legitimidad y el tiempo necesarios para desplegar el resto del plan. Es la primera carta, la base de todo el castillo. Si tiembla, todo lo demás se viene abajo, coinciden ambos.

Gobernabilidad

Para superar el frente económico, el plan de Paz necesariamente necesitará ingresar en otro terreno, uno más pantanoso: la política. Chávez es claro al respecto: “Todo lo técnico que hemos descrito, que parece razonable, en la práctica depende de una ingeniería política en la Asamblea (Legislativa), en las calles y también del nivel regional”. El éxito entonces no dependerá solo de la habilidad técnica y política de los ministros, sino de la capacidad para construir gobernabilidad en tres frentes simultáneos y complejos.

El primero es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para desmantelar lo que Paz llama el “Estado-tranca” y dar seguridad jurídica, condiciones para que se desarrolle el llamado “capitalismo para todos”, se necesitarán leyes. Y el nuevo Gobierno, en ese campo, tampoco lo tendrá fácil, ya que deberá enfrentar una Asamblea “muy joven, nueva, con poca experiencia y sin estructuras partidarias”, según el análisis de Chávez.

La aprobación de normas clave, como una nueva ley de hidrocarburos o una reforma judicial, requerirá de una extraordinaria habilidad negociadora en un escenario en el que el PDC, el partido de Paz, no tiene la mayoría necesaria. Aunque en teoría, al menos a un inicio, tendrá el apoyo de las fuerzas mayoritarias.

El segundo frente es la calle. Las reformas económicas, por definición, crearán “ganadores y perdedores”. La eliminación de subsidios, la reducción del aparato estatal o los cambios impositivos impactarán de forma distinta en cada sector social. Aquí, la política se vuelve un arte de equilibrios, según Chávez. “La política de gobernabilidad va a ser clave para compensar a los que golpees mucho y, probablemente, pedir ayuda a los que se beneficien, para que contribuyan”, sostiene él. Es decir, gestionar este conflicto distributivo sin que derive en un estallido social será, quizá, el desafío más delicado.

Finalmente, está la gobernabilidad en las regiones. La propuesta de descentralización “50/50” choca con una realidad de poder territorial donde el ‘evismo’ aún controla un “grueso de los municipios”, en criterio del mismo economista. La implementación de cualquier pacto fiscal dependerá de la construcción de un “segundo piso del poder”, que se definirá en las próximas elecciones subnacionales. Sin sintonía entre el Gobierno central y los poderes locales, la reforma más emblemática de Paz podría quedar en una mera declaración de intenciones, advierte Chávez.

El “50/50”

La “Agenda 50/50”, que propone redistribuir el presupuesto nacional en partes iguales entre el Estado y las regiones, es quizás el pilar más atractivo del plan, pero también el más difícil a la hora de hacerlo aterrizar.

Chávez advierte sobre la complejidad que se esconde detrás del famoso “50/50”. “Hay grandes asimetrías”, señala, explicando que la fórmula puede ser “insuficiente para muchos o demasiado para otros”. Un municipio grande, con recursos, podría no necesitar el 50%, mientras que uno pobre podría requerir un 80%. “Aterrizar el 50/50 va a implicar una ingeniería fiscal, política y social bien compleja”, señala.

Según Yaksic, esta propuesta de Paz no pasa de “una filosofía, un buen deseo”. Considera que, dado el “drama fiscal” que atraviesa el país, una redistribución directa es poco realista en el corto plazo. Para él, la materialización del “50/50” podría comenzar de una forma más pragmática: inicialmente, con una “reingeniería del Presupuesto General del Estado” para reorientar recursos hacia las regiones a través de competencias concurrentes en salud y educación. “Por ahora, todavía es discurso, todavía es retórica, pero puede transformarse en una gran oportunidad para destrabar el proceso autonómico”, reflexiona.

El reto de Paz, por tanto, será transformar un eslogan en una política pública viable, navegando entre las asimetrías regionales y la escasez de recursos fiscales, un paso que necesariamente dependerá de que la estabilización económica haya funcionado primero.

El talón de Aquiles 

Sin embargo, el mayor obstáculo para el plan del flamante presidente podría no estar en la oposición, ni en la crisis económica, ni en la presión de la calle, sino dentro de su propia administración política.

Yaksic apunta a “las debilidades del propio gobierno” como el factor de riesgo más inmediato. El poder que sustenta a Paz —agrega— está “asentado en una alianza un tanto frágil” que fue efectiva para ganar una elección, pero que ahora enfrenta la prueba de fuego de la gestión.

“Una cosa es en campaña”, advierte Yaksic. La cohesión interna es la “condición sine qua non para encarar esa agenda tan complicada”. El propio Presidente —recuerda el analista— dio en el clavo durante su discurso de acreditación en Sucre: “Es fácil ganar una elección, lo difícil es gobernar”.

El éxito de la “reforma multidimensional”, en ese sentido, dependerá de que la alianza electoral de Paz y el vicepresidente Edmand Lara no tenga “fecha de vencimiento”, como tantos otros experimentos políticos que “se han diluido al día siguiente de asumir el poder”. Si el Gobierno no logra mantener una cohesión interna férrea, las presiones externas y las dificultades inherentes a su ambicioso plan podrían fracturarlo antes de que este tenga la oportunidad de materializarse, concluye Yaksic.

Por eso mismo, y con todos los antecedentes mencionados, el futuro del proyecto de Paz depende de una sincronización casi perfecta de variables. Requiere de osadía para ejecutar una estabilización económica dolorosa, la pericia para construir una gobernabilidad multifacética y una visión de estadista para convertir un eslogan en una transformación real. Pero, además, exige que la frágil coalición que llevó al poder al nuevo mandatario demuestre que fue forjada no solo para ganar, sino fundamentalmente para gobernar.

Por lo pronto, desde la Casa de la Libertad, el presidente prometió “firmeza”, y llamó a una concertación nacional. [P]

Descentralizar el poder y superar el extractivismo

Para el investigador cruceño Gustavo Pedrazas, el plan del nuevo Gobierno no plantea solo una serie de ajustes, sino una oportunidad para hacer realidad dos transformaciones históricas pendientes: la descentralización efectiva del poder y el cambio de la matriz productiva. Ambas, sostiene, son viables, pero su éxito, advierte, no depende de factores técnicos, sino de un factor puramente político: la decisión.

La descentralización, especialmente la propuesta del “50/50”, que es un reclamo “vital” y “legítimo”, particularmente para regiones como Santa Cruz, dada la “dimensión de su economía y su aporte” al país, “depende mucho de la voluntad política, de la decisión, más que del discurso”, advierte. El Presidente, al haberlo prometido, tiene ahora la oportunidad de mostrar “coherencia al ejecutarlo”, añade. Si bien podría requerir un “periodo de transición”, está claro que el objetivo es desconcentrar y descentralizar los recursos para que los territorios “generen su propia economía, la desarrollen mejor, cuenten con recursos”, agrega.

No obstante, Pedrazas subraya que urge un “nuevo paradigma” que rompa con la dependencia del extractivismo para que el plan del Gobierno tenga éxito. “Yo creo que tenemos que dejar de depender del extractivismo. Es letal depender de una matriz extractiva porque estamos sujetos a los precios (internacionales)”, explica, y añade que economías de ese tipo “no generan empleo directo”. La alternativa, insiste, es mirar a la “economía productiva” a través de la diversificación agrícola, no solo en el oriente, sino también en el occidente, con políticas de riego e incentivos que, además, servirían como una “contención migratoria”.

Esto, en su criterio, se complementa con la idea del “capitalismo popular” de Paz, que Pedrazas interpreta no como un modelo ideológico, sino como una “economía inclusiva”. El objetivo, en su entendimiento, es que el “patrón de acumulación no sea muy concentrado” y que la gran mayoría informal –cerca del 80%– pueda “progresivamente ir incorporándose a una economía formal”. Se trata, en sus palabras, de “un crecimiento económico inclusivo, que incluya a la mayor cantidad de bolivianos” que forman parte de la fuerza laboral y productiva.

Sin embargo, ninguna de estas transformaciones será posible sin enfrentar el mayor obstáculo: el propio Estado, advierte. Es decir, lo que Paz llama el “Estado-tranca”. “Hay un Estado que tiene reglas de juego del siglo XX en pleno siglo XXI”, señala Pedrazas. Cualquier cambio de paradigma, en ese sentido, “pasa por reformar las instituciones del Estado”, un aparato “obsoleto” que, en lugar de incentivar, se convirtió en una “barrera” que “bloquea” al emprendedor, añade.

Igualmente, cambiar eso, y el propio éxito del plan nuevo del Gobierno, en criterio de Pedrazas, dependerá de que la política esté a la altura del desafío. Estos momentos son “eminentemente políticos”, porque mientras la economía tiene “recetas conocidas”, la política “no tiene recetas” y depende del “valor de decidir”, sostiene. El reto, afirma, no es solo renovar los liderazgos, sino también “las conductas, los procederes, las prácticas políticas”. De lo contrario, advierte, el país corre el riesgo de seguir corriendo para llegar al mismo lugar, de continuar “patinando en el mismo fango”. [P]