Eln la historia política de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) emergió como una dirección con una clara definición de clase proletaria. Sin embargo, su composición siempre fue un mosaico de sectores sociales: campesinos, gremiales, estudiantes y diversos rubros productivos, conformando una amalgama que le dio una identidad concreta y compleja. En su seno anidaron corrientes políticas como el marxismo, el guevarismo, el trotskismo y el anarquismo, fundamentales en la forja de lo que la sociología política denomina “conciencia de clase”. Este concepto implicaba que el sujeto proletario comprendía su rol histórico para transformar, no solo cambiar, las relaciones sociales de explotación capitalistas en relaciones de cooperación socialistas.
Anclada en ese marco teórico, la COB construyó su legitimidad y una marcada independencia política, lo que le permitió ejercer una acción de clase distintiva. Su valor para la democracia boliviana es innegable. En el imaginario colectivo de generaciones mayores perviven imágenes vividas: Juan Lechín, robusto, pelo blanco, cigarrillo en mano, un líder cuya sola presencia ponía en vilo a ministros y presidentes. La autoridad de la COB era entonces indiscutible. Como testimonio de su poder, una anécdota personal refleja su influencia: al preguntarle a mi madre qué recordaba de la COB, respondió: “Hijo, cuando la COB convocaba a huelga, ni la mosca tenía derecho a volar; todo se cerraba, nadie se movía sin permiso”. Sus movilizaciones eran verdaderos episodios de lucha colectiva, capaces de articular a sectores más allá de su base.
No obstante, la historia no es cíclica. La teoría del eterno retorno se quiebra ante los hechos concretos, y el rol protagónico del a COB se ha desdibujado. Su principal problema en el actual ciclo político es una profunda crisis de legitimidad. En política, la legitimidad es la capacidad de ser escuchado, seguido y aceptado; es credibilidad. No basta con tener la razón, es necesario que la gente te la otorgue. Y aquí reside el núcleo del conflicto actual alrededor del DS. 5503.
La herencia de su alianza orgánica con el Movimiento al Socialismo (MAS) no solo erosionó su autoridad moral, sino que la arrastró en su debacle. Esa etapa fue un cabaret para gran parte de la dirigencia obrera. La figura de Juan Carlos Huarachi, el bastardo que presidió la COB en su fase de servilismo al MAS, se erige como el epítome de esta degradación: un personaje cuyo nombre ya despierta en el imaginario colectivo lo peor del oportunismo, el pillaje y la borrachera de poder. Bajo ese liderazgo, se normalizaron los peores hábitos: corrupción, coimas, y un ejercicio del poder que convertía sus congresos en verdaderas sodomas y gomorras. Esta complicidad en el manejo económico y político del país durante los años del masismo terminó por deslegitimarla ante los ojos de una ciudadanía que identifica a la COB como parte responsable de la crisis económica actual.
Hoy, en enero, la COB intenta distanciarse de ese pasado de manera poco convincente adoptando un discurso del “yo no fui, fueron ellos” y pretende erigirse nuevamente como una dirección política, aunque sin un horizonte claro: no sabe bien para qué, hacia dónde o por qué. En la mente de sus actuales dirigentes y algunos sectores ultristas, prima un interés inmediato y oportunista. Se movilizan al ritmo de fantasmas, o cualquier cuco, pues eso les basta para justificar su existencia y negociar prebendas. Sin embargo, su silencio fue y es obstinado ante los desmanes del masismo y la herencia de Evo Morales, revelando que su verdadero norte no es la transformación, sino la preservación de sus privilegios. Cuando la mayoría social reconoce que el MAS dejó la economía hecha polvo y que la COB fue cómplice, lo último que espera es que esta misma organización ahora se presente como la madre abnegada que quiere guiar al pueblo por un “carril revolucionario”. Esa narrativa no se la cree ni ella misma, ni la gran mayoría del país.
Las recientes marchas convocadas contra el DS. 5503 deben leerse en este contexto. El decreto, en esencia, responde a la imperiosa necesidad de un reordenamiento fiscal en un contexto económico crítico. Como toda medida de ajuste, encarna intereses de clase específicos: busca estabilidad macroeconómica que, en teoría, beneficiaría al conjunto de la nación a largo plazo, pero cuya aplicación inmediata inevitablemente lesiona derechos y expectativas de sectores vulnerables, particularmente los asalariados y la clase media baja. Reconocer su necesidad técnica no implica ignorar su costo social diferenciado, ni exime al gobierno de la obligación de implementarlo con máxima transparencia y sensibilidad, abriendo canales genuinos para mitigar su impacto más severo.
En este escenario, la movilización social es un componente saludable y necesario para una democracia viva, pues ejerce un contrapeso y obliga al diálogo. Una protesta legítima, controlada y enfocada en la discusión técnica del decreto, es un antídoto contra la imposición unilateral. Sin embargo, el verdadero riesgo radica en que este descontento sea canalizado por una dirigencia como la de la COB, cuyo historial reciente de oportunismo y negociación bajo la mesa la descalifica como representante auténtica. Apoyar el derecho a la protesta no equivale a avalar su instrumentalización por cúpulas deslegitimadas, cuyo objetivo final suele ser el rédito político antes que el bienestar colectivo. La ciudadanía debe movilizarse con lucidez, defendiendo sus intereses sin convertirse en carne de cañón para una nueva farsa de dirigentes. [P]
Javier Rolando Huarachi Villegas, sociólogo.
