Durante más de dos décadas, Venezuela fue el ejemplo más crudo de cómo la retórica internacional sobre derechos humanos y democracia puede convivir con la parálisis práctica. Informes, resoluciones, misiones de observación y comunicados de “profunda preocupación” se acumularon mientras el país se deslizaba hacia una dictadura cada vez más consolidada, asociada al narcotráfico, la represión sistemática y la destrucción institucional. En una madrugada, Estados Unidos hizo más para cambiar el statu quo que años de gestiones de organismos multilaterales y gobiernos que decían no ser indiferentes al sufrimiento del pueblo venezolano.

La acción estadounidense no fue, por supuesto, un gesto altruista ni desinteresado. Respondió principalmente a cálculos geoestratégicos: la necesidad de Washington de preservar o recuperar su preeminencia en el hemisferio occidental frente al avance de China, Rusia e Irán, potencias que durante años sostuvieron al régimen chavista y garantizaron su supervivencia política, económica y militar. Esa intervención externa nunca estuvo orientada a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, sino a asegurar los intereses del gobierno de Maduro y de las élites que lo rodeaban, aun a costa del empobrecimiento y la pérdida de libertades de la población. En ese contexto, la operación estadounidense terminó produciendo un efecto que la diplomacia internacional había sido incapaz de generar: un quiebre real en un sistema autoritario que llevaba 26 años en el poder.

Las críticas no tardaron en aparecer

Desde sectores políticos, académicos y gubernamentales —especialmente de la izquierda globalista— se denunció la intervención como inaceptable, por sentar un precedente peligroso y violar la integridad territorial de Venezuela. En esa línea se ubicaron gobiernos, actores y organismos internacionales idealistas, apelando al principio de no intervención y al respeto formal del derecho internacional. 

Sin embargo, este argumento suele omitir un punto central: sencillamente no había otra alternativa realista para poner fin a la dictadura. El derecho internacional, tal como está diseñado hoy, y la propia Carta de las Naciones Unidas, no ofrecen mecanismos eficaces para actuar cuando un país es secuestrado por una dictadura narco-terrorista que controla el territorio, las fuerzas armadas y los poderes públicos. Y, más allá de los discursos, no existía ningún otro Estado dispuesto —ni con la capacidad— de hacer lo que Estados Unidos finalmente hizo. La opción no era entre intervención o una salida pacífica e institucional ideal, sino entre intervención o la perpetuación indefinida del régimen.

Por eso, el análisis de lo ocurrido debe ser integral y no dogmático. ¿Valió la pena? Para responder, no se puede ignorar que una parte significativa de la población venezolana se ha manifestado a favor de la intervención, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Esa reacción no nace de un entusiasmo ingenuo por la fuerza extranjera, sino del agotamiento extremo frente a un sistema que ofrecía solo miseria, miedo y exilio.

Quienes comparan esta intervención con las de Estados Unidos en Irak o Libia, señalando que derivaron en Estados fallidos, también pasan por alto un hecho incómodo: Venezuela ya era un Estado fallido. Un país con miles de presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas y una economía devastada no parte de una situación de estabilidad que pueda “arruinarse” con una intervención externa. La pregunta, entonces, es legítima: ¿qué puede ser peor que la realidad que el chavismo dejó tras de sí? Cambiar un modelo fallido por otro, aun incierto, no garantiza el éxito, pero sí abre una posibilidad que antes no existía.

Es cierto que el proceso está lejos de haber concluido. La situación permanece en suspenso y la reconstrucción institucional, política y social de Venezuela tomará tiempo. Los riesgos son evidentes y los errores posibles. Pero cuando las cosas están tan mal, intentar hacer algo siempre es preferible a no hacer nada. Eso es, en esencia, lo que intentó el gobierno de Donald Trump: forzar un punto de quiebre donde la comunidad internacional había demostrado su impotencia.

Finalmente, está el argumento del petróleo, repetido hasta el cansancio. Sí, el petróleo es un factor central, y las propias autoridades estadounidenses lo han reconocido sin disimulo. Pero también es cierto que, durante años, ese mismo petróleo fue explotado por otras potencias, sin que ello reportara beneficio alguno para el pueblo venezolano. Desde esta perspectiva, muchos venezolanos parecen dispuestos a aceptar que el petróleo sea parte del costo de salida de la dictadura, como una forma de compensación a Estados Unidos por haber contribuido a ponerle fin.

Venezuela enfrenta ahora un futuro incierto, pero distinto. Juzgar lo ocurrido exige abandonar las consignas automáticas y reconocer la complejidad del momento. Entre la pureza abstracta de los principios y la realidad concreta de un pueblo sometido durante décadas, la historia suele inclinarse —para bien o para mal— por quienes deciden actuar. [P