Bolivia acaba de atravesar un momento decisivo en su historia económica reciente. La abrogación del D.S. 5503 y la posterior promulgación del D.S. 5516, tras las presiones ejercidas por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales, no constituye simplemente un cambio normativo, sino en realidad, una señal clara de cómo el país enfrenta o posterga las decisiones estructurales que exige su economía.

El D.S. 5516, fruto de un acuerdo político para descomprimir el conflicto social, mantiene el levantamiento de la subvención a los combustibles y algunas medidas sociales y fiscales, pero elimina casi todo el andamiaje de reformas profundas que contenía el decreto anterior. En ese tránsito, Bolivia logró preservar la estabilización de corto plazo, aunque al costo de diluir una propuesta de transformación económica más integral.

El nudo estructural que debía desatarse

El punto más sensible, y a la vez más importante, es la decisión de mantener el levantamiento de la subvención a los combustibles, estableciendo nuevos precios internos: Bs 6,96 por litro para la gasolina especial y Bs 9,80 para el diésel, entre otros.

Esta medida, impopular pero necesaria, ya había sido reconocida como ineludible en el propio D.S. 5503, que calificaba el modelo de subvención como “técnicamente insostenible”, generador de distorsiones de mercado y fuerte incentivo al contrabando, estimado entre el 30% y el 40% de la oferta nacional. 

Desde el punto de vista fiscal, la subvención a los combustibles se había convertido en un mecanismo estructural y permanente de drenaje de recursos públicos. En los últimos diez años, ello contribuyó a que el déficit fiscal alcanzara niveles elevados, con un promedio cercano a 9 puntos del PIB. Sostener precios artificiales en ese contexto significó sacrificar inversión pública productiva, reservas internacionales y estabilidad macroeconómica.

No es casual que economías de la región con problemas similares, como Ecuador, Argentina en múltiples episodios o incluso México con ajustes graduales, hayan tenido que avanzar, tarde o temprano, hacia la corrección de las subvenciones energéticas. La experiencia internacional muestra que no hay estabilización posible mientras se subvenciona masivamente el consumo de combustibles, especialmente cuando ello alimenta redes de contrabando y economías ilícitas.

Señales de estabilización

El retiro de la subvención, acompañada por la regularización del abastecimiento de diésel y gasolina, permitió reordenar expectativas en un contexto de alta incertidumbre. En economías frágiles, la estabilidad no se logra únicamente con balances contables, sino con señales creíbles.

En el primer mes de aplicación de medidas con el D.S. 5503, se había reducido la volatilidad cambiaria y se había recuperado parcialmente la confianza interna y externa. Según cifras anunciadas por el gobierno, Bolivia ha ahorrado aproximadamente $us. 10 millones diarios tras la eliminación de la subvención a los combustibles.  Aunque ese decreto fue abrogado, el efecto de corregir el principal desequilibrio, la subvención, se mantuvo y ayudó a contener presiones adicionales sobre el mercado cambiario y las reservas.

La estabilización, sin embargo, no es un punto de llegada, sino un proceso. Y ese proceso exige coherencia en el tiempo.

El colchón social

El D.S. 5516 mantiene el componente social como parte del acuerdo Gobierno-COB. Incrementa el Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 desde 2026, eleva la Renta Dignidad en Bs 150, crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y fija el salario mínimo nacional en Bs 3.300, un aumento del 20% respecto a 2025.

Estas medidas buscan amortiguar el impacto del ajuste en precios de combustibles sobre los hogares más vulnerables. Desde el punto de vista social y político, resultaban inevitables. Desde el punto de vista fiscal, su sostenibilidad dependerá de que el Estado no vuelva a caer en déficits crónicos financiados con endeudamiento o pérdida de reservas.

Estabilizar no es reformar

La diferencia de fondo entre ambos decretos es clara. El D.S. 5503 no se limitaba al ajuste de precios de los combustibles; proponía una reconstrucción estructural de la economía boliviana con un régimen extraordinario de promoción de inversiones con estabilidad jurídica y tributaria, procedimientos expeditos para proyectos estratégicos, incentivos tributarios a la producción y al emprendimiento, regularización de capitales, liberalización de exportaciones y eliminación de trabas burocráticas.

Todo ese paquete fue eliminado en el D.S. 5516. Lo que quedó fue lo urgente; lo que se quitó, lo transformador.

Aquí reside el mayor riesgo y es que, estabilizar sin reformar es ganar tiempo, no resolver el problema. La experiencia internacional es contundente. Países que lograron salir de crisis profundas, como Perú en los noventa, Colombia tras sus reformas fiscales o incluso España tras la crisis de 2008, combinaron ajuste macroeconómico con reformas productivas e institucionales. Sin esa segunda etapa, la estabilidad se vuelve frágil y transitoria.

Una lección que no debería ignorarse

La abrogación del D.S. 5503 fue presentada como una victoria social. Sin embargo, conviene preguntarse si el país puede darse el lujo de seguir postergando reformas estructurales cada vez que surgen resistencias y movimientos sindicales con “objetivos dudosos”. Bolivia dio un paso correcto al levantar la subvención a los combustibles, pero la estabilidad sin transformación no dura. Transformar la estructura productiva es lo que permite sostener el equilibrio en el tiempo, pues sin inversión, sin reglas claras, sin productividad y sin reformas institucionales, el ajuste termina agotándose y el conflicto reaparece. 

Bolivia ha ganado tiempo, pero el tiempo no es una estrategia. La verdadera prueba no será haber levantado la subvención a los combustibles, sino atreverse a completar la transformación postergada. De lo contrario, el país corre el riesgo de tener una estabilidad momentánea hoy, pero volver a una crisis estructural mañana. [P]