¿Qué necesita Bolivia para su estabilidad política y económica?
Ever Romero Ibañez, sociólogo
Los eventos políticos registrados por la historia boliviana, le han dejado al país aprendizajes que ningún gobernante debería eludir. Están ahí, como hechos consumados e irreversibles, empolvados algunos por el deliberado olvido de quienes los han conocido o ignorados por políticos bisoños o no—oficialistas u opositores— que creen que con ellos iniciará nuevamente la historia sobre cómo gobernar un país y que, con esa errada creencia anclada en sus debilidades formativas para ser hombres de Estado, deciden pasear su fama efímera sin ver los hilos y las costuras de la política ya hilvanadas en el pasado como lecciones que se deberían aprender y jamás olvidar.
Y la lección enseñada con sangre, sudor y lágrimas a quienes ganaron una elección y que ufanos creyeron que su tarea ya estaba hecha omitiendo articulaciones socio-políticas para preservar el poder, terminaron unos acortando sus mandatos, otros renunciando a sus cargos y los más, acorralados en la inoperancia ejecutiva. Se ha demostrado que, si eres débil políticamente, no se garantiza la continuidad en el poder con buenas intenciones, con golpes discursivos desprovistos de base política, ni distribuyendo por doquier culpas y responsabilidades que no se asumieron, ni con decretos que prometan la felicidad, no. Y no, porque esas acciones son insuficientes para atajar la inestabilidad que se repetirá una vez más si el gobernante está desarticulado de sujetos políticos y sociales con poder o capacidad de movilización. Si no se logra controlar las tramas del poder, la incertidumbre reiniciará su marcha indolente y la historia registrará un episodio más de aquello que se sabía iba a pasar.
El creer que cada vez se empieza de cero, ignorando las pautas dictaminadas por la historia sobre cómo proceder, es una negligencia que el poder político lo paga muy caro, y lo paga más caro aún la sociedad al perder certeza y previsibilidad en el diseño de su porvenir; por ello, una pregunta es inevitable: ¿Qué requiere Bolivia para su estabilidad política y económica? Requiere gobernabilidad como condición indispensable, no solo para que el presidente conserve el poder y lo ejerza con eficacia, sino como certidumbre para el hombre de la calle siempre urgido de concretar, día a día, su proyecto de vida.
La gobernabilidad implica que la élite del poder se vuelva clase dirigente con proyecto nacional y con ideas claras sobre lo que harán con el Estado, la economía y la sociedad, y que a su vez sea la base para establecer acuerdos políticos con fuerzas partidarias legislativas para ejecutar una agenda parlamentaria obligatoria. Los pactos deberían incluir a líderes nacionales y regionales, de modo que el mapa de la gobernabilidad identifique con nitidez al bloque oficialista y al bloque opositor. Las alianzas políticas cojearán, si no se construye también un pacto social —como una forma de recíproca legitimación— con actores sindicales, funcionales o territoriales que gozan de eficacia en su capacidad de presión al Estado.
La historia ha demostrado que, sin un bloque político duro en el control del Estado, la gobernabilidad se esfuma. Ya lo dijo George Santayana «quien no conoce la historia está condenado a repetirla», pero ya sabemos que el hombre (y el político más) es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. [P]
¿Por qué el gasolinazo no incendió las calles?
Javier Rolando Hurachi Villegas, sociólogo
La palabra gasolinazo ha sido, en la historia política boliviana, mucho más que un término económico. Funcionó como una palabra gatillo, capaz de activar memoria, indignación y movilización colectiva. En 2010, cuando el gobierno de Evo Morales y García Linera eliminó la subvención a los combustibles mediante el Decreto Supremo 748, bastó que esa palabra circulara para que la sociedad reaccionara con fuerza.
Lo que llama la atención en el presente es que esa misma palabra ya no produjo el mismo efecto, a pesar de que la medida, retirar o reducir la subvención, sigue teniendo un fuerte impacto en el costo de vida. La pregunta no es solo económica, sino simbólica y psicosocial: ¿por qué una palabra que antes convocaba a la rebelión hoy apenas moviliza a sectores corporativos y no a las grandes mayorías?
Para responder, hay que comprender que las palabras no tienen un significado fijo. En 2010, el gasolinazo fue percibido como una ruptura del pacto moral entre el gobierno y el pueblo. Cuando subieron los combustibles, la sociedad no solo vio una medida económica, sino una traición simbólica. Por eso la palabra encendió la calle.
Quince años después, el contexto es otro. Bolivia vive un desgaste profundo del proyecto político del masismo, una crisis fiscal prolongada y una percepción generalizada de agotamiento del modelo. La subvención a los combustibles ya no es vista únicamente como un derecho, sino también como un problema estructural del Estado: contrabando, corrupción, déficit y dependencia externa. En este nuevo marco, una parte importante de la sociedad ha incorporado la idea de que “no hay alternativa” y que se requieren medidas duras o de shock. Así, el gasolinazo ya no se interpreta automáticamente como una injusticia intolerable, sino como un sacrificio doloroso pero necesario.
Hoy, el sentido común dominante ya no es el del Estado protector ilimitado, sino el de la crisis y la escasez. En ese clima, la palabra gasolinazo pierde parte de su capacidad de convocar a la subversión. También influye el estado de ánimo colectivo. En 2010 existía todavía esperanza y expectativa de cambio; por eso la frustración fue explosiva. En la actualidad predomina una mezcla de cansancio, resignación y miedo al colapso económico, lo que reduce la disposición a la protesta masiva. Las medidas económicas siguen importando, pero se procesan emocionalmente de otra manera.
El error de muchos analistas y actores políticos, entre ellos la COB, fue creer que el simple uso del término “gasolinazo” bastaría para convocar a la sublevación, como si las palabras funcionaran de manera automática. Por ello, su estancamiento cognitivo, que impidió que vieran la verdadera estrategia detrás del DS. 5503. El esquematismo aplicar viejas categorías a realidades nuevas conduce a errores estratégicos.
“Gasolinazo” sigue siendo una palabra potente, pero ya no habita el mismo país emocional ni político que en 2010. Y en política, quien no entiende el tiempo en el que habla, habla en el vacío. [P]
¿Hasta qué punto la protesta justifica bloquear carreteras y vulnerar derechos?
Eduardo Freudenthal Sebastián, abogado y docente universitario
La abrogación del D.S. 5503 volvió a dejar en evidencia la debilidad del Estado frente a sectores que han convertido la protesta en un instrumento de imposición. La Central Obrera Boliviana, las federaciones de campesinos, los cocaleros del Chapare, los cooperativistas mineros, los gremiales y otros grupos corporativos recurren de manera reiterada al bloqueo de caminos para forzar decisiones políticas, paralizando rutas estratégicas, afectando el abastecimiento de ciudades y vulnerando la libre circulación de miles de ciudadanos.
El derecho a la protesta social está reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos, pero no es un derecho absoluto. Cuando se ejerce mediante violencia, destrucción de bienes, obstrucción total de vías o agresión a personas, deja de ser una manifestación legítima y se transforma en un mecanismo de coacción. En ese punto, la protesta deja de proteger derechos y comienza a vulnerarlos, afectando directamente libertades fundamentales como la libre circulación, el acceso a la salud, la alimentación y el trabajo.
Las carreteras bloqueadas con piedras, zanjas y escombros, e incluso destruidas mediante el uso de dinamita, junto con el control territorial ejercido por grupos violentos, paralizan la vida económica y social del país. Esta violencia sistemática no solo contraviene la Constitución, sino que revela la incapacidad del Estado para cumplir una de sus funciones esenciales: garantizar la seguridad y el libre tránsito de sus ciudadanos.
El mensaje gubernamental, centrado casi exclusivamente en las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos, omite el impacto humano de estas medidas de hecho. Personas varadas durante días, sin asistencia ni protección, expuestas a riesgos graves, quedan fuera del relato oficial. Esta omisión refuerza la percepción de una institucionalidad frágil, incapaz de proteger a la mayoría frente a la presión de grupos organizados.
En este contexto, el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Alarcón, que tipifica el bloqueo de vías como delito y establece sanciones agravadas en casos graves, además de otorgar protección legal a policías y militares que actúen de manera proporcional para restablecer el orden, busca restituir un principio básico del Estado de derecho. Las amenazas de nuevas movilizaciones para impedir su debate legislativo revelan, sin embargo, una negación abierta del principio democrático: la función de legislar emana del voto popular y debe responder al interés general, no a la presión de ciertos grupos.
La experiencia internacional es clara. En países como Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, la protesta es reconocida y protegida, pero el bloqueo de carreteras, calles o vías estratégicas constituye un ilícito que habilita la intervención inmediata del Estado. No se negocia bajo bloqueo: se despejan rutas, se protege la propiedad pública y privada y se restablece el orden.
Los bloqueos no pueden convertirse en una herramienta recurrente para imponer demandas sectoriales ni en un derecho de veto sobre la vida colectiva. Un Estado que tolera la paralización del país abdica de su autoridad, normaliza la ilegalidad y consagra una profunda desigualdad entre ciudadanos. La democracia no se defiende cediendo al chantaje: se preserva haciendo cumplir la ley, garantizando derechos para todos y reafirmando que ninguna causa, por legítima que se proclame, puede imponerse mediante la fuerza. [P]
¿Es la movilización la forma de construir país?
Gonzalo Mendieta Romero, abogado y analista político
Los mitos profundos de Bolivia (del siempre actual libro de Guillermo Francovich) ayudan a detectar otros, solo en parte heredados de la Revolución Francesa. Por ejemplo, este: el pueblo insurrecto es la forma de construir; es la fuente del progreso social. Eso tiene también que ver con el prurito iluminista de la libertad; en ciertas naciones, mutó en la liberación colectiva o en fulminar el régimen colonial. El núcleo del discurso de la independencia es gráfico: “somos víctimas, nos oprimen, rompemos cadenas”.
Y el cristianismo es la fuente de la compasión por la víctima. El victimismo ha sido una vía de desahogo para este pueblo de memoria agraria, criado en el catolicismo. Su molde es la historia bíblica de judíos vejados por egipcios y romanos. Enrique Dussel ensaya una explicación así, por ejemplo. En esa prédica religiosa mucho después se montó el nacionalismo o la izquierda.
Criada en esas matrices afectivas y prepolíticas, la gente sencilla repele a las élites. Son las premisas de la teología política boliviana. Se trata de sentimientos y prejuicios que forman una noción popular del bien, desde la que se parte. Luego se le otorgará pretensión de verdad intemporal con argumentos, razones o teorías. Pero su origen emocional y cultural la precede. La épica del pueblo inocente y mártir, el pueblo de Dios que se alza, tiene potencia entre nosotros. Otras naciones también la portan, pero aquí es predominante. Nada menos nietzscheano que uno de los sustratos del ideario –no de su práctica– de un boliviano promedio: quien se desprende de la colectividad es sospechoso de intereses espurios.
Ya la Proclama de la Junta Tuitiva, no en vano redactada por un radical y religioso, el cura Medina, se inscribe en esa tradición. Está el victimismo: “degradándonos de la especie humana, nos ha mirado como a esclavos”. También la bajeza de los endemoniados: “estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título, y conservadas con la mayor injusticia y tiranía”. “La bastarda política de Madrid” serviría hoy de eslogan para todo uso: “la bastarda política de Washington”, por ejemplo. O “la bastarda política de La Paz”, para sus detractores regionales. En fin, el último conflicto bien pudo poner en boca de los maestros trotskistas: “la bastarda política del ‘español’ Paz Pereira”. Son simplificaciones comunes en política, pero el centro de su mensaje es persistente en Bolivia. Sus causas pueden ser o no legítimas: el marco comunicacional es invariable.
Fue el informe del virrey Abascal el que usó la metáfora de la tea encendida, pero curiosamente esa frase fue recogida con pasión por historiadores, políticos y pueblo, asignándola al sublevado paceño de 1809, Pedro Domingo Murillo. La alegoría del virrey encajaba así en la promesa de un edén en el que el fuego revolucionario aniquilaría la injusticia. Previamente, la rebelión de Katari dejó su propia liturgia de los abusos y el sufrimiento. Esto es independiente de que efectivamente hubiera hechos que confirmaran ese cuadro. La sensibilidad general es igual conmover(se) desde ese marco moral y afectivo.
Rossana Barragán reproduce en uno de sus trabajos la proclama de Mocomoco de 20 de septiembre de 1781, de Carlos Poma Katari. En esta se hallan los mismos motivos sentimentales: “las minas se componen todo de chapetones más ladrones que cristianos (…) y quienes los miraban en aquella Real mina a los infelices indios, peores como si fueran esclavos y allí trabajaban de día y de noche”. O los “yanaconas que los arreaban los hacendados peores que a esclavos, haciéndoles trabajar desde los gallos hasta las ocho...como así a las pobres mujeres e hijos...”. Un centurión romano –y pagano– no habría derramado lágrima alguna.
Antes de la Revolución Francesa y el marxismo, Poma Katari remataba el padecimiento con la redención, no en el paraíso, sino en este mundo: “en adelante no conocerán semejantes hacendados ni se dará nombre de yanacona, sino vivirán en una quietud, paz y concordia”.
Pues bien, esos son algunos trazos del alma política del pueblo boliviano. Por eso pululan en toda crisis social; la de estas semanas o cualquiera previa. Aunque se van desgastando, cambiarlos requiere aún de varias generaciones o de una conmoción profunda, de efectos duraderos. No veo a nadie que se anime a provocarla. [P]
¿Caminando juntos hacia el futuro?
Diego Ayo, politólogo
¿Bolivia avanza en caja quinta como pretendía el D.S. 5503? No. Estamos entrampados en el río. Vemos con claridad que en una orilla está el “mundo” dominante de los últimos veinte años, y, en el río, con malla puesta, está el modelo de capitalismo popular que promete Rodrigo Paz Pereira buscando llegar a la orilla de enfrente e inaugurar un nuevo mundo. No puede. No llega. El moribundo no había estado tan muerto y jalonea con fuerza la pata del gobierno, impidiendo que cruce. El nuevo mundo debe esperar. El río se hace gigante. Ese río es la transición entre el modelo decrépito de las últimas dos décadas asentado en un vértice y el nuevo modelo esperando armarse ya no con la intrepidez de una norma proveniente del poder ejecutivo.
En una esquina del ring está, más allá del modelo corrupto y oligárquico de la COB, una estructura de poder compuesta de transportistas, gremiales, sindicatos rurales, y demás. Nunca en la historia han estado tan empoderados. ¿Gracias a la corrupción? Su empoderamiento viene de un comportamiento pragmático visualizado con mayor vitalidad desde 2006. Un pragmatismo que incluye un mix de componentes en la ensalada del ascenso social, desde la pujanza para comercializar con China hasta la acumulación originaria de capital ligada al contrabando y/o el narco. Sin embargo, no es momento de ver si este “medicamento” del ascenso social fue erigido con trampas, sino de ver que el paciente ya no es paciente. Es un ciudadano “curado” de clase media, urbano, con un pie en el campo y otro pie en Santa Cruz, burgués andino en muchos casos, globalizado en otros (arrimado a Virginia, Shangai y demás).
En la otra esquina del ring está otra estructura de poder. Una nueva/vieja estructura. Vieja, pues, viene del siglo pasado: la burguesía agroindustrial. Nueva, pues se alía a las ciudades y sus variadas “clases”, desde el empresario, el burócrata, el profesional hasta el dirigente cívico o barrial. Ya no ven a China o Rusia ideológicamente. Ven a Estados Unidos y le dan la bienvenida a la DEA.
Eso es Bolivia. El Decreto Supremo parecía privilegiar a esta segunda estructura de poder y creía que la anterior debía entrelazarse, un poco calladita, con el nuevo bloque ganador. No ha sido así. La COB ha tenido éxito no por ser la COB, sino por lo que estaba por detrás. La COB ha sido un actor sumergido en la orgía de recursos fiscales del masismo. Sin embargo, en esta ocasión la COB venía con todo el “mundo” empoderado del pasado reciente en la mochila.
Es el reinicio: ni la estructura dominante de 1985 al 2005, ni aquella dominante de 2005 a 2025. Ambas, con la imperiosa necesidad de ir más lento. Reinaugurar la democracia. Ni la tecnocracia que auspiciaba el D.S. 5503, ni la prole cobista. Lo que viene es más grande que estos dos propiciadores del combate. Esa es la riqueza de la transición con todas las dificultades que vienen sobre su espalda. [P]
