La abierta confrontación entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, que se agravó esta semana por un decreto que recorta las atribuciones administrativas de la Vicepresidencia, originó varias interrogantes: ¿Se están vulnerando los derechos del segundo mandatario o es él quien se autoboicotea? ¿Esconde la Constitución Política del Estado (CPE) vacíos legales sobre las atribuciones del vicepresidente?

Para los expertos, el problema va mucho más allá de una pelea de egos. Advierten que esta crisis desnuda graves incoherencias en el texto constitucional, diseñado a la medida de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Mientras el analista Germán Gutiérrez señala que la Carta Magna es un documento contradictorio —advierte una “colisión” con respecto a las atribuciones del vicepresidente—, Franklin Pareja y William Bascopé coinciden en que Lara no comprende su rol y actúa con deslealtad.

Un texto “mamarracho”

Para el analista y docente universitario chuquisaqueño Germán Chunka Gutiérrez, la disputa entre Lara y Paz saca a la luz la fragilidad del diseño actual del Estado boliviano. Él sostiene que las reacciones encendidas a favor o en contra de los mandatarios simplemente muestran “la costra de la disputa Paz-Lara”, cuando lo que verdaderamente sobresalen “son las gravísimas falencias e incoherencias del texto constitucional”.

Según Gutiérrez, hay una “colisión” entre las atribuciones que le otorga la CPE al vicepresidente. Por un lado, el artículo 165 señala que el presidente y el vicepresidente componen el Órgano Ejecutivo. Bajo esta condición, explica, el vicepresidente puede recibir un presupuesto, crear instancias de apoyo y operar “como si fuera un ministerio”, lo que Gutiérrez califica como el “primer error”. Por otro lado, la Carta Magna dicta que el vicepresidente es el presidente nato del Órgano Legislativo, un poder estatal que se rige por el principio de independencia y que vota su propio presupuesto y reglamentos sin la interferencia del Ejecutivo.

“Y ahí viene la primera pregunta: ¿Cuál es la norma que vale?”, cuestiona Gutiérrez. “¿La que hace al vicepresidente cabeza del Legislativo o la que dice que el vicepresidente es parte del Ejecutivo? Porque está en las dos condiciones y la Constitución le autoriza”.

Ante un sistema en el que, en palabras del analista consultado por PÉNDULO POLÍTICO, impera “la exacerbación del presidencialismo” y el presidente actúa como “una suerte de Dios y está por encima de todo”, esta dualidad genera un vacío que provoca incertidumbre. Chunka Gutiérrez considera, en ese sentido, que la crisis Paz-Lara es también, dejando de lado el plano político, una consecuencia del diseño de la actual la CPE, a su juicio “un mamarracho” con el que “cada uno puede llevar agua a su molino”. Señala que, en tal sentido, “en lugar de resolver y ayudar a consolidar a la democracia, la está destrozando”.

Un traje a medida

¿Por qué los constituyentes diseñaron una vicepresidencia con un pie en el Legislativo y otro en el Ejecutivo? Los analistas coinciden en que la norma no se redactó para la institucionalidad, sino para una persona específica: Álvaro García Linera. Antes de 2009, la CPE establecía claramente que las atribuciones del vicepresidente se limitaban a reemplazar al presidente o a presidir el Senado, sin formar parte del Poder Ejecutivo.

Eso mismo señaló esta semana el analista político Franklin Pareja, quien afirmó que la Asamblea Constituyente, dominada por el MAS, otorgó a la Vicepresidencia atribuciones “hechas a la medida del exvicepresidente Álvaro García Linera” y ante la “permisividad de Evo Morales”.

“Introdujo lo que quiso”, dijo, y hoy la Constitución “solapa o duplica funciones que tiene el Ejecutivo”. Bajo ese esquema, García Linera funcionó casi como “un presidente adjunto”, apuntó en el programa “Noches Sin Tregua” de Cadena A. 

Gutiérrez coincide con esta lectura y recuerda que Morales fue un mandatario que “viajaba, bailaba, entregaba obras”, mientras que “el que tomaba las decisiones administrativas, básicamente el que ejercía las funciones de presidente, era García Linera”.

El abogado constitucionalista William Bascopé destaca igualmente ese aspecto. Recuerda que la CPE otorga al vicepresidente el rol de ser un “puente de negociación” y que, además, establece que este es quien coadyuva a la política general del Gobierno, lo que significa que es alguien “que apoya y que es el bastón derecho del Gobierno”.

“Es por eso que García Linera se constituyó en el hombre tras el trono de poder (…) Nunca le contradijo al presidente Evo Morales”, concluye Bascopé. Esta “sumisión” estratégica permitió que la Vicepresidencia se fortaleciera administrativa y financieramente. “García Linera comprendió el límite que le daba la Constitución”, añade él.

La “tijera” del Decreto 5552

La relación entre los actuales mandatarios nunca tuvo cimientos sólidos. Pareja recuerda que la fórmula Paz-Lara surgió como un “binomio accidental”, carente de un común denominador programático. Por eso mismo, reprocha que Lara se niegue hoy a cumplir sus funciones y se convierta en un factor de sabotaje.

“¿Cómo puedes tener un incordio, un vicepresidente que se declara opositor?”, cuestiona Pareja antes de indicar que la autoridad, al formar parte del Gobierno y al mismo tiempo atacarlo y descalificarlo, “se ha convertido en un crítico más crítico que los naturales opositores”. Ante esta hostilidad, concluye que el Gobierno optó por aplicar la tercera ley de Newton: la de “acción-reacción”.

Esa reacción se materializó el 21 de febrero pasado con la promulgación del Decreto Supremo 5552. Aunque la vocera presidencial, Carla Faval, justificó esta semana la medida bajo el paraguas de una “política de austeridad”, la norma en cuestión supuso una disección quirúrgica del aparato burocrático de Lara. La nueva norma modificó la estructura del Órgano Ejecutivo y determinó que la “estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia” asuma el apoyo funcional del segundo mandatario.

Según el Presupuesto General del Estado 2026, la Vicepresidencia tenía presupuestados más de Bs 42,8 millones, de los cuales Bs 36,5 millones se destinaban al programa de “Gestión Administrativa Eficiente y Transparente”. El Decreto 5552 ordenó la transferencia de todo el personal y presupuesto al Ministerio de la Presidencia y otras carteras. Direcciones enteras, como la Jefatura de Gabinete, la Unidad de Comunicación, el Archivo Histórico y el Asesoramiento Jurídico, pasaron al control de ministros designados por Paz, con lo que se eliminó la autonomía operativa del vicepresidente. Lara, acorralado, denunció que dicha norma lo dejó convertido “prácticamente en un empleado” del ministro José Luis Lupo.

En una transmisión en vivo en TikTok, además, tildó a Paz de presidente “dictador”. 

Extravío de rol 

Lejos de comprender la naturaleza de la Vicepresidencia, Lara optó esta semana por escalar y acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Un grupo de asambleístas leales, junto a él, presentó una acción de inconstitucionalidad para frenar el decreto. 

Consultados al respecto, los analistas desaprobaron esta decisión y coincidieron en que el segundo mandatario no comprende cuál es su rol. El artículo 174 de la CPE dispone que el vicepresidente participa del gabinete, pero “no toma decisiones”, recuerda Bascopé, por lo que critica la “incomprensión” de Lara respecto a su puesto.

El constitucionalista percibe que Lara actúa como si estuviera en plena campaña política. Además, cuestiona la moralidad de sus denuncias de corrupción. “A mí lo que me extraña del vicepresidente es que no diga nada de lo que hicieron Evo Morales y Arce Catacora, del grado de corrupción, obscenidad y enriquecimiento de una élite (de ese periodo)”, señala Bascopé al instar a Lara a investigar el despilfarro histórico de los gobiernos del MAS para ganar verdadera credibilidad.

En ese marco, sugiere que el segundo mandatario tenga un “rol mucho más preponderante, un rol más propositivo”, y que dedique su investidura a encabezar reformas cruciales, como una reestructuración profunda de la justicia o de la Policía Boliviana, en lugar de litigar por el control de oficinas.

Gutiérrez, por su parte, censura que las autoridades repitan la vieja práctica del masismo de llevar los entuertos partidarios al TCP.

“Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado, con el MAS, que utilizaba al Tribunal Constitucional como la lavandería de lo sucio, (a resolver así) los problemas en Bolivia. Nuevamente estamos cayendo en lo mismo”, observa al indicar que los temas políticos deben resolverse “con la política y en la política”.

Esta batalla en las altas esferas del Ejecutivo no beneficia a ninguno de los actores involucrados, sostiene Chunka Gutiérrez. Y agrega que el conflicto Paz-Lara apenas es el síntoma visible de una enfermedad más profunda, pues destapa la precariedad de la democracia boliviana y demuestra que el sostén del Estado —la CPE— “tiene cimientos de barro”. [P]

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 174. Son atribuciones de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:

1. Asumir la Presidencia del Estado, en los casos establecidos en la presente Constitución. 2. Coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos. 3. Participar en las sesiones del Consejo de Ministros. 4. Coadyuvar con la Presidenta o el Presidente del Estado en la dirección de la política general del Gobierno. 5. Participar conjuntamente con la Presidenta o el Presidente del Estado en la formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas. [P]

“Un balance positivo”

Ricardo Paz, analista político

Los primeros 100 días de la administración de Rodrigo Paz, iniciada el 8 de noviembre de 2025, representan un punto de inflexión estructural en la historia contemporánea de Bolivia, marcando el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y el inicio de un ambicioso, aunque accidentado, programa de liberalización económica denominado “capitalismo para todos”. Este periodo ha estado definido por una estrategia de choque frente a una crisis de liquidez y energía que el mandatario ha calificado como una “herencia catastrófica”. El balance de este primer tramo gubernamental revela una gestión que apuesta por la audacia normativa y la transparencia fiscal, pero que enfrenta una resistencia social y legislativa que pone a prueba la viabilidad de su modelo.

Entre los aciertos más destacables se encuentra el pragmatismo financiero orientado a la restauración de la confianza externa. La gestión de Paz logró reducir el riesgo país de 1.200 a 700 puntos básicos en tiempo récord, apalancándose en un préstamo de liquidez de 550 millones de dólares de la CAF y un acercamiento estratégico a los Estados Unidos. La implementación del “silencio administrativo” para desarticular el “Estado tranca” y la liberación de importaciones de maquinaria y diésel han sido recibidas positivamente por el sector productivo agroindustrial. Asimismo, la creación de una Comisión de la Verdad para auditar YPFB y la intervención de entidades estatales bajo sospecha de corrupción han enviado un mensaje de ruptura con la gestión anterior, buscando una “cultura de la confianza” mediante la transparencia institucional.

Sin embargo, el periodo no ha estado exento de fallos críticos, siendo el más notorio la gestión de la conflictividad social derivada del D.S. 5503. El intento de eliminar abruptamente la subvención a los hidrocarburos, aunque técnicamente defendible desde la ortodoxia fiscal para reducir un déficit del 12,7%, careció de un esquema de amortiguación social lo suficientemente sólido para evitar el estallido de movilizaciones. La posterior abrogación de dicho decreto y el retroceso en la nivelación de precios evidenciaron una debilidad en la gobernanza y en la lectura del pulso político de los sectores populares, que aún mantienen una fuerte capacidad de veto en las calles.

Hacia adelante, quedan pendientes reformas estructurales de fondo, como la promulgación de una Ley de Libertad Económica y la formalización de un régimen de repatriación de divisas con incentivos reales. El Ejecutivo debe priorizar la consolidación de un “colchón financiero” de al menos 7.000 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio y evitar una escalada inflacionaria. En el ámbito político, la prioridad absoluta debería ser la construcción de alianzas sólidas en la Asamblea Legislativa y con los gobiernos subnacionales para garantizar que las medidas de ajuste no deriven en una parálisis estatal. El éxito de Paz dependerá de su capacidad para transformar su retórica de “confianza verificable” en resultados tangibles que alivien el costo de vida de la población más vulnerable.

El análisis de la política de “cielos abiertos” y la reforma a la Ley de Hidrocarburos bajo la administración de Rodrigo Paz requiere un examen técnico que trascienda la superficie política, pues ambos pilares representan el intento más agresivo de reinserción de Bolivia en los flujos globales de capital y comercio en este primer trimestre de 2026. 

La adopción de la política de cielos abiertos no es solo una medida de transporte, sino una herramienta de competitividad sistémica diseñada para quebrar el monopolio de facto de las empresas estatales y reducir los costos logísticos que lastran la exportación no tradicional. Al amparo de la Resolución Ministerial 152/2026, el Gobierno ha iniciado la desregulación de frecuencias y tarifas, permitiendo que aerolíneas extranjeras operen rutas domésticas e internacionales sin las restricciones proteccionistas previas. Desde una perspectiva académica, este enfoque se alinea con la teoría de la contestabilidad de los mercados de Baumol, donde la simple amenaza de entrada de nuevos competidores disciplina los precios de los operadores incumbentes. El impacto proyectado es una reducción del 30% en los costos de flete aéreo para productos perecederos de alto valor añadido y un incremento del flujo turístico que podría aportar hasta un 1,5% adicional al PIB en el primer bienio, siempre que la infraestructura aeroportuaria, actualmente bajo auditoría por deficiencias operativas, logre adecuarse a los estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

Paralelamente, la reforma a la Ley de Hidrocarburos constituye el eje gravitacional sobre el cual orbita la supervivencia del modelo de Paz. El anteproyecto de ley, actualmente en debate en comisiones, propone una transición desde el modelo extractivista estatista hacia un esquema de “contratos de participación y riesgo compartido” que emula el éxito de las reformas energéticas de países vecinos. El núcleo de la propuesta radica en la modificación del régimen fiscal: se plantea la sustitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por un sistema de regalías escalonadas que varían según la productividad del pozo y la profundidad de la perforación, reconociendo que la geología boliviana actual requiere inversiones de alto riesgo y tecnología de punta que YPFB no puede costear por sí sola. Científicamente, esta reforma busca reactivar la curva de reposición de reservas, que se encuentra en niveles críticos tras una década de desinversión en exploración. El respaldo técnico del Banco Mundial y de consultoras internacionales sugiere que, con este nuevo marco jurídico, Bolivia podría atraer compromisos de inversión de hasta $us 3.500 millones en los próximos cinco años, enfocados principalmente en yacimientos de gas en áreas no tradicionales. Sin embargo, el desafío técnico más complejo es la “seguridad jurídica retroactiva” para los contratos vigentes, una medida que busca blindar al Estado frente a posibles arbitrajes internacionales mientras se incentiva a las operadoras actuales a ampliar sus planes de trabajo bajo el nuevo paradigma de libertad de mercado. [P]