Las elecciones subnacionales que se llevarán a cabo el 22 de marzo marcan un punto de cierre en todo el proceso electoral abierto durante las elecciones nacionales; a la vez, modelarán los pesos y contrapesos de la política nacional.

Normalmente se espera que el proceso electoral sea ganado en cancha y que los acuerdos políticos sean en el marco del respeto a la democracia y las libertades ciudadanas, empero, no todo es así. Los acuerdos hoy se llaman “chipas” (breves componendas) en las que los candidatos se comprometen a unas cosas y las estructuras también. Por otra parte, están los oscuros y siempre peligrosos caminos del uso y mal uso de la justicia para ajustar cuentas con los oponentes. Allá dónde el tribunal electoral se dispone a “serruchar” a los candidatos que no son de su línea ahonda la idea de que es mejor ganar en “mesa” y no en “cancha”.

La judicialización de un proceso electoral no solo que afecta la libertad que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos, sino que perfora profundamente la democracia participativa, vastos segmentos de la población se quedan sin representación genuina de sus intereses y terminan siendo presa de la decepción y la bronca ante el sistema político.

Ganar en cancha por el contrario tiene la gran ventaja de fortalecer las libertades políticas, incrementa la confianza en el sistema electoral y promueve la participación ciudadana. Aunque la disputa electoral es un campo de cruce de fuego y el ciudadano está en medio de ese siempre tensionado proceso, los electores tienen la posibilidad real de decir por quién votar.

Cuando el resultado surge de la voluntad popular expresada en las urnas, incluso quien pierde reconoce que la contienda fue limpia y que la competencia se dio en igualdad de condiciones. Esa aceptación es la base mínima de estabilidad democrática. En cambio, cuando el triunfo se cocina en mesa, entre resoluciones administrativas forzadas, inhabilitaciones selectivas o pactos de último momento, el mensaje que se envía a la ciudadanía es devastador: no decide el voto, lo deciden arreglos extra electorales.

El problema no es la negociación política en sí misma; toda democracia madura requiere diálogo, acuerdos y construcción de mayorías. Lo cuestionable es que esos acuerdos suplanten la voluntad popular o la condicionen mediante atajos legales y presiones institucionales. La cancha es imperfecta, sí, pero es pública, visible y abierta al escrutinio social. La mesa, cuando se vuelve sinónimo de componenda opaca, erosiona la credibilidad del sistema.

En contextos donde la desconfianza ya es alta, cada inhabilitación polémica, cada fallo percibido como parcializado y cada “acuerdo” inexplicable profundizan la distancia entre ciudadanía y política. Se instala la idea de que participar no vale la pena, que el resultado está definido antes de votar. Ese es el terreno fértil para el abstencionismo, el voto castigo y el desencanto generalizado.

Las elecciones subnacionales no son un trámite menor. Definen liderazgos territoriales, presupuestos locales y la relación entre niveles de gobierno. También funcionan como termómetro del clima político nacional. Si se resuelven en cancha, con reglas claras y árbitros imparciales, pueden renovar la legitimidad de las instituciones. Si se inclinan en mesa, corren el riesgo de agravar la crisis de representación.

La pregunta, entonces, no es solo quién ganará el 22 de marzo, sino cómo ganará. Porque en democracia, el método importa tanto como el resultado. Ganar en cancha fortalece el sistema; ganar en mesa lo debilita. Y cuando la democracia se debilita, todos, ganadores y perdedores, terminan perdiendo. [P]