Bolivia se encuentra en una circunstancia en donde existe la imperiosa necesidad de achicar el Estado, esto técnicamente significa reducir el tamaño, las funciones, el gasto y la intervención del Estado en la vida económica y social de la sociedad. En términos estrictamente políticos, achicar el Estado significa también limitar las condiciones que tiene el gobierno para ejercer abuso del poder frente a los ciudadanos. 

Cabe resaltar que esta discusión de “más Estado o menos Estado” no es una discusión propiamente de nosotros como bolivianos, sino más bien, es una discusión y una disputa que se desarrolla en el contexto universal. De hecho, la historia política de los pueblos y las naciones, es una historia de enfrentamiento permanente entre el Estado que ha buscado siempre concentrar mayor poder de dominación sobre la sociedad civil y las reivindicaciones ciudadanas que han buscado proteger sus derechos y limitar la fuerza estatal. 

En ese contexto se generó una lucha ideológica entre los que defienden el empoderamiento estatal y aquellos que luchan por frenar esa dominación estatal. Se trata de una lucha que comenzó desde la misma aparición del Estado moderno (siglo XV), en donde la estructura de dominación estatal encarnada por el monarca ejercía un abuso de poder desenfrenado en contra de sus habitantes que tenían la condición de súbditos, factor de dominación que fue resistido por el “liberalismo clásico”, una corriente de pensamiento y de lucha revolucionaria que en su momento se enfrentó al Estado absolutista. 

La Revolución Francesa fue la síntesis de esa faceta de lucha, en donde el estatismo monárquico perdió gran parte de su poder, mientras que el liberalismo “consiguió un significativo achicamiento del Estado”, permitiendo reformas políticas como la implementación de la división de poderes –un aporte del sistema republicano– que significó el método ideal para frenar la concentración del poder en una sola persona, así como la implementación del “voto popular” –un aporte del sistema democrático– que permitió a la ciudadanía elegir a sus principales autoridades gubernamentales. No obstante, hoy en día, esa lucha y discusión continúa bajo las condiciones actuales del Estado contemporáneo.

El caso particular boliviano es coincidente y reflejo de la historia universal, la vida republicana fue la historia de una disputa entre los defensores de un Estado fuerte y los que luchan contra ella. Los primeros usualmente vinculados a regímenes socialistas y los segundos vinculados al liberalismo.

En el caso boliviano, con el cambio de gobierno efectuado recientemente, concluye una de las facetas más importantes de dominación estatista liderada por el gobierno del MAS durante casi 20 años, abriéndose una nueva coyuntura de debate en torno al estado fuerte o su achicamiento; mientras se ha generado una expectativa importante de opinión pública favorable a la reestructuración estatal por la vía de su achicamiento. 

Es evidente que el rechazo al poderío estatal construido por el MAS y la expectativa ciudadana en torno al achicamiento estatal, no es una cuestión eminentemente ideológica; sino, una tendencia de opinión colectiva en función a los resultados absolutamente deficitarios producidos por el estatismo del MAS, que son visiblemente expresadas en materia política, económica y social. 

En materia política, el régimen estatista del MAS se ha caracterizado por implementar un régimen con rasgos autoritarios, a través del caudillismo, un partido hegemónico, violación a la Constitución Política del Estado, persecución política a lideres opositores, entre otros aspectos; causales que indudablemente constituyen un retroceso a la institucionalidad democrática que valora el imperio de la Ley, la alternancia en el poder, la descentralización política y administrativa del Estado, entre otros principios. En materia económica, fue prácticamente un desastre, administró la mayor bonanza económica que tuvo el país en toda su historia republicana, pero paradójicamente fue un modelo estatal que dejó al país con déficit fiscal, déficit en su balanza de pagos, con una deuda externa e interna que fácilmente se equipara con el PIB nacional; es decir, una burocracia estatal sobredimensionado por la multiplicación de funcionarios públicos y empresas públicas mayormente deficitarias, que consumieron desmedidamente los recursos que tuvo el país, dejando prácticamente un Estado quebrado y una sociedad en crisis económica. Y en materia social, fue un Estado que prometió igualdad social y prosperidad, pero que solamente produjo mayor pobreza y desigualdad social.  

Por lo tanto, es importante que el gobierno de Rodrigo Paz haga una lectura adecuada del momento histórico y asuma el gran desafío estructural de achicar el Estado. Lo cual significa recortar la burocracia estatal, anulando ministerios, direcciones, secretarias, y eliminar todas las empresas públicas deficitarias; pero al mismo tiempo, significa reactivar la economía restableciendo el protagonismo de la sociedad civil, a través de la inversión privada de ciudadanos bolivianos o ciudadanos extranjeros que desean invertir en el país, en el marco de un Estado de derecho que cuida y garantice la iniciativa privada que produce y generar riqueza; pero además, achicar el Estado significa restablecer la institucionalidad republicana y democrática, expresada en el imperio de la ley, y la funcionalidad de los cuatro poderes del Estado. [P]