La mañana de ese 19 de abril de 2022, el pulso de Marco Antonio Aramayo se detuvo tras siete largos años de un calvario judicial, sindical y político que no tuvo parangón en la historia democrática de Bolivia. Murió en una cama del hospital Cotahuma de La Paz, pero él mismo anticipaba que su deceso iba a ser el trofeo de sus detractores. Sí, varias veces advirtió que su vida estaba en peligro en esas celdas de máxima seguridad y en los más de 250 traslados nacionales de cárceles y carceletas a los que fue sometido para quebrar su cuerpo y mantenerlo en silencio. Hoy, a cuatro años de su partida y a 13 del estallido del fraude en el Fondo Indígena (Fondioc), el caso no solo sigue abierto; sigue sangrando, pero estancado por las investigaciones. 

Héctor Castellón, el abogado que pasó de ser su asesor legal a su confidente, amigo y hoy guardián de su memoria, fue tajante en una entrevista exclusiva y aseguró que “hemos perdido a un gran ciudadano en vano. Su muerte es, hasta el día de hoy, una muerte inútil e insulsa porque no se ha investigado lo que realmente pasó”. 

La justicia boliviana, esa que Marco denunció permanentemente en sus centenares de audiencias como su principal torturadora, no tuvo hasta el momento avances en las investigaciones sobre los responsables del desfalco en el Fondo Indígena que, hasta 2015, llegó a una suma de más de 300 millones de dólares en proyectos “fantasmas” y desvíos de recursos estatales a cuentas privadas.

“Después de cuatro años del fallecimiento de mi padre, hemos visto que el caso, hasta la fecha, no ha tenido un avance significativo, a pesar de las aprehensiones que se tuvo con Luis Arce y Lidia Patty. A pesar de eso, no hubo, no hay una investigación concreta del desfalco del Fondo Indígena y de las vulneraciones de derechos humanos causadas a la única persona que denunció, mi padre”, enfatizó Cayetano Aramayo.

Una orden de aprehensión sin ejecutarse 

La tragedia de Aramayo, que cruzó fronteras, comenzó con un gesto hasta de ingenuidad. En agosto de 2013, en una reunión de directorio, fue él quien alertó sobre las irregularidades en el Fondo Indígena, en esa sala estaba quien fuera ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, hoy con una orden de aprehensión sin ejecutarse desde el 19 de febrero pasado. 

La comisión de fiscales de materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios emitió esta orden por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Hace unos días se esparció el rumor de su aprehensión en Santa Cruz, versión descartada por la Policía.

Tras la denuncia en ese directorio y las investigaciones periodísticas que derivaron en la intervención y auditorías de la institución en 2014, Marco también se dirigió a la Contraloría como testigo, cargado de documentos y pruebas que detallaban cómo el directorio manejaba el dinero que debería destinarse a pueblos indígenas y campesinos. “Él entró para aumentar la denuncia, para decir que el informe de la Contraloría era un mamarracho incompleto que obviaba elementos clave”, relató Castellón.

Y en una audiencia, en mayo de 2015, en cuestión de horas, el denunciante pasó a ser el acusado principal. Lo que siguió fue una intervención “violenta” en el tiempo y en la forma. Jefes de inteligencia y policías sellaron las oficinas del Fondo. Fue en ese limbo institucional donde, según la defensa, las pruebas entregadas por Aramayo desaparecieron. La Contraloría, lejos de actuar como ente fiscalizador, pareció operar como una cortina de humo para salvar a las cabezas políticas, específicamente a Nemesia Achacollo y al directorio que aprobaba proyectos “a sola firma”.

El 90% de una gestión impecable

Una de las revelaciones más dolorosas que Castellón pone sobre la mesa a cuatro años de la muerte de Marco Aramayo es la eficiencia en su gestión, un dato que el ruido político se encargó de enterrar. De los 1.110 proyectos financiados por el Fondioc, Marco solo tuvo responsabilidad directa sobre el 10% de ellos. “De ese universo, apenas una decena de proyectos fueron observados, y muchos de ellos tenían fecha de cierre en noviembre de 2015, cuando Marco ya llevaba meses preso”, explicó el abogado.

Es decir, se le procesó por el incumplimiento de proyectos que él ya no podía supervisar desde su celda en San Pedro. Mientras tanto, el Estado gastaba millones de bolivianos contratando a decenas de abogados en todo el país para sostener una fragmentación procesal con claros sesgos. “No buscaban justicia; buscaban que el tiempo y los traslados permanentes terminaran el trabajo que la ley no podía sustentar”, agregó Castellón.

Justicia política vs. Justicia real

El caso ha vuelto al ojo público, pero por las razones equivocadas. La reciente detención de figuras como el expresidente Luis Arce Catacora es vista por la defensa de Aramayo con un escepticismo técnico. Castellón advierte que se está cayendo en el mismo error o estrategia de “inventar” tipos penales insustentables.

“No estoy defendiendo a Luis Arce, su responsabilidad como ministro de Economía es indudable porque él veía cada centavo que entraba y salía, pero detenerlo por un proyecto de Lidia Patty es ridículo e insultante para la memoria de Marco”, sentenció el jurista. Para Castellón, la malversación real radica en el 5% del IDH (Impuesto Directo de Hidrocarburos), que Arce debía custodiar y que terminó en cuentas particulares bajo el nombre de “transferencias público-privadas”. Al investigar mal, el Estado garantiza que, eventualmente, los responsables demanden al país y ganen, dejando la impunidad sellada.

El legado de un hombre que no quería venganza

Marco Aramayo no murió buscando ser un mártir, ni quería que sus captores sufrieran lo que él sufrió. “Marco no quería venganza, quería que se haga justicia”, recordó Castellón con la voz de quien ha visto a un amigo romperse bajo el peso de un Estado elefantiásico.

Hoy, 19 de abril, el nombre de Marco Antonio Aramayo no debe ser solo un recordatorio de la corrupción, sino el símbolo de la urgencia de una reforma judicial que deje de premiar a los verdugos. Sus 11 años de calvario (desde su aprehensión hasta su muerte) son la prueba de que, en Bolivia, a veces, la verdad es la sentencia de muerte más rápida.

“Se puede notar que la justicia aún sigue siendo manipulada porque los mismos fiscales y jueces que estaban fungiendo desde las gestiones de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce aún siguen en diferentes ámbitos estatales. Entonces, es más que claro que hay interferencia política para una investigación concreta del Fondo Indígena, ya que, a pesar de los más de diez años que han pasado, aún no hay, no se puede determinar ningún tipo de respuestas a ese millonario desfalco”, enfatizó el hijo de Marco, Cayetano. [P]

Entidad clave: La Liquidadora del Fondo Indígena

Tras estallar el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena y con un aparato estatal que no pudo contener las críticas y peticiones de información, a través de un decreto, el gobierno del entonces presidente Evo Morales, determinó la liquidación de esa institución, procesos de auditorías de proyectos y transferencia de activos y pasivos a un nuevo “Fondo de Desarrollo Indígena”. Sin embargo, desde diferentes voces se denunció que el trabajo de esta interventora fue deficiente y cuestionable.

A cuatro años de la muerte de Marco Aramayo, este actor fundamental en esta cadena de investigación de corrupción que sigue sin rendir cuentas. Castellón reveló que se han presentado al menos 15 memoriales exigiendo saber cuántos casos se iniciaron realmente contra Aramayo y bajo qué sustento técnico. La respuesta ha sido el vacío absoluto.

“Es la única entidad que sabía exactamente cuántos procesos iniciaron. Pasaron cuatro años de su muerte y 11 de abrirse el caso, y ni siquiera le han preguntado a la Liquidadora: “Señora, ¿cuántos casos inició usted contra este hombre?’”, cuestionó el jurista respecto a la encargada de esa liquidación,  Lariza Fuentes. 

Tras la intervención de esta Liquidadora y un trabajo de varios meses, Fuentes informó en 2016 que hubo un daño económico de unos 522 millones de bolivianos en el periodo 2009-2015 del Fondo Indígena, esto derivado de 713 proyectos inconclusos o “fantasmas” y desembolsos a cuentas privadas. 

Este informe también detalló que el directorio del Fondioc, conformado por ministros y dirigentes del denominado Pacto de Unidad, no realizó la supervisión adecuada de los proyectos. Entre esos ministros que conformaban el directorio estaban Nemesia Achacollo (Desarrollo Rural) y Luis Arce (Economía). [P]

El manuscrito de Aramayo

Durante sus años de torturas en las más de 50 cárceles y carceletas de Bolivia y con un peso de 256 procesos por un solo caso, Marco Aramayo escribió a pulso su libro con el título Yo denuncié el fraude en el fondo indígena y la impunidad. La obra revela que la caída del Fondioc no fue negligencia administrativa, sino un plan deliberado ejecutado por una “élite político-sindical” que utilizó a los pueblos indígena-campesinos como escudo para el desfalco.

El libro identifica con nombre y apellido a la estructura que “tomó por asalto” los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Aramayo relata cómo las organizaciones del denominado Pacto de Unidad (Cutcb, Bartolinas y Colonizadores) transformaron la institución en una “corporación sindical de ambiciosos”.

Uno de los elementos fundamentales de este valioso texto que está publicado en plataformas digitales está relacionado con las actas notariadas de marzo de 2009, que demuestran que cuatro ministros de la gestión de Evo Morales firmaron el “cuoteo” de cargos en el Fondo Indígena (Luis Arce, Nemesia Achacollo, Julia Ramos y Noel Aguirre).

Aramayo detalla que adquirió seis camionetas Hilux 0 Km para fiscalizar proyectos en el campo. Sin embargo, la entonces ministra Achacollo se las arrebató mediante una resolución ministerial para entregárselas a los dirigentes del Pacto de Unidad, quienes las usaron en la campaña electoral de 2014. Esto también fue ratificado tras dos audiencias que tuvo Aramayo y se encontró con los medios de comunicación. 

Aramayo nombra en varias páginas de su libro al Pacto de Unidad (grupo sindical afín al gobierno de Morales, conformado por la Csutcb, Bartolinas, Interculturales, Cidob y Conamaq) y establece que no solo recibía proyectos, sino que ponía a los técnicos y directores de la institución. Sostiene que justamente estos son lo que desde marzo de 2009 impidiera cualquier fiscalización real.

En resumen, este libro enfatiza la responsabilidad del “directorio ministerial”, en el poder de decisión y uso de los más de 1.400 millones de bolivianos de esos años en el Fondo Indígena. [P]

Una familia que exige justicia sobre la muerte de Aramayo

Día a día el sufrimiento de Marco Aramayo en esas cárceles también era padecido por su familia, especialmente por su hijo Cayetano y su pareja Moraima. Ambos vieron muy de cerca todas las torturas de abogados, jueces, fiscales, políticos y policías sobre este denunciante de corrupción. Y, a cuatro años de su muerte, exigen que se llegue a los verdaderos responsables de este desfalco millonario y se esclarezca todo el procedimiento violento contra él hasta derivar en su muerte. 

“Como hijo, espero que se pueda investigar primeramente todo lo que es el ámbito de la corrupción, ya que hay mucho por decir, muchas personas que se han enriquecido. Entre estas personas, fácil podemos nombrar a Luis Arce Catacora y podemos nombrar a Nemesia Achacollo. Son personas exitosas, se podría decir, pero exitosas en robar, ¿no?  Porque hasta la fecha, a Nemesia no se la ha detenido”, detalló Cayetano Aramayo en una entrevista exclusiva.

Desde muy joven, Cayetano tuvo que enfrentar este proceso contra su padre. Los días y noches se hacían eternos cuando no tenía conocimiento de dónde lo trasladaban para silenciar su voz y no tener acceso a la prensa. Pese a eso, recuerda a su padre cono un hombre inquebrantable y firme en su decisión de enfrentar a un duro poder político y judicial en su contra.

“Es una pena recordar, es una pena para Bolivia, para el Estado y, más que todo, para la familia, ¿no? Buscamos una investigación imparcial. Y, asimismo, también buscamos que se pueda investigar las vulneraciones de derechos humanos, las torturas, los malos tratos, el debido proceso que no se tuvo con Marco Antonio Aramayo Caballero, que es mi padre”.

Y las torturas no han parado después de muerto, porque Moraima Monje, la pareja leal de Marco, denunció que las notificaciones de procesos judiciales en su contra han continuado: “Hasta el año pasado nos seguían llegando cada día nuevas notificaciones, tanto a mi domicilio como a la oficina del abogado”, explicó. 

Moraima también denunció que en esto años no se ha investigado todo el proceso de torturas, juicios irregulares y la muerte de Marco Aramayo. 

En septiembre de 2020 Andrés Gautier, miembro del Instituto de Terapia e Investigación de la Tortura (ITEI), denunció que en el caso de Marco Antonio la justicia boliviana aplicó la “tortura sin contacto” con el propósito de “destrozar” su vida. 

“Se debe investigar cuáles fueron las causas de su muerte. No hemos tenido explicación, pese a tanta insistencia, y no hay ninguna investigación. Solo hay un par de detenidos”, manifestó Moraima.

El caso de Aramayo queda marcado en la historia de Bolivia como un símbolo negativo de la venganza de un aparato político manipulando la justicia para callar a un denunciante de corrupción. Nunca hubo una persona con tantos procesos encima y centenares de operadores de justicia implicados. [P]