Hidrocarburos y YPFB se contaron entre las palabras más repetidas esta semana en las plataformas informativas. Con la renuncia de Claudia Cronenbold a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el cambio del Ministro de Hidrocarburos –cargo ocupado ahora por Marcelo Blanco– y la urgencia de debatir una nueva ley del área, la crisis, tan económica como política, ya salpica.
Correo del Sur Radio entrevistó al diputado de Unidad Alejandro Reyes, quien fiscaliza el tema.
Pregunta (P): Lo sucedido dejó la impresión de que nadie quiere hacerse cargo de YPFB. ¿Hay manera de concretar un cambio?
Respuesta (R). Desde la anterior gestión, veníamos advirtiendo que YPFB no solamente tenía muchísima corrupción, sino también un alto grado de falta de competitividad: una normativa fuera de la actualización que se requiere en el plano internacional para ser competitivos; problemas con las certificaciones de reservas de gas; inversiones que no se han podido dar y, prácticamente, la gasolina, que hace dos años sabemos que venía mezclada hasta en un 25% –una denuncia que hice el 2023—. Sin embargo, con esta renuncia (de Claudia Cronenbold a la presidencia) ha quedado en evidencia que hoy YPFB se ha convertido en el conflicto real. Si no hay un cambio en YPFB, si no hay una reestructuración o una refundación, que tenga que ir incluso con una probable reforma de la Constitución al entender que es una empresa estratégica, muy difícilmente se va a poder acompañar una reforma de hidrocarburos. La ley, que en teoría ya estaría por presentarse, no puede ir separada de una reforma de YPFB.
Es un momento oportuno para que el Gobierno haga una intervención. No basta con una sola persona a la cabeza de YPFB, se necesita un cuerpo colegiado e incluso asesorías internacionales, porque hay que plantearse una empresa que sea competitiva, que pueda tener participación de capital privado y que tenga la transparencia y eficiencia que tienen, por ejemplo, Repsol o Petrobras.
Hay que trabajar en una nueva YPFB, pero para eso el Gobierno debe tomar la decisión política, y el pueblo también debe entender el momento. Hay que decidir si vamos a seguir con una empresa pública sumergida en la corrupción, con procesos anquilosados en el tiempo y que nos da gasolina basura todos los días, o si la cambiamos, permitimos participación privada y modernizamos su normativa.
P. ¿Qué destaca y qué rechaza del proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos, de lo que se conoce?
R. Todavía no tenemos nada claro ni concreto. Sabemos que es una nueva ley que va a buscar modernizar prácticas y llegar a un esquema de negocio más compartido, donde haya un riesgo compartido entre el Estado y las empresas. No esta falsa nacionalización, donde es un 80-20, el government take, que nos ha dejado sin nuevas reservas y ya hemos salido del juego de los países productores de gas de la región. Tenemos que recuperar competitividad, buenas prácticas, transparencia y dar seguridad jurídica para la inversión, que entiendo es lo que se va a hacer.
Pero hay que sumarle algo muy importante: el plano operativo. YPFB es el plano operativo del tema hidrocarburífero del país. No puede ir separado, no debiera ir en contraposición, y no se puede dar una reforma de hidrocarburos con una YPFB anquilosada en el modelo anterior. Hoy YPFB es la muestra de cómo Evo Morales hizo una empresa a su medida; como teníamos reservas y estábamos recibiendo muchísimos recursos, la hizo a su medida para poder disponer de esa plata, generar corrupción y convertirla en un botín político de pegas para el Movimiento al Socialismo.
P. Plantea una YPFB con participación privada y abrir la Constitución. ¿El Gobierno podrá encararlo cuando no tiene capital político y se están rearmando grupos opositores?
R. Es una necesidad. Puede haber grupos políticos que se oponen a ciertas cosas, pero (…) la definición está en el pueblo boliviano, indistintamente de las fuerzas políticas, porque finalmente estas van a acatar el mandato del pueblo. Estos grupos minoritarios o consignas políticas están muy por fuera de las necesidades de la gente.
P. Usted integra el Comité de Autonomías Municipales y Regionales. A raíz de la elección de los nuevos gobernadores, se ha vuelto a hablar del pacto fiscal bajo la fórmula del 50-50. ¿Ambos debates nacionales se entremezclarán?
R. Hay prioridades y urgencias. El tema hidrocarburífero y de la gasolina es una urgencia nacional inmediata. Hay que solucionar en el corto plazo el tema de la gasolina basura, y en el mediano plazo, hay que darle certeza a la gente de que YPFB tendrá una reforma que consolide esta transparencia y evite los conflictos que estamos viviendo. Por otro lado, el debate del 50-50 es una política pública de fondo. Es un grado mayor de descentralización, responsabilidades y coparticipación que va a permitir que la democracia se institucionalice en las regiones. El problema de fondo que estamos viviendo son los últimos instantes de un Estado centralista que ha hecho lo que ha querido con las empresas públicas como YPFB y que ha dejado de lado a las regiones. En esta nueva concepción de Estado que se quiere tener, seguramente son debates que van en paralelo y que serán el objetivo final de toda la gestión del presidente Paz.
P. ¿Qué papel tendrían que jugar las regiones productoras en la nueva ley?
R. El objetivo final de esa ley debe ser atraer inversiones y volver a tener reservas, tanto en dólares como en reservas certificadas de gas, para volver a una etapa de producción y garantizar el consumo interno. Estamos en riesgo de desabastecimiento de gas natural en el plano interno para 2027. Estamos en un momento tan crítico que se deben tomar decisiones rápidamente y ejecutarlas. Después vendrá la distribución de las regalías y ganancias que se tengan más adelante, pero el primer paso es la ley y el tema de YPFB.
P. ¿Se debe sacar de YPFB y de Hidrocarburos a los funcionarios del anterior gobierno?
R. Estoy convencido de que sí. Primero, porque ha sido un botín político. YPFB, más que una empresa técnica, ha sido utilizada para emplear gente del MAS, quienes están en un claro complot, no solamente en YPFB, sino en otras empresas. Hay que hacer una remoción de mucho personal.
Pero, además, con esta reestructuración se busca ahorrar gastos al Estado. Hay duplicidad de funciones de todo tipo. La ANH duplica funciones de fiscalización con el propio YPFB, que se autofiscaliza a sí mismo. Hay subsidiarias, empresas tercerizadas y muchísimo gasto. Se tiene que reordenar; caso contrario, va a seguir siendo un hoyo negro y será mucho más fácil que sigan complotando.
P. No solo recortar personal, sino reducir el tamaño de YPFB.
R. Una reestructuración que le dé eficacia y eficiencia. Si no, estamos en lo mismo: subsidiarias corruptas, gerentes corruptos, tercerizaciones y licitaciones corruptas, y una duplicidad de funciones que representa un mal gasto para el Estado y un daño económico. Al final, no tienen capacidad técnica ni siquiera para controlar lo que está pasando. Es una empresa que hoy prácticamente no sirve; la han destruido desde adentro, ha implosionado. [P]
