Como nos sentimos hoy? Esto es una pregunta que tiene diferentes repuestas desde el punto de vista de cómo percibe políticamente el ciudadano, el desarrollo del gobierno en su vida cotidiana. Y la percepción política rara vez se construye únicamente sobre datos objetivos: se alimenta de emociones, narrativas y del clima social dominante.

Bolivia atraviesa un momento de agotamiento de la política tradicional. La ciudadanía se ha distanciado de los partidos, de las instituciones y de las estructuras jerárquicas que durante décadas administraron el poder bajo prácticas clientelares y acuerdos de élite. Los resultados electorales de 2025 fueron una expresión clara de ese rechazo: el país pasó de un esquema de partido predominante a una fragmentación política donde el MAS perdió centralidad y gran parte de la dirigencia tradicional fue desplazada mediante el voto.

La crisis de representación no eliminó el conflicto; simplemente lo transformó. La actual escalada de bloqueos y movilizaciones revela una disputa más profunda que las demandas visibles en las carreteras. Detrás de las reivindicaciones sectoriales existe una pugna por poder, legitimidad y control de la agenda nacional en una etapa en la que el viejo modelo económico basado en el gas muestra signos evidentes de agotamiento.

Muchos sectores perciben que el gobierno de Rodrigo Paz, elegido con apoyo popular, gobierna hoy bajo prioridades vinculadas a las élites agroindustriales del oriente. En el fondo, el conflicto refleja una disputa sobre quién administrará los nuevos ejes de riqueza del país (litio, oro, agroindustria, recursos naturales) modificando la Constitución Politica del Estado, bajo qué correlación de fuerzas se tomará esa decisión.

Las demandas son múltiples y heterogéneas. La COB exige un incremento salarial del 20%; transportistas reclaman combustible y dólares; campesinos e indígenas del oriente rechazan la recategorización de tierras establecida en la Ley 1720; el magisterio demanda mayor inversión educativa; mientras sectores como la Federación Tupac Katari acusan al presidente de haber traicionado el voto popular. A ello se suman reclamos simbólicos que alimentan el malestar a los sectores en conflicto: la falta de reducción salarial de autoridades, la permanencia de privilegios políticos y la ausencia de respuestas satisfactorias frente al escándalo de la “gasolina basura”.

Con más de 60 puntos de bloqueo registrados en el país, alrededor de 47 perteneces al departamento de La Paz, la pregunta central es si Bolivia se acerca a una ruptura institucional. La respuesta, por ahora, parece negativa. No existen condiciones políticas, ni sociales para un derrocamiento del presidente. El gobierno ha cometido errores, pero todavía no enfrenta un proceso de deslegitimación total que habilite a los distintos actores a romper el orden constitucional.

Lo que se desarrolla es algo distinto: un desgaste gradual del gobierno si persiste la conflictividad y el gobierno no propone liderazgo en una agenda nacional incluyendo a todos los sectores. La conflictividad busca erosionar la percepción política de la ciudadanía, debilitando lentamente la autoridad presidencial y reposicionando a sectores que perdieron influencia tras la caída del MAS. Es una disputa de largo aliento.

Al mismo tiempo, la economía limita cualquier margen de maniobra. Bolivia ya no puede sostener indefinidamente su estabilidad mediante endeudamiento externo. Sin generación de divisas propias, el país se aproxima a una situación cada vez más delicada.

En ese escenario, la estrategia para desactivar el conflicto difícilmente será una confrontación abierta. El gobierno deberá entender el conflicto en su totalidad e intereses ocultos, negociar sector por sector: con transportistas, con la COB, con organizaciones campesinas e indígenas y con actores que hoy no encuentran representación real dentro de la política formal. Aunque desgastante y costoso, la negociación es el camino viable para evitar una escalada mayor.

El conflicto, por sí mismo, no es necesariamente negativo. En democracias frágiles, muchas veces funciona como un mecanismo de reacomodo del equilibrio de poder. El riesgo aparece cuando las demandas se vuelven imposibles de satisfacer o cuando el gobierno responde con represión desproporcionada. Ahí es donde las consignas iniciales pierden importancia y el eje del conflicto cambia: ya no se discuten salarios o combustibles, sino abuso de poder, represión y legitimidad presidencial.

Históricamente, las crisis sin retorno en América Latina no emergen únicamente de la protesta social, sino de la combinación entre deterioro económico, incapacidad estatal y respuestas políticas equivocadas. Cuando el malestar económico afecta transversalmente a la población inflación, escasez, caída del poder adquisitivo y el gobierno pierde capacidad de conducción, la indignación deja de ser sectorial y se convierte en nacional.

Rodrigo Paz se encuentra hoy precisamente en ese punto de reacomodo del poder. Aunque mantiene respaldo internacional y apoyo de sectores opositores y legislativos, su debilidad radica en la desconexión con organizaciones sociales que no tiene representación formal, en la ausencia de operadores políticos capaces de contener la conflictividad y ser propositivos en una agenda propia. 

En Bolivia los conflictos no se resuelven únicamente con discursos ni con apoyo internacional. Se resuelven cuando la ciudadanía siente que su vida cotidiana mejora. Mientras eso no ocurra, el gobierno seguirá caminando sobre un terreno inestable, aunque todavía lejos de un escenario de ruptura definitiva. [P]