Cuando Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre del año pasado lo hizo con un respaldo del 54,96%. Seis meses después, y pese a ese caudal de votación, Bolivia se encuentra en ebullición. ¿Qué pasó? ¿Por qué su administración se desgastó tanto en tan poco tiempo? Según analistas consultados por PÉNDULO POLÍTICO, la respuesta es simple y esclarecedora: el Presidente gobernó en lo poco que va de su mandato como si tuviera lo que nunca tuvo: el apoyo mayoritario de la ciudadanía que votó por él.

Candidato de descarte

Para Diego Ayo, doctor en Ciencias Políticas, el acelerado desgaste está en el origen mismo de la victoria de Paz. En su criterio, el hoy mandatario era simplemente “el tercero en discordia, el menos malo frente a los neoliberales del pasado y el masismo”, es decir, “un candidato de descarte”. La votación que logró en la segunda vuelta electoral —obtuvo el 32,06% en la primera— nunca fue sólida, sino líquida.

El diagnóstico del politólogo Vladimir Torrez es similar, aunque desde otro enfoque. “Rodrigo Paz no tenía estructura política, no tenía un partido político per se: tenía un ‘taxi-partido’, el PDC”, explica él, en entrevista separada. “No tenía un programa bien estructurado, había mucha improvisación”, y apunta que hizo “muchas promesas electorales que eran imposibles de cumplir”.

La brecha entre lo prometido y lo posible abrió la primera grieta. Las promesas de Paz, según Torrez, “no concordaban con un Estado en crisis”. Y cuando las primeras medidas no coincidieron con lo anunciado, el desencanto fue inmediato. Es lo que él llama “un proceso de decepción acelerado por parte, sobre todo, de sectores populares”.

Gabinete de empresarios

La segunda grieta se abrió por la incoherencia entre el discurso de campaña y la composición del poder, una vez instalado en la silla presidencial. Paz optó por un gabinete con figuras del sector privado y tecnócratas, sin representación indígena ni sindical. Para Ayo, esa fue una torpeza política mayúscula.

“Él tenía un discurso populista. Cuando llega al Gobierno, se da la vuelta. A la semana de ser presidente se dio la vuelta y nombró un gabinete de puros tecnócratas criollos (…) Claro, ese rato no lo notábamos porque estábamos en la ‘luna de miel’, todos enamorados del Presidente, no nos dábamos cuenta de algo tan obvio. Evidentemente, (fue) una torpeza de inicio”, afirma él.

Torrez coincide y sostiene que Paz abandonó a los sectores que fueron decisivos para su victoria: “Lo que ha hecho es gobernar a favor de estos sectores, ni siquiera de las clases medias, y conformar un gabinete de empresarios: empresarios de occidente, empresarios de oriente y empresarios del sur”.

La paradoja, señala, es que quienes apoyaron abiertamente a Jorge Tuto Quiroga terminaron siendo los beneficiarios del gobierno de Paz, pese a no haber votado por este último. Esa situación, en su criterio, supuso “una segunda muestra de molestia y de desgaste”.

Es decir, Paz, que había ganado con votos de sectores populares que buscaban una alternativa al MAS sin volver al neoliberalismo tradicional, adoptó rápidamente el perfil que querían evitar. “Eso ha pasado con el argentino Carlos Menem, eso ha pasado con el peruano Alberto Fujimori, que tenían un discurso populista hacia los sectores desfavorables. Llegó Menem a la presidencia en el ‘89 y aplicó políticas neoliberales. Fujimori, en el ‘90, hizo lo mismo”, apunta Ayo.

La gasolina que lo quemó todo

Si el gabinete fue la primera brecha entre promesa electoral y realidad, el D.S. 5503 fue el momento en el que se comenzó a desatar la hemorragia.

En diciembre pasado, el Gobierno, al eliminar los subsidios a los combustibles mediante el mencionado decreto e incluir en esa norma una serie de reformas sin consulta, con el argumento de sanear las finanzas públicas, provocó la ira de la COB y otras organizaciones afines a las gestiones del MAS, que respondieron con marchas y bloqueos. Al mes siguiente, se vio obligado a ceder. Aunque logró mantener el fin (parcial) de los subsidios, tuvo que abrogar la polémica norma. Fue la primera gran concesión, pero también la primera señal de debilidad.

Después, se desató el vendaval. YPFB vendió combustible de baja calidad que dañó miles de vehículos: la crisis de la “gasolina basura” afectó a transportistas y particulares. El ministro de Hidrocarburos de entonces, Mauricio Medinaceli, debió renunciar a fines de abril y, para Torrez, este episodio fue, de lejos, el error más grave del Gobierno en sus primeros seis meses.

“El Gobierno cometió graves errores. Uno de los más graves, no el único, fue el de la gasolina. Había una escasez galopante; se logró, debido a la necesidad provocada por esa escasez, aprobar un retiro del subsidio, pero la gasolina que obtuvo la ciudadanía, a un precio más caro, fue una gasolina de pésima calidad. Eso afectó no solo a los vehículos del sector de los transportistas, que ya de por sí es grande y bastante diverso, sino a propietarios de vehículos particulares. Ese fue un error imperdonable”, sostiene él.

El gobierno de Paz no solo falló en cumplir sus promesas económicas, sino que afectó directamente al bolsillo y la vida cotidiana de sectores que no eran sus enemigos declarados.

La Ley 1720: el detonante final

Tras la crisis de los combustibles, la Ley 1720 se constituyó en el “pretexto” político para el estallido social. Promulgada el 8 de abril e impulsada por el senador Branko Marinković (Libre), esa norma permitía convertir voluntariamente pequeñas propiedades a medianas para facilitar el acceso a créditos bancarios. Organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas la rechazaron de inmediato no solo por inconstitucional, sino porque suponía una amenaza directa a su medio de subsistencia. El mismo día que el Presidente promulgó la norma comenzó una marcha de Pando a La Paz. Centenares de campesinos e indígenas marcharon durante 24 días hasta la sede del Gobierno. 

Para Ayo, la 1720 fue una norma “para contentar al oriente, cuando era una ley que ni siquiera estaba en el programa de gobierno, una ley torpe”, que, además, se aprobó sin mayor discusión. Finalmente, el Gobierno, que la había defendido en un inicio, dio marcha atrás con la presión y aceptó su abrogación.

“El caso ‘Maletas’, el caso del avión Hércules, que se estrelló en El Alto (con billetes sin valor legal), la Ley 1720 y la crítica constante por la necesidad de aprobar medidas a través de decretos… Todas esas medidas, en su conjunto, desgastaron mucho al gobierno de Paz, muchísimo”, remarca, por su parte, Torrez.

El poder de los bloqueos

¿Cómo pueden unos bloqueos de carreteras poner contra las cuerdas a todo un gobierno? 

“Los bloqueos son estratégicamente muy efectivos. El campesinado ya no es tan numeroso como lo era hace años, sobre todo, el de las 20 provincias de La Paz. Pero tiene una ventaja estratégica espacial: vive colindantemente de la mayoría de las rutas camineras”, explica Torrez. “Los pueblos, comunidades, ayllus, capitales de provincia están cerca de los caminos; entonces, bloquearlos, para ellos, y vigilar los bloqueos es relativamente fácil. Implica poco gasto, pocos recursos, poco presupuesto”.

Sin embargo, la efectividad del bloqueo también tiene que ver con la debilidad interna del Gobierno; no solo por el divorcio entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara desde el principio de su mandato, sino por el Gobierno no termina de lograr aliados sólidos. “El propio Samuel Doria Medina y el “samuelismo”, aunque forman parte del Gobierno, están en una posición bastante crítica a la posición que adopta el Presidente. Es un gobierno débil, que es dubitativo”, sostiene Torrez.

El fantasma de 2003

En el imaginario político boliviano, el antecedente que nadie puede ignorar cuando hay bloqueos en La Paz y El Alto es octubre de 2003: la “Guerra del Gas”, que derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada. La comparación resulta inevitable; sin embargo, ambos analistas coinciden en que las similitudes son superficiales.

“El 2003 no es el 2026”, defiende Ayo. “En 2003, El Alto tenía el apoyo de La Paz, tenía el apoyo de Bolivia. Los aplaudíamos mientras marchaban; hoy, es un movimiento social completamente desacreditado”, apunta en referencia también a la violencia de principios de semana en La Paz.

Además, la transformación que sufrió El Alto en las últimas dos décadas cambia la ecuación. “Ya no es El Alto del 2005. Es un Alto de mercado: tiene Burger King, tiene Megacenter; tiene restaurantes, que quieren vender; tiene la Feria 16 de Julio, que no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo le bloquean... Es decir, hemos pasado de una identidad étnica a una identidad de mercado, clasista”, complementa Ayo.

Torrez comparte ese diagnóstico: “El Alto se ha vuelto una ciudad muy compleja y muy grande, en la cual funcionan sindicatos, juntas vecinales, pero también grupos de profesionales, comerciantes, empresas, microempresas… Me parece que esa población tiene más peso ahora, que es una población más moderna. Sin negar sus orígenes, tiene una dinámica más procapitalista, proempresarial, procuentapropista”. 

En ese marco, hay una resistencia social emergente —juntas vecinales de La Paz y El Alto que no apoyan los bloqueos, ciudadanos que repudian el vandalismo—. No es, señalan ambos analistas, un apoyo a Paz, sino algo diferente y más básico: supervivencia. “Me parece que la necesidad está empujando a juntas de vecinos, a agrupaciones ciudadanas (a rechazar los bloqueos)”, dice Torrez. “No por apoyo a Paz, sino por cuestiones de supervivencia”.

Cogobernar 

El 20 de mayo, Paz anunció una recomposición de su gabinete y la creación de un ‘Consejo Económico Social’. El gesto fue interpretado como un intento de ampliar la base política del Gobierno e incorporar a sectores sociales que, si bien estuvieron asociados al MAS, representan organizaciones con identidad propia: maestros, mineros, juntas vecinales.

Al día siguiente, comenzó a concretar los cambios de gabinete de los que informó el 20. Entró Williams Bascopé en el Ministerio de Trabajo en lugar de Edgar Morales, quien al momento de renunciar adujo que lo hacía “para pacificar al país”.

“No quiere decir que quiere cogobernar con el masismo. Lo que ha mostrado la sociedad civil, otrora masista, es que es más grande que el MAS, que es más fuerte que el MAS, que actúa con racionalidad y pide lo que Rodrigo había prometido. Nada más. ¿Eso significa cogobernar con el masismo? Para nada. Significa cogobernar con los que están ahí”, apunta Ayo.

Torrez ve la postura del Gobierno con escepticismo. Si bien Paz “no tiene base social”, corre el riesgo de que esto lo “marque como un gobierno débil, un gobierno fácilmente arrinconable”.

“No puede sobrevivir únicamente con la burocracia estatal y con la Policía y las Fuerzas Armadas. Y, sobre todo, no puede gobernar sin hegemonía, con un mínimo de consenso. Sin embargo, creo que ha cedido demasiado estos últimos días (…), en términos clientelares y rentistas (…), y me parece que también se ha ganado la desconfianza y, hasta cierto punto, el desprecio por parte de los ciudadanos de La Paz y El Alto que no apoyan los bloqueos, no apoyan las demandas de renuncia, pero que se han sentido desprotegidos, desamparados por el Gobierno ante las arremetidas de los bloqueadores”, sostiene el politólogo.

¿Acabará su mandato?

“Yo diría que no. Pero, en todo caso, de esta sí salimos”, dice Ayo.

“No va a acabar su mandato. Ten por certeza que no va a acabar su mandato”, sentencia, por su parte, Torrez, para concluir con incertidumbre: “Sí, esta vez, no se va a caer. No sé si en agosto se vaya a caer. Hasta fin de año no sé cómo vayan a ser las cosas”. [P]