Durante este conflicto, Reporteros Sin Fronteras (RSF) se ha hecho eco de las agresiones a periodistas y medios de comunicación en Bolivia, a quienes ha comprometido seguimiento y apoyo. Correo del Sur Radio entrevistó esta semana a Artur Romeu, director para América Latina de la organización, sobre la situación de la prensa boliviana, latinoamericana y su último informe global.
Pregunta (P). ¿Considera que este deterioro de la libertad de prensa y expresión en Bolivia, que comenzó con los primeros gobiernos del MAS, ha avanzado?
Respuesta (R). La situación para la libertad de prensa está compleja, difícil. Cuando RSF elabora su Índice Mundial de la Libertad de Prensa, que mide las condiciones para el ejercicio del periodismo en 180 países, son varios indicadores que tenemos en cuenta: no solamente temas de presión política, sino también de presión económica, cuestiones que tienen que ver con una dimensión sociocultural, de violencia, agresión.
Y, por supuesto, Bolivia vive una cantidad de complejidades que no están solamente asociadas a lo que quizá tenemos de manera general en nuestro imaginario, una censura pura desde el Estado; también tiene que ver con aspectos –como hemos visto en los bloqueos– de una hostilidad sistémica hacia periodistas y medios, en la que los periodistas son blancos de agresiones, robos de equipos y de obstrucción de su trabajo, porque están identificados como representantes institucionales de empresas periodísticas por parte de algunos manifestantes, y no como trabajadores de prensa.
P. ¿Qué tipo de protecciones debe asumir el Estado cuando vemos, por ejemplo, a sectores radicales que parecen tener como blanco a periodistas y medios, incluso más que a los servicios de seguridad?
R. No basta, no es suficiente que el Estado se abstenga de tener una injerencia negativa sobre los flujos de información; tiene que tener una postura activa frente a las amenazas y a los riesgos al ejercicio del periodismo. En términos de protección es que cuando haya denuncias de periodistas que son blancos de amenazas, intimidaciones o ataques, el Estado responda elaborando mecanismos y medidas de protección. El Estado tiene la obligación de garantizar protección. En varios países de América Latina tenemos mecanismos de protección estructurados para periodistas y defensores de derechos humanos.
P. ¿La estigmatización desde el poder provoca estas agresiones?
R. Desafortunadamente es una tendencia que vemos en casi todos los países de la región. En El Salvador, con Nayib Bukele, tenemos una lógica sistemática de presentar a la prensa como un enemigo; en Argentina, con Javier Milei, tenemos un presidente que entra cada día, en su cuenta en X, para decir que “el problema es que no se odia suficientemente a los periodistas”.
Siempre va a existir un nivel de tensión entre gobiernos y prensa, pero cuando gobiernos como por ejemplo de Donald Trump, en Estados Unidos, va a sistemáticamente afirmar que los periodistas son enemigos de la sociedad, eso genera un efecto dominó en la sociedad que incrementa niveles de desconfianza, de violencia, de odio, de hostilidad hacia la prensa.
P. Y eso permanece en el tiempo porque, por ejemplo, Evo Morales dejó el poder en 2019; su partido, el año pasado, pero las agresiones rebrotan en estos conflictos.
R. La libertad de prensa no es monopolio de los medios y de los periodistas; tiene una dimensión social, colectiva: significa que pertenece a toda la sociedad. Estamos hablando del derecho de estar bien informado. Es fundamental que como ciudadanía e, incluso, como movimientos sociales, podamos valorar la dimensión social y colectiva del derecho a una información plural, diversa, independiente y libre.
P. Se refería a amenazas y desafíos a nivel regional. A nivel global, el último informe de RSF advierte que la libertad de prensa ha caído a su nivel más bajo en 25 años. ¿Tiene que ver con la polarización política, con el cambio tecnológico, con los nuevos modelos de información?
R. Totalmente, son muchísimos factores. RSF elabora desde el 2002 –hace casi 25 años– un Índice Mundial de la Libertad de Prensa. Ese índice nunca estuvo en un nivel tan bajo como el que RSF reportó en su última edición de 2026. Eso significa, en pocas palabras, que en estos 25 años nunca ha sido tan complejo ni tan difícil ejercer el periodismo.
Las razones van desde aspectos como el incremento del autoritarismo –hay líderes autoritarios en distintos países en ascensión– hasta una mayor conflictividad y guerras en las que, por ejemplo, en la Franja de Gaza han muerto más de 200 periodistas en poco tiempo; nunca se han matado tantos periodistas en un conflicto armado como en ese período, por las fuerzas de Israel.
Y, por supuesto, por dinámicas nuevas que tienen que ver con cambios tecnológicos. Hay un proceso acelerado de cambios en la manera en que se produce, se difunde y se consume información y noticias en los últimos 15 o 20 años, que han cambiado completamente el modelo de negocios y la industria de los medios, generando disrupciones; ha fragilizado mucho la capacidad de medios y periodistas para seguir ejerciendo su trabajo, y ha creado una dinámica que abre el espacio para más desinformación y propaganda.
Incluso en los países que son democracias, la situación ha empeorado, en la medida en que vemos cada vez más regímenes híbridos –que son democracias, pero tienen elementos de autoritarismo– y que utilizan estrategias de promoción de odio, hostigamiento, acoso a la prensa, propaganda de Estado y promoción activa de la desinformación. [P]
