TSE deslinda responsabilidades por supuesta coacción del MAS

El ente electoral indicó que dicho tema es un asunto que le compete al Ministerio Público

La presidenta del ente electoral, Wilma Velasco. Foto: ABI La presidenta del ente electoral, Wilma Velasco. Foto: ABI

La Paz/ANF
Política / 10/03/2015 17:18

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deslindó su responsabilidad de resolver o pronunciarse sobre los supuestos delitos electorales que estuviesen cometiendo autoridades del Gobierno, al amenazar con no trabajar ni financiar obras en las regiones donde ganen líderes de oposición. La presidenta del ente electoral, Wilma Velasco, dijo que los llamados "delitos electorales" deben ser conocidos y resueltos por el Ministerio Público.

Consultada si el Órgano Electoral se pronunciará sobre las amenazas lanzadas por el propio presidente Evo Morales, y secundado por el vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y otros miembros del Ejecutivo, en sentido de desestimar un trabajo coordinado con opositores que se hagan de las gobernaciones y alcaldías en las próximas elecciones, Velasco respondió "es una tipificación del delito, y no es competencia del Tribunal Supremo Electoral conocer, ni resolver, debe ser de conocimiento del Ministerio Público".

Basados en los artículos 238 y 239 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), los periodistas convocados por el ente electoral a una conferencia de prensa, insistieron en conocer si habrá algún pronunciamiento del TSE sobre el accionar señalado del Movimiento al Socialismo (MAS). "Sí hubiera, si tuviéramos todos los datos y cómo se han dado las circunstancias, obviamente lo vamos hacer, pero también como ciudadana", dudó Velasco.

El artículo 238 de la Ley 018 en su inciso "c" referido a la coacción electoral señala textualmente que: "La servidora pública o el servidor público electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de los subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en referendo o revocatoria de mandato , será sancionada o sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años".

En complementación, el artículo 239 establece en sus partes salientes que "las autoridades electorales que tengan conocimiento de la comisión de un delito remitirán los antecedentes al Ministerio Público, bajo responsabilidad".

El pasado 1 de marzo, el presidente Evo Morales, en un acto público realizado en la ciudad de El Alto advirtió "¿Cómo puedo trabajar con la ciudad de El Alto con la gente de la derecha?, y condicionó "Si quieren más obras, ahí está Edgar Patana; si quieren más obras, ahí está Felipa Huanca".

Inmediatamente el Vicepresidente comentó que no hubo amenaza en las palabras del mandatario, pero ratificó que era imposible trabajar con la oposición. En el departamento de Beni el Ministro Quintana aseguró que no se podrá ejecutar de manera coordinara los recursos del Plan Patujú si gente de la oposición gana en las elecciones, y auguró que ese departamento seguirá postergado en el atraso si los benianos reeligen a Ernesto Suárez.

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