Gobierno declara “irregulares” a 38 ONG, entre ellas, el Cedib y la Cinemateca

Un año de inactividad administrativa en su tramitación ante el Ministerio de Autonomías en busca de reconocimiento y/o renovación de su personería jurídica en el marco de la Ley 351, les hizo merecedoras a 38 organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, la declaración de “irregulares” por parte del gobierno. Su estado de caducidad sólo podría revertirse con una resolución ministerial.

Entre las que entidades que ingresaron en situación de “irregulares” se encuentran el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Red Nacional de Trabajadores de Información y Comunicación (Red ADA), la Cinemateca Boliviana, además de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) entre otros.

También figuran en la lista la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara de Comercio e Industria Bolivia Alemana, así como el Programa de Coordinación en Salud Integral (Procosi).

El mes pasado, el Vicepresidente del Estado advirtió que cuatro importantes ONG hacen política encubierta, mienten y sirven a intereses extranjeros. Entre esa cuatro estaba precisamente el Cedib de la ciudad de Cochabamba, una de las declaradas "caducas".

El director jurídico del Ministerio de Autonomías, Javier Zúñiga, en entrevista con ANF informó que desde que el momento en que estas 38 entidades entraron en inactividad administrativa de un año computado desde su última actuación en busca del reconocimiento de su personería, automáticamente se les declara en caducidad.

¿Qué significa ingresar en caducidad? se le consultó a lo que Zúñiga respondió “significa que son irregulares, que están funcionamiento de manera irregular (…). Por eso no nos podemos explicar cómo todas estas personas colectivas realizan sus trámites financieros sin el registro pertinente”.

De 580 entidades registradas en el Sistema de Registro de Personalidades Jurídicas (SIREPEJU), Zuñiga señaló que 290 están a punto de ingresar en caducidad, y por tanto, de ser declaradas ”irregulares”, por lo que se las convocó de manera pública a través de su página web a “apersonarse al Ministerio de Autonomías a “regularizar” su trámite de modificación de Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.

En criterio del director jurídico, tanto la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) deberían comunicar a todos los bancos y entidades financieras, que las ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, que deben presentar su resolución ministerial de personería jurídica para realizar cualquier transacción financiera.

Ante ésta situación dijo que desde el Ministerio de Autonomías se envió un comunicado a todas las ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro para que se encuentran “caducas” para que empiecen nuevamente de “cero” sus trámites a fin de regularizar la modificación de sus Estatutos Orgánicos y Reglamentos Internos, en conformidad al artículo 22 del Decreto Supremo 1597, reglamentario de la Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas.

ASFI: VAMOS A PEDIR A LAS ENTIDADES BANCARIAS QUE CUMPLAN

La directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza dijo que dependiendo el caso, si se trata de personerías jurídicas que reconoce el Ministerio de Autonomías o las gobernaciones, se da cumplimiento al control de personerías, para la realización de transacciones financieras en entidades bancarias.

“Los requisitos están adecuados al tipo de asociación y está de acuerdo a las atribuciones y competencias (…). Lo que sí pedimos es que cumplan con la normativa vigente. Se les pide a todas las entidades el documento que se les da esa personería, y dependiendo de cada caso se va a tener que pedir el documento”, señaló a este medio.

Sin embargo, aclaró que sólo se congelan las cuentas en las entidades financieras a requerimiento de alguna instancia gubernamental o judicial.

CEDIB: SE NOS DECLARA MUERTE CIVIL

En criterio del director ejecutivo del CEDIB, Marco Gandarillas, ésta determinación gubernamental de declarar en situación de “irregulares” a ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, no es casual, y forma parte de una estrategia que busca concretar la vulneración de derechos constitucionales referidos a la libertad de expresión y asociación en un estado de derecho.

“Es como que a una persona que ha sido reconocida legal y jurídicamente por el Estado, que tiene su certificado de nacimiento y carnet de identidad, de pronto le quiten sus documentos y se la desconozca. Se nos declara la muerte civil, estamos hablando de romper con todo estado de derecho, con toda seguridad jurídica. A ese extremo nos está llevando la decisión del gobierno”, expresó.

Según el investigador y activista social, el gobierno está actuando sobre un plan preestablecido, “pues los ataques del Vicepresidente responderían a una decisión de cerrar a varias entidades que trabajan por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos indígena, medioambiente y hasta a favor de la niñez bajo una figura de revocatoria de personerías totalmente ilegal”.

Gandarillas hizo notar que cualquier determinación del gobierno en contra de las ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro podrían estar viciadas de nulidad, ya que existe un recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en contra de la Ley 351 y su decreto reglamentario 1597.

“Se trata de una ley demandada de inconstitucional y que organismos internacionales como la ONU la han denunciado por socavar básicos derechos de asociación que han sido suscritos por el Estado boliviano”, señaló.

El director del CEDIB denunció que sin un debido proceso, y sin que las ONG hayan cometido delito alguno, el gobierno pretende ejecutar cierres ilegales. “Las descalificaciones públicas que hizo en contra de las ONG el Vicepresidente ahora se las está ejecutando”, dijo.

En el caso concreto del CEDIB, Marco Gandarillas explicó que no se pudo avanzar en la tramitación de la personería, porque el propio Ministerio de Autonomías pretendía vulnerar la cuestionada e inconstitucional Ley 351 al querer que se alinee al Plan Nacional de Desarrollo y a planes sectoriales sin ser ONG. “Como entidad sin fin de lucro no tenemos por qué subordinarnos a los planes del gobierno”, indicó.

En paralelo señaló, que el CEDIB espera que a más de un año de haberse presentado el recurso abstracto de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional finalmente se pronuncie, considerando además que la ONU hizo llegar sus observaciones a la ley, por vulnerar tratados y convenios internacionales.