Doria Medina dice que el juicio en su contra es "injusto"
El líder de UN acusa al Gobierno de utilizar la justicia para inhabilitar a la oposición
OPOSITOR. Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), en una entrevista. El opositor Samuel Doria Medina calificó ayer de "injusto" el proceso aprobado en el Parlamento para juzgarlo a él y a otros ex funcionarios, y acusó al Gobierno de Evo Morales de usar a la Justicia para "inhabilitar" a sus detractores.
A través de su cuenta de Twitter, Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), opinó que su inclusión en el juicio de responsabilidades responde a la campaña que realiza para promover el rechazo a la reforma constitucional que permitiría una nueva postulación de Morales en 2019 y que será sometida a un referéndum en febrero.
"Al estilo venezolano, el Gobierno utiliza la Justicia para querer inhabilitar a la oposición. El juicio en mi contra no cambia mi opinión. Igual votaré No", escribió el opositor y empresario.
Agregó que su compromiso con Bolivia, la democracia, la Constitución y el "No a la re- reelección" seguirán "invariables" incluso si el oficialismo decide iniciarle "otro injusto proceso".
La Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría oficialista, aprobó la madrugada de ayer dos juicios de responsabilidades para el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por resoluciones tomadas entre 1993 y 1997, que incluirán a varios ex ministros de la época, entre ellos, a Doria Medina.
La decisión fue tomada tras analizar un informe sobre la privatización de empresas estatales en ese período.
El líder de UN fue incluido en el juicio por los supuestos daños al Estado causados dentro del proyecto denominado Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS), por el que se transfirió alrededor de $us 20 millones del Estado a manos privadas.
En ese proceso, Doria Medina enfrentará denuncias por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, según informó el Parlamento.
En ambos casos, el requerimiento acusatorio fue formulado por el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, a proposición acusatoria interpuesta por Tania Inés Melgar Henrich, Marcelo Elío Chávez y Emiliana Aiza Parada, miembros de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización 1989 - 2000.
Ayer, la Asamblea aprobó, además, una autorización para que esta instancia siga recibiendo presupuesto para su trabajo de investigación.
Con la autorización de esos juicios, la Asamblea cerró sus sesiones correspondientes a la gestión 2015-2016.
