Las advertencias del Gobierno de "purgar o cernir" a los funcionarios públicos que hubieran votado por el No en el referéndum constitucional del 21 de febrero, recibió un rotundo rechazo de la oposición, que calificó la amenaza como un acto ilegal.
Los asambleístas de Unidad Demócrata Fernanda San Martín y Gonzalo Barrientos coincidieron que las autoridades gubernamentales e incluso los miembros de las organizaciones sociales que amenazan con asumir medidas contra los funcionarios que votaron por el No en el referéndum tienen un componente antidemocrático e ilegal.
"Ningún funcionario público está obligado a votar por la opción del partido gobernante", declaró la diputada Fernanda San Martín de Unidad Demócrata, al rechazar las amenazas de las organizaciones y del propio Gobierno de hacer una limpieza en la administración pública.
La legisladora sostuvo que las autoridades ingresarán en una "cacería de brujas", porque no lograron ganar en el referéndum y pretenden asumir medidas contra quienes supuestamente serían los culpables de esa derrota.
Mientras que su colega Gonzalo Barrientos, calificó de "intolerantes" las amenazas de las autoridades y de las organizaciones sociales, porque pretenden forzar a los servidores públicos alinearse a la línea política partidaria del Movimiento al Socialismo.
Ambos coincidieron que los actos y el trabajo de los servidores públicos se deben al país y no al partido gobernante y que la Constitución garantiza la libertad que tienen los ciudadanos para elegir y decidir en un proceso electoral.
La pasada semana, Morales dijo que los dirigentes de las organizaciones sociales le pidieron que se proceda a purgar y cernir a los funcionarios públicos que no estarían comprometidos con el proyecto político del gobierno.
El lunes, el Mandatario incluso les dijo que deberían "dejar de trabajar" esas personas que estuvieron de acuerdo con el No porque eso representa estar en contra de la Agenda 2025.
Durante la campaña, bajo el anonimato, funcionarios denunciaron las presiones que existían en algunas entidades públicas para salir en movilizaciones a hacer campaña, algunos incluso filtraron audios sobre las presiones y algunas instrucciones para el día de votación, aunque las autoridades negaron que existieran estos extremos.
