Un colectivo de 57 ciudadanos, entre ellos algunos intelectuales y activistas de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento en el que pide al presidente Evo Morales dar la cara y dejar de ocultarse detrás de sus ministros en el caso Zapata.
"Exigimos también que el presidente Evo Morales dé la cara ante el país, deje su pose de víctima y enfrente de una vez por todas las graves acusaciones que recaen sobre él; que deje de esconderse tras sus ministras, ministros, militantes y de cuanto funcionario público se pone en la fila para dar explicaciones inverosímiles y declaraciones ignominiosas", señala uno de los puntos del comunicado que circula en las redes sociales.
El pronunciamiento, además, indica que se están negando los derechos fundamentales a la ex pareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.
Entre los firmantes figuran Cecilia Requena (especialista en medio ambiente), Graciela Toro (activista de los derechos de las mujeres), Hernando Calla (lingüista), Marco Gandarillas (CEDIB), Olga Flores Bedregal (derechos humanos) y otros.
"Denunciamos la forma como el Estado boliviano maneja este caso; Gabriela es una mujer a quien sistemáticamente, desde el Estado y el gobierno, se le está negando los derechos fundamentales, y, a quien, una hilera de ministros y ministras del gabinete de Morales hostiga con versiones contradictorias y vergonzosas sobre la existencia de un hijo", menciona el Comunicado.
Los ciudadanos firmantes califican a la exnovia de Evo Morales de "chivo expiatorio de los hechos de corrupción estatal, donde Zapata posiblemente represente el eslabón más débil".
Incluso, denuncian que, con este trato, se busca poner una cortina de humo a las denuncias de corrupción.
Por otro lado, los firmantes califican de "vergonzosa la conducta de muchas mujeres que accedieron a espacios de poder (…) que se prestan a la deshonrosa tarea de defender a sus camaradas para mantener el statu quo".
Los ciudadanos firmantes piden el manejo transparente del caso y que la comisión del Órgano Legislativo convoque a declarar a Evo Morales, Juan Ramón Quintana y Gabriela Zapata.
Zapata está detenida desde febrero acusada de usar indebidamente unas oficinas del Ministerio de la Presidencia, aunque la oposición y otros grupos apuntan a que fue el nexo entre la empresa china CAMC y el presidente Evo Morales para que la compañía se beneficie con contratos millonarios.
