La participación popular abrió proceso de cambio

La llamaron “la ley maldita”. Fue promulgada hace 22 años y uno de sus impulsores, Carlos Hugo Molina Saucedo, no quiere arrogarse su paternidad y prefiere atribuirla a un momento de maduración histórica de Bolivia que abrió paso al hoy denominado proceso de cambio.

El 20 de abril de 1994, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó la Ley de Participación Popular. Según Molina, la norma fue el resultado de una serie de circunstancias. “Es que los hechos no se dan por generación espontánea. Son producto de procesos, de sumas, de acumulaciones”. En ese sentido, la ley, que tenía el número 1551, no hubiera sido posible sin la participación de organizaciones como la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, esas que hoy en día son denominadas “movimientos sociales”.

Pero Molina no quiere hablar de paternidades ni enmarcar la participación popular como la voluntad de una sola persona o un partido. Aún en su primer gobierno, Sánchez de Lozada era considerado un neoliberal, adscrito a modelos conservadores de Estados Unidos, y la participación popular era una medida que aún hoy puede ser calificada como “revolucionaria” y “de izquierda”. “Y aquí habrá que reconocer la coyuntura extraordinaria que se da—dice—, porque hay una suma de personas y de oportunidades políticas”. En ese sentido, reconoce el aporte de Víctor Hugo Cárdenas, considerado el primer vicepresidente indio del país, y del Movimiento Bolivia Libre en el que Miguel Urioste había estudiado a fondo el problema de la tierra.  

Esa suma dio como resultado el denominado “Plan de Todos” que, pese a ser la propuesta de gobierno de un partido neoliberal, el MNR, era, en realidad, el resultado de un consenso que se tradujo no solo en la Ley de Participación Popular sino también en la de descentralización y la de reforma educativa.

Pero los partidos de izquierda no lo entendieron así y combatieron las nuevas leyes. La resistencia no duró mucho porque terminaron apropiándose de las leyes, fundamentalmente la de participación popular porque esta, según admite Molina Saucedo, rompió el esquema de un país que, hasta el 20 de abril de 1994, giraba en torno a las ciudades capitales. A partir de entonces, las jurisdicciones de las alcaldías se extendieron al área rural y las autoridades originarias, cuya influencia se limitaba a su reducido espacio geográfico, comenzaron a participar en la vida política de manera directa y formal.

¿Hubiera sido posible el proceso de cambio sin la participación popular? Molina cree que sí pero hubiese tardado más y quizás habría emergido de manera violenta, a través de las armas, porque las necesidades insatisfechas ya estaban incubando protestas. Entonces, si la Ley 1551 no originó el proceso de cambio, lo menos que hizo fue facilitarlo. Y eso ya es decir mucho.