Mandan a León a la cárcel por supuesta falsificación

En una audiencia realizada al interior de un hospital, la jueza 13 de Instrucción en lo Penal, Melina Lima, ordenó la detención preventiva de Eduardo León, ex abogado de Gabriela Zapata, en el penal San Pedro de La Paz, por el caso de la presunta falsificación de su libreta de servicio militar para obtener su título de licenciado en Derecho.

La decisión fue tomada en una audiencia cautelar desarrollada en el hospital de Clínicas de La Paz, donde el acusado fue internado en la mañana por problemas de salud.

León fue imputado por los presuntos delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, conducta antieconómica, después de que cuatro ministerios se querellaron en su contra.

El abogado de León, Boris Espinoza, confirmó la información y aseguró que su defendido tiene que quedarse en el hospital hasta que mejore su salud. "Pero seguramente mañana (por hoy) ya van a querer remitirlo al penal de San Pedro. Esto a todas luces está ordenado de arriba. Yo no he ido a la audiencia, pensé que iba a ir el doctor Ricardo Maldonado (otro abogado de León), pero tampoco ha ido porque a él lo han citado para el viernes, tiene miedo", sostuvo.

PRIMER PROCESO
El abogado León inicialmente fue aprehendido el pasado 17 de mayo, pero por un caso de presunta trata de personas y casi dos semanas después una juez de la ciudad de El Alto ordenó que cumpliera detención domiciliaria por ese primer proceso. Sin embargo, esa orden no fue acatada por la presunta falta de custodia policial, por lo que el jurista se mantuvo privado de libertad en celdas policiales.

Mientras transcurría el hecho, otro proceso por supuesta falsificación de su título y libreta de servicio militar ya estaba en curso y precisamente por este caso ahora el abogado León será remitido a la cárcel. De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia fue planteada por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, que en el memorial adjuntó documentos y las pruebas de cargo. Al proceso se sumaron los ministerios de Defensa, Justicia y Educación, en calidad de víctimas, porque supuestamente León utilizó una librera militar falsa para obtener su título en Provisión Nacional y la matricula del Registro Público de la Abogacia (RPA), los cuales ya le fueron cancelados por el Gobierno.

Suman críticas por detención y anulación del título de León

Tanto la aprehensión por más de dos semanas del ex abogado defensor de Gabriela Zapata, Eduardo León, como la cancelación de su registro profesional, generaron una serie de críticas en el país.

Por ejemplo, el defensor del Pueblo  David Tezanos, admitió que León debió ser liberado de forma inmediata después que la juez dictó la detención domiciliaria el 26 de mayo, no obstante continuó detenido por problemas administrativos. "Como procesalista penal que soy, correspondía la libertad inmediata al terminar la audiencia que concedió la detención domiciliaria, porque no se habría dispuesto una medida cautelar y él no se encontraba con privación de libertad, sino con una cesación de la detención preventiva; entonces podía haber dispuesto un tiempo prudente para presentar los requisitos”, declaró el Defensor.

Para el magistrado Jorge von Borries la anulación del título profesional y la matrícula del jurista fue una acción "excesiva", dispuesta por los ministerios de Educación y de Justicia respectivamente. "Desde que se ha hecho la Ley 100, la Ley de Registro Obligatorio en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia tiene el registro y puede modificar el registro, sancionar el registro, pero creo que es excesivo”, afirmó.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, señaló que el Gobierno no puede anular los años de estudio que realizan las personas en las universidades y alegó que León sigue siendo abogado porque existen instancias para revocar la resolución ministerial.
Agregó que aún tiene cuatro opciones judiciales para dejar sin efecto la resolución ministerial, entre ellas los recursos de revocatoria, jerárquico, contencioso y el recurso de amparo constitucional.

"Con una artimaña aseguran que el certificado militar no es correcto, le suspenden el título, ¿quién se cree el ministro de Educación (Roberto Aguilar) para hacer esa persecución? ¿Quién se cree la ministra de Justicia (Virginia Velasco)? Que primero lo habilitó e inscribió como abogado y luego le revoca su matrícula", cuestionó el jefe de la bancada de UD, Arturo Murillo.

La diputada Norma Piérola (PDC) observó que ambos ministros se atribuyan facultades para anular documentos, precisó que "tienen atribuciones limitadas" y que éstas no llegan para suspender los derechos de las personas como anular el título de un ciudadano o de revocar su matrícula profesional. "Si hay observaciones exigía un proceso", sostuvo.