Denuncian red de corrupción al interior de Derechos Reales
Algunos funcionarios actuaron como tramitadores para legalizar papeles
DENUNCIA. El presidente departamental de Control Social, Wilber Flores. Una red de corrupción estaría operando al interior de Derechos Reales (DDRR) Chuquisaca según dos denuncias que presentó el Consejo de la Magistratura y que fueron presentadas a este diario por el presidente Departamental de Control Social, Wilber Flores.
Ambos casos están relacionados con la inscripción irregular de lotes de terreno con documentos falsos, en los que participaron funcionarios de DDRR. Una de ellas sería Carmen Rosa Carvajal, ex funcionaria de DDR y actual candidata a vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED). Los dos casos fueron denunciados por el Consejo de la Magistratura el año pasado.
Evidentemente, Carvajal admitió que sí hubo una denuncia en su contra sosteniendo: “a quién no se le ha iniciado una investigación por incumplimiento de deberes”. Sin embargo, aseguró que la Fiscalía emitió una resolución de rechazo por considerar que “no hay elementos necesarios que determinen los grados de culpabilidad”.
A decir de Flores, solo uno de los dos casos que involucran a Carvajal, hermana de un alto funcionario de la Gobernación, fue rechazado, pero el mismo volvería a ser replanteado; el segundo caso sigue su curso.
De acuerdo con las denuncias que presentó el año pasado el asesor legal del Consejo de la Magistratura, Iver Fernando Romero, el primer caso está relacionado con la inscripción irregular del ex fundo Ckal Orco, Higuerayoj ubicado en el cantón San Sebastián de la provincia Oropeza.
Según Romero, funcionarios de DDRR, de la Alcaldía de Sucre y hasta una Notaria de Fe Pública participaron en la inscripción irregular de un predio de 39 hectáreas, que según el antecedente dominial de 1927 inscrito en DDRR figuraba sin colindantes y ni superficie a nombre de Concepción Caballero. Después, en 1974 hubo una supuesta venta a nombre de María Maruja Careaga, quien adquirió el terreno para su hija María Antonieta Jáuregui. Esta propietaria, en fecha 29 de abril de 2014, logra registrar en DDRR el predio de 39 hectáreas, pese a que días antes la Alcaldía de Sucre informó que Jáuregui no tenía ni un predio registrado a su nombre, aun así funcionarios de la Alcaldía aceptaron que pague un impuesto de Bs 33, con lo que efectivizaron el registro en DDRR en abril de 2014.
En este caso, según la denuncia del Consejo de la Magistratura, Patricia Cuellar, Walter Pallares, Carmen Rosa Carvajal, Deysi Lahor, Javier Ledesma, entre otros, funcionarios de DDRR y la Alcaldía de Sucre componen la red interna y externa de fraude, que está involucrada en dos denuncias.
En la segunda denuncia que también Romero presentó a la Fiscalía en su calidad de asesor legal del Consejo de la Magistratura involucra a Pallares y Carvajal por su supuesta participación en el registro irregular de cuatro lotes, con documentos falsos.
El Presidente de Control Social lamentó que en estos dos casos de supuesta corrupción se hayan visto involucrados funcionarios de DDRR que al mismo tiempo cumplían la tarea de tramitadores, algo que está prohibido por la ley.
