La ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, será convocada la próxima semana por el caso del Fondo Indígena para completar su declaración interrumpida el pasado 21 de julio. La Fiscalía determinó incluirla como investigada por los informes y las declaraciones en torno a las irregularidades que se detectaron en esa entidad.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, no quiso anticipar si existen suficientes indicios para determinar la aprehensión de la expresidenta del directorio del Fondo Indígena, porque es una decisión que debe tomar la comisión de fiscales.
Sin embargo, dijo que pasó de querellante a investigada porque se "han valorado varios informes, el propio informe de la interventora del Fondo Indígena y otras declaraciones y otros elementos que se han colectado. Decían que se paralizó la investigación, no es así; se sigue haciendo un trabajo de gabinete", declaró la autoridad.
La exministra fue presidenta del directorio durante cinco años (2010-2015), esa instancia aprobaba o rechazaba el financiamiento para los proyectos; aunque su abogado dijo que no aprobaba los planes, su firma está en las 1.100 resoluciones que dieron luz verde a los proyectos.
Los dirigentes y exautoridades del fondo aseguran que la principal responsabilidad debe recaer en la exautoridad porque ha conducido la entidad durante cinco años. No obstante ella negó todas las acusaciones, bajo el argumento de que no manejaba directamente los recursos económicos.
Después de 10 meses de haberse iniciado las investigaciones, la fiscalía convocó a Achacollo para prestar sus declaraciones en calidad de investigada por la corrupción en el fondo; pero su declaración no terminó porque los fiscales otorgaron un cuarto intermedio, el viernes debía retornar, pero pidió la postergación para el lunes, ese día fue internada en una clínica por problemas cardíacos y estrés.
Guerrero informó que una vez que concluya los diez días de impedimento, la exministra tendrá que llegar a la ciudad de La Paz para concluir sus declaraciones. Asimismo, informó que en los próximos días se retomarán las inspecciones en los lugares donde debían estar ejecutados los proyectos.
La institución fue creada para financiar proyectos productivos para las comunidades indígena campesinas, sin embargo, a poco más de cinco años de su funcionamiento se revelaron hechos de corrupción. Un informe de la Contraloría General del Estado advierte de un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos y otro informe de la interventora de 102 millones de bolivianos, por proyectos "fantasmas" y muchos por estar inconclusos, pese a los desembolsos que se hicieron.
