La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció ante la opinión pública y organizaciones internacionales defensoras de las libertades ciudadanas y los derechos humanos, que el Gobierno dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial; con ello, aseguró, se consuma un nuevo atropello a la libertad de expresión y pone en riesgo la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta.
"Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad", sostiene la ANP.
La organización de los medios de prensa considera “que la medida aplicada por los niveles administrativos del Gobierno central y de los gobiernos departamentales y municipales controlados por el oficialismo es la consecuencia del trabajo transparente cumplido antes, durante y después del referéndum del 21 de febrero de este año”.
La denuncia que se difunde por varios medios escritos del país remarca que los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos. Todos estos actos, según la ANP, no son “una acción planificada por los medios que cumplen su función informativa”.
La exclusión de los medios independientes de recibir los anuncios publicitarios estatales vulnera el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2000.
Finalmente, la organización de prensa recalca que “los medios asociados a la ANP reiteran su compromiso de informar de manera independiente, apoyados en las libertades constitucionales y en rechazo a una política que pretende imponer el silencio”.
