Gobierno revierte concesiones a los cooperativistas mineros

Una semana después de los cruentos enfrentamientos entre la Policía y los cooperativistas mineros, que se cobraron la vida de seis personas, entre ellos un Viceministro, el Gobierno aprobó cinco decretos para regular su organización y actividad productiva.

A la conclusión de un Consejo de Ministros celebrado ayer, el ministro de Minería, César Navarro, fue el encargado de informar sobre los tres decretos de regulación y control de las cooperativas mineras, elaborados sobre la base de la Ley Minera y la Constitución Política del Estado.

Navarro dijo que la experiencia actual de los cooperativistas en muchos casos "ha sido fomentada en momentos del neoliberalismo y ha generado una estructura que privilegiaba y beneficiaba principalmente a sectores privados y a una élite cooperativista".

El primer decreto "revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras".

El segundo decreto faculta al Ministerio de Minería, Viceministerio de Política Minera y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), "la verificación y la reversión de áreas de las cooperativas mineras que no tengan actividad".

El tercer decreto otorga a la AJAM y a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) la facultad de constituirse en agentes de control y fiscalización de todas las cooperativas mineras del país.

Ambas entidades deberán exigir a las cooperativas mineras informar sobre "el número de asociados de las cooperativas", así como el volumen y valor de producción que tienen en todo el país. Navarro dijo que esto permitirá conocer cuánto perciben como ingresos.

A partir de este elemento, agregó, "se tiene que identificar la distribución de ese ingreso por socio cooperativista, lo que permitirá tener una información detallada de si se distribuyen los ingresos de manera equitativa como es el espíritu de la cooperativa". La información deberá ser presentada hasta el 31 de enero de cada año, incluido el balance general y los estados financieros de la gestión anterior.

La autoridad indicó que de verificarse que la cooperativa no cumple con los principios del cooperativismo y existe un excedente de acumulación a favor de unos pocos, "se podrá recomendar que esa cooperativa pueda cambiar de manera obligatoria a su condición de empresa privada".

Navarro también informó que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) emitió una resolución que disuelve de forma inmediata los convenios firmados con las diferentes federaciones departamentales o regionales para el aporte de las cooperativas. Se refiere al descuento o retención que hacen las empresas comercializadoras o ingenios de la producción que oscilaba entre 1, 3 y 5%, destinadas de manera directa a las federaciones departamentales, regionales o FENCOMIN.

DERECHO LABORAL Y SINDICATO
Por su parte, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, informó sobre la aprobación de un cuarto decreto supremo que reconoce derechos laborales, sociales y que incluyen la seguridad social.

En adelante, dijo, todas las personas que sin ser socias presten servicios en las cooperativas mineras bajo relación laboral, "se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo y la legislación laboral" y podrán hacer valer sus derechos en el Ministerio de Trabajo.

Indicó que con la aprobación de este decreto, "se entiende que el derecho a la sindicalización en las cooperativas mineras a partir de este momento está en plena vigencia".

Además indicó que el decreto reconoce los subsidios de lactancia materna y otros a ser cancelados a las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en las cooperativas, así como el seguro de salud, que antes sólo era beneficio para los socios y socias.

USO DE EXPLOSIVOS
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó, a su vez, que en la reunión del gabinete ministerial también se emitió un decreto que prohíbe el uso de explosivos en protestas y movilizaciones sociales para garantizar la integridad física de las personas; las sanciones por este uso oscilan entre uno y cuatro años de cárcel.

Críticas y respaldo

Los partidos opositores PDC y UD criticaron que después de una década de gobernar en alianza con los cooperativistas, la administración del presidente Evo Morales establezca recién la ilegalidad de las concesiones mineras y calificaron el hecho como falta de coherencia y castigo contra los mineros.

Jorge Tuto Quiroga (PDC) y Jimena Costa (UD) sostuvieron que el origen de los problemas de la minería obedece a la falta de políticas claras para el sector, que no serán resueltos con los decretos promulgados que revierten las concesiones subarrendadas por los cooperativistas y controlan sus ingresos.

El oficialismo, en cambio, justificó la medida con el argumento de que los contratos fueron suscritos antes de que fueran aprobadas la Constitución y la Ley de Minería y negó un "ajuste de cuentas" después de los conflictos. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), argumentó que los decretos se enmarcan en el cumplimiento de la Constitución.

Ayer, la Central Obrera Boliviana (COB) y los mineros asalariados se mostraron de acuerdo con los decretos para regular la actividad de los cooperativistas mineros, en especial que revierten las áreas que fueron subarrendadas a empresas privadas y aseguran la sindicalización.