Acatando una orden judicial, el periodista Humberto Vacaflor se retractó ayer de haber señalado que el presidente Evo Morales dio la orden de asesinar a los esposos Andrade, el año 2000, cuando estaban secuestrados por cocaleros en el marco de prolongados bloqueos carreteros.

"Asesinaron los cocaleros a una pareja por orden de Evo Morales", dijo Vacaflor en julio pasado en el programa Encontrados, que dirige el periodista Gonzalo Rivera de Canal Católico. Por esa declaración, el periodista, que recibió el premio Libertad de la Asociación Nacional de la Prensa en 2016, fue acusado por difamación, calumnia e injuria por el presidente Morales.

"Me piden que me retracte y me retracto, me recontra retracto", señaló, para admitir que su acción "fue una falla periodística".

El miércoles en la mañana, en el marco del proceso en su contra, el Juez Tercero Cautelar de La Paz, René Delgado, le dio cinco días a Vacaflor para que se retracte en el mismo medio de comunicación en el que había realizado su primera aseveración (Canal Católico).

"¿Qué puedo hacer, el sistema es muy poderoso (...) creo que es obvio que tengo que retractarme" y agregó que él, a sus 73 años, no está dispuesto a salir del país nuevamente como lo hizo cuando fue exiliado durante los gobiernos dictatoriales de Hugo Banzer y Luis García Meza.

Vacaflor, uno de los periodistas más destacados del país y conocido por sus fuertes críticas al Gobierno, indicó que espera que con su retractación se extinga el proceso en su contra.

El periodista, quien recordó que el próximo año cumple 50 años como hombre de prensa, siente que existe temor entre los periodistas bolivianos, y admitió que, él mismo, siente miedo por el acoso gubernamental contra la prensa independiente del país.

En los casos de difamación, si la persona acusada se retracta, se extingue el proceso, y por ello Vacaflor tomó esa decisión; por orden de juez lo hizo en el mismo programa en el que hizo la primera declaración.

Agregó que el juez de la causa no le dio la oportunidad de objetar el proceso en su contra para que se active un jurado de imprenta, como era, dijo, su derecho.

EL CASO DE UNA MINISTRA

Por otra parte, la denuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero, contra las periodistas Amalia Pando y Rozana Lizárraga, conductoras del programa "Cabildeo", fue declarada probada parcialmente.

El Tribunal Nacional de Ética Periodística concluyó que, en el caso de Lizárraga, debe realizar las rectificaciones pertinentes de acuerdo con el Código Nacional de Ética. Por otra parte, sugiere a ambas "diferenciar claramente la información de la opinión".

De acuerdo con la denuncia, ambas radialistas dejaron entrever que Campero "estaba embarazada de cinco meses" para un ministro y cuestionaron su formación como profesional en medicina en Cuba, entre otros comentarios que desagradaron a Campero.

El Tribunal sí desestimó la denuncia sobre las opinones vertidas por las periodistas, dado que la expresión y la opinión están garantizadas por la Constitución.