Representantes políticos y cívicos potosinos calificaron de “vergonzosa y desacertada” la declaración del director de la Defensa del Manantial Silala y los Recursos Estratégicos en la Frontera con Chile, René Martínez, en sentido de que en la disputa legal por las aguas del Silala, el dinero no es lo principal para Bolivia.

El diputado opositor Gonzalo Barrientos manifestó que para los potosinos es prioridad que se cancele la deuda histórica. “No puede ser que no se priorice esta situación, es parte obviamente del derecho que debemos exigir. Nos parece que es muy desacertada esta declaración, porque hay un daño económico y tiene que ser resarcido al Estado boliviano”, indicó a los medios de prensa.

Dijo que la concesión otorgada por Bolivia era a una empresa privada destinada al funcionamiento de los calderos a vapor y no al Estado chileno y cuando se revirtió la misma, hubo una intromisión del gobierno chileno, luego un uso indebido que dio lugar a una afectación económica al pueblo boliviano y en particular al potosino.

Al lamentar que el gobierno maneje de manera superficial el tema del Silala, Barrientos sostuvo que en el desvío no solamente hay un daño económico, sino ambiental y vulneración de los derechos humanos, motivos por los que el pueblo potosino protagonizó un paro cívico de 27 días.

Recordó que hay estimaciones de una deuda histórica entre 1.000 y 3.000 millones de dólares por el uso indebido de las aguas del Silala por parte del Estado chileno, que se apropió de una concesión que ya fue revertida por el Estado boliviano.

El presidente del comité cívico potosinista, Johnny Llally, aseguró que lo dicho por Martínez “es vergonzoso” y dijo que en próximos días el Comité fijará una posición oficial.

“Nosotros vemos con una gran pena y vergüenza para Bolivia que tengamos un representante que vaya a manifestar que la deuda histórica del consumo de agua del Silala pasa a segundo plano”, manifestó.