El próximo 23 de febrero los alcaldes se reunirán de emergencia para analizar el financiamiento del bono mensual de 250 bolivianos que deberán pagar a las personas con discapacidad grave y muy grave, de acuerdo con el proyecto de ley que plantea el Gobierno. Según el cálculo del Viceministerio de Autonomías, se requeriría unos Bs 60 millones para que los municipios cubran esta obligación.

El director Ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Jerjes Mercado, dijo que pese a las intenciones solidarias del Gobierno de beneficiar a las personas con discapacidad, los municipios están "preocupados" por el impacto en sus finanzas que puede generar el pago del bono, ya que para esta gestión hubo recortes presupuestarios.

"Nos preocupa cuál va a ser el impacto (del bono) en las finanzas municipales, por lo tanto nos estamos reuniendo para establecer un criterio y un punto de vista unánime (...) valoramos el alto nivel de solidaridad de esa medida, pero hay que coordinar", dijo al llamar al Gobierno a sostener un encuentro para consensuar el proyecto de ley.

Entretanto, el vicepresidente de la FAM, Hugo Valverde, indicó que los 339 municipios no se oponen al beneficio que plantea el Gobierno, sin embargo, dijo que es "inviable" para las alcaldías por la disminución en sus presupuestos.

A contramano, el alcalde cruceño, Percy Fernández, afín al Gobierno, dijo que pagará el bono "con mucho gusto", pese a que concejales cruceños expresaron su preocupación.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que las alcaldías deben cumplir con el pago porque tienen la capacidad y señaló que para cancelar el beneficio deben destinar alrededor de Bs 60 millones.

El ministro de Economía, Luis Arce, estimó esta cifra en sólo Bs 24 millones .

Según datos del Sistema de Información del Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, hasta 2015 en el país existían 61.447 personas con discapacidad, 41.590 de las cuales están consideradas como graves y muy graves.