Coca: Legislativo sanciona ley que aumenta cultivos
La norma, que ahora espera la promulgación del Ejecutivo, reconoce 10.000 nuevas hectáreas por encima de lo que permitía la Ley 1.008
En viernes de Carnaval y con un procedimiento acelerado, el Legislativo terminó sancionando la Ley General de la Coca y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Se legalizaron 22.000 hectáreas de cultivos de coca en los departamentos de La Paz y Cochabamba, 10.000 hectáreas más de lo establecido hasta ahora en la Ley 1.008.
Con la norma se derogó los artículos 1 al 31 de la Ley 1.008 del año 1988 del Régimen de Coca y Sustancias Controladas y se ha "sentado soberanía", sostuvo el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, independientemente –dijo– del debate que se pueda generar por la extensión de los cultivos.
La ley autoriza la producción "originaria y ancestral" de 14.300 hectáreas de coca en el departamento de La Paz, en las provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, la zona de producción originaria y ancestral bajo registro y catastro, está en las provincias Pedro Domingo Murillo, Ildefonso de las Muñecas y Franz Tamayo.
Asimismo, la zona de producción bajo registro y catastro, está en parte de las provincias Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja (Poroma y Santa Rosa de Mapiri) y parte del municipio de La Asunta de la provincia Sud Yungas, señala la Ley.
En el departamento de Cochabamba las zonas autorizadas de producción de coca bajo registro y catastro están en las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque.
"Las zonas de producción de coca autorizada y delimitada por el Estado serán de hasta 22.000 hectáreas. En el departamento de La Paz con una superficie total de hasta 14.300 ha y en el departamento de Cochabamba con una superficie de hasta 7.700 ha", señala.
Las zonas no autorizadas son aquellas que están fuera de la delimitación y serán objeto de erradicación por el Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
El Presidente del Senado sostuvo que la delimitación fue producto de las negociaciones con los productores de coca de los Yungas. Sostuvo que de acuerdo con datos oficiales se ha incrementado el consumo de coca en el país.
"El ministro César Cocarico hablaba de más o menos 20.600 toneladas, casi 15.000 hectáreas, y se hizo un cálculo que daba más o menos 25.000 toneladas sólo para consumo el 2016. Y se estima 6.000 toneladas para investigación, industrialización entre otros", señaló.
Gonzales consideró además que sobre la base de los datos del Ministerio de Desarrollo Rural, el consumo interno de coca creció desde 2006, en ese marco, según cálculos estimativos del Gobierno se proyectó para los próximos años un aumento sistemático.
"El 2006 el consumo era de 15.000 toneladas (Tn), en 2009 de 19.600Tn, el 2012 creció a 20.600 Tn, entonces hicieron una proyección del crecimiento de consumo de coca y llegan a determinar que casi son 25.000 toneladas", justificó.
El Senado aceleró el procedimiento para sancionar dicha norma; la aprobación en grande y en detalle concluyó en casi cuatro horas.
REACCIONES
El senador opositor Yerko Nuñez (UD) criticó al MAS por ceder a la presión de los productores de coca e incrementar de 20.000 a 22.000 hectáreas de cultivos de coca que en su criterio contravienen los convenios internacionales.
"Claramente hay un compromiso político del Gobierno con los cocaleros del Chapare que a como dé lugar legalizar la coca que gran parte es ilegal", sostuvo.
El opositor aseguró que la mayor parte de la coca va a fines ilícitos, es decir, una actividad orientada a la ilegalidad.
El ex presidente Jorge Quiroga tanbien cuestionó al Gobierno y a la Asamblea Legislativa controlada por el MAS por aprobar esta norma a la que llamó "narcoley".
"La Asamblea Legislativa acaba de aprobar una narcoley que va a traer vergüenza internacional y hará un daño enorme a nuestra imagen a nuestros ciudadanos con el estigma y el narcotráfico que va a generar y la criminalidad que va a crear en Bolivia", declaró Quiroga.
La ex autoridad no fue la única que criticó la decisión del Gobierno, los legisladores opositores de Unidad Demócrata también la rechazaron.
"Rechazamos esta ley porque está legalizando 7.700 hectáreas de coca que no destinan su producción al acullico (masticado). Esto es un atentado contra la seguridad del país, porque el MAS está dando legalidad a la producción de hoja de coca para la producción de droga", señaló el senador Oscar Ortiz.
Ortiz recurrió a los datos de un estudio de la Unión Europea en el que se establece que sólo son necesarias 14.705 hectáreas de coca para el acullico. "Corremos el riesgo de que el país sea considerado a nivel internacional un narco-estado, dado que se le estaría dando legalidad al destino de la hoja de coca hacia la droga".
Respecto a estos datos, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, señaló que los mismos están errados.
Por su parte, la diputada Norma Piérola (PDC) advirtió que denunciará esta norma ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) porque se vulneran acuerdos internacionales.
El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, David Ramos, respondió que el incremento de los cultivos legales de coca en Bolivia es para la industrialización.
"Lo más importante es establecer una situación de industrialización en el país. Ya se viene ejecutando en menor escala esta industrialización, pero hoy a través de esta norma, una vez sancionada y promulgada, la industrialización tiene que ser en forma agresiva, industrialización en temas de alimentos, bebidas, medicamentos y otros", afirmó.
Mientras, su colega de la oposición, Gonzalo Barrientos, advirtió que en el oficialismo hay un doble discurso.
"Se dice primero que es para consumo tradicional, ahora nos están hablando que el gran mercado es la industrialización y la exportación, hay un doble y triple discurso, nos están tomando `el pelo´. No hay ningún estudio serio que nos diga cuántas personas acullican la hoja de coca o de dónde viene la hoja que se acullica", declaró.
En los últimos días, el proyecto de Ley de Coca, que impulsa el Gobierno, generó un conflicto con los cocaleros de Yungas, quienes incluso protagonizaron una serie de violentos hechos en la ciudad de La Paz porque inicialmente sólo se pretendía legalizar 20.000 hectáreas para todo el país. Pero el jueves, el conflicto llegó a un acuerdo y ayer el Senado sancionó la norma.
La opositora Piérola denunció que una comisión del Senado ya estaba tratando la ley, antes de que sus modificaciones sean aprobadas en Diputados.
La norma se aprobó a pasos acelerados.
Ordenan la liberación de 17 cocaleros
Los 17 cocaleros, que aún estaban aprehendidos, se beneficiaron con medidas sustitutivas a la detención preventiva por los daños ocasionados a bienes públicos durante la violenta movilización del pasado 21 de febrero en La Paz.
"El día de ayer (jueves) las 17 personas que han sido imputadas fueron beneficiadas con medidas sustitutivas, vale decir que el juez les ha otorgado su libertad", confirmó el fiscal Rudy Terrazas.
Los cocaleros deben presentarse mensualmente a la Fiscalía, tienen arraigo y están prohibidos de participar de movilizaciones. Además dos de los imputados ahora cuentan con detención domiciliaria.
El fiscal informó que el juez de turno tomó la decisión de aplicar las medidas sustitutivas porque los cocaleros se comprometieron a resarcir todos los daños que ocasionaron a bienes de la Policía y Bomberos.
El abogado de los cocaleros, Froilán Tola, agregó que la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) presentó un documento de compromiso para la reparación de los daños, que al momento todavía no fueron cuantificados.
El pasado martes, en su intento de volver a inmediaciones de la plaza Murillo, los cocaleros se enfrentaron con policías ocasionando destrozos a bienes de la institución del orden, principalmente al edificio de la Unidad de Bomberos.
Durante esa jornada violenta, más de 140 personas fueron arrestadas y de ellas sólo 17 cocaleros fueron imputados.