NUEVAS CAUSALES
El parágrafo V del artículo 157 del proyecto de ley señala que una mujer puede solicitar de forma voluntaria la interrupción del embarazo durante las primeras ocho semanas de gravidez si: se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, no cuenta con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención y, finalmente, si es estudiante.
En medio del debate por el proyecto de ley de reforma del Código Penal que autoriza nuevas causales para la interrupción del embarazo, el presidente Evo Morales afirmó que dicha propuesta “es iniciativa de la Asamblea Legislativa” y que él nunca debatió el asunto, pero anunció que se informará. Ayer, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) volvió a rechazar la propuesta y convocó a defender el derecho a la vida.
“El tema de la ley y del tema del aborto es complejo pero es iniciativa de la Asamblea Legislativa, yo no hablé ni debatí con ellos. Voy a recabar mayor información sobre la propuesta que tiene la Asamblea”, respondió el presidente Morales en conferencia de prensa.
El proyecto de Ley de Sistemas Penales plantea en el artículo 157 al menos nueve opciones para que las mujeres en situación de pobreza, con más de tres hijos o siendo estudiantes, puedan interrumpir la gestación hasta las ocho semanas de embarazo.
La propuesta generó rechazo de las iglesias Católica y Evangélica por atentar “contra la vida”, aunque también hay sectores oficialistas y colectivos ciudadanos que respaldan las nuevas causales de aborto, amparándose en la pobreza de la mujer en gestación, en caso de que sea estudiante o tenga varios hijos, entre otras opciones.
"(La CEB) llama a los legisladores y a toda la sociedad a defender el derecho a la vida, que se ve seriamente amenazado con esta propuesta de reforma (a la normativa boliviana vigente) y a participar activamente en el debate público sobre estas iniciativas", cita un comunicado oficial de la institución.
La Conferencia afirma que el derecho a la vida, en el que se fundan todos los demás, es para todos los seres humanos "sin distinción" y sobre todo un don de Dios, por tanto, nadie puede disponer de ella bajo ninguna circunstancia.
Para la iglesia Católica, la condición económica de "pobreza" no es justificativo para cometer un delito y violar cualquier ley.
Recuerda que tanto la Constitución Política del Estado (CPE), como el Código Civil y el Código Niña, Niño, Adolescente reconocen el "derecho a la vida" como un derecho fundamental desde el momento de la concepción, por lo que denotan una clara contradicción con el proyecto de Ley.
El arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, exhortó a los sectores a que no se generen "enfrentamientos verbales, que haya manifestaciones pacíficas, no alusiones políticas, sino con principios ético-morales y científicos de la defensa de la vida".
El proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, que contempla la despenalización del aborto en determinados casos, será discutido en el Legislativo y el objetivo es que las mujeres accedan a esa práctica pero de forma "segura".
Sin embargo "es obligación de todos interesarnos por las leyes que se proponen en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que respondan a la ética y moral de nuestras culturas exigiendo de las autoridades públicas respeto a la vida, apoyo a las madres embarazadas en riesgo y precautelar los principios y la fe de nuestro pueblo", se lee en otra parte del documento.
La organización Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba (IEUC), por otra parte, rechazó también ayer el artículo 157 del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal y lo calificó de “atentatorio contra la vida y un crimen atroz”.
El presidente de IEUC, Eloy Luján, indicó que son inadmisibles las nuevas contemplaciones del nuevo proyecto de ley, que representa un “crimen atroz a un ser que está en plena gestación” y que esa organización religiosa asumirá acciones contra la iniciativa.
La diputada Adriana Salvatierra (MAS) se allanó a que su partido pueda instalar un diálogo con las iglesias pero no sólo con posturas moralistas, sino pensando en políticas públicas.
El Código Penal del país ya contempla que se pueda realizar la práctica del aborto en casos de embarazo por delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, y peligro para la vida o la salud de la madre.
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