Las organizaciones sociales e indígenas de mujeres y las operadoras políticas del oficialismo cierran filas en defensa del artículo 157 del proyecto de Ley de Sistemas Penales, que plantea despenalizar el aborto a las ocho semanas de embarazo por situación de pobreza, la tenencia de más de tres hijos o la condición de estudiante sin recursos para la manutención del futuro hijo.

La Confederación de Mujeres Interculturales de Bolivia envió el martes una carta al presidente Evo Morales, en la que se atribuye la coautoría del proyecto de ley, y señala que las razones para despenalizar el aborto son la pobreza, la falta de recursos en que viven, porque ya no quieren contar con una familia numerosa y en muchos casos por problemas de salud, desnutrición y otras complicaciones.

La presidenta intercultural, Ama Coaquira, junto con sus dirigentes, aseguró que las mujeres siguen siendo obligadas a tener relaciones sexuales sin preservativos ni anticonceptivos, por lo que abogan por el derecho a decidir sobre sus propias vidas.

La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolinas Sisa, Juanita Ancieta, anunció que convocarán a talleres informativos para socializar el proyecto de Ley del Sistema Penal, que no solamente se trata del tema del aborto, sino de otros alcances en la administración de justicia.

Desafió a quienes se opongan al proyecto que hagan conocer una propuesta alterna para trabajar entre todos una posición consensuada, aunque consideró el tema del aborto como delicado, por lo que sugirió a la Asamblea Legislativa dar más tiempo para socializar.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo en una entrevista con Unitel, que la propuesta referida al aborto se trata de justicia, salud y equidad social, porque en Bolivia no pueden haber las mujeres que se diferencian entre las que tienen plata para interrumpir el embarazo y las que no tienen “que se mueran”.

“Eso no lo podemos seguir sosteniendo en una sociedad moderna y que pretende equiparar los derechos de todos y todas”, manifestó al remarcar que en Bolivia mueren 500 mujeres al año por practicarse el aborto clandestino.

Por su lado, la ministra de Salud, Ariana Campero, pidió respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y evitar muertes por intervenciones mal practicadas y recordó que el 13% de los casos de mortalidad materna se debe a los abortos, que ahora se realizan en Bolivia al margen de la ley.

Indicó que en la mayoría de estos casos, las afectadas son jóvenes de bajos recursos, víctimas de violencia sexual, que recurren a consultorios clandestinos. “No puede morirse ninguna mujer, tenemos que ser bastante más pragmáticos y objetivos", señaló Campero.

En contrapartida, ayer se conformó un "Grupo Parlamentario Pro Vida" que se declaró contrario a la despenalización del aborto.

"Respetamos la vida femenina, 'independiente y originadora de vida', y porque defendemos el derecho a la vida de los no-natos desde el momento mismo de su concepción", versa el manifiesto por la vida firmado, entre otros, por el diputado sucrense Horacio Poppe, que anunció las acciones necesarias para hacer prevalecer el derecho a la vida.

RECHAZO

La Iglesia Católica de Bolivia rechazó el pasado lunes que el Ejecutivo, que debate las modificaciones al Código del Sistema Penal, declare legal el aborto durante las primeras ocho semanas de gestación en los casos señalados.

"Esta propuesta de ley distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia, como si ser pobre fuese justificativo suficiente para violar cualquier ley", señala el comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana, leído por el monseñor Aurelio Pesoa.

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