Bolivia decide acudir a la CIDH por detenciones

Tras dictarse la detención preventiva por 120 días para los nueve bolivianos detenidos el pasado domingo en la fontera con Chile, Bolivia determinó acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la "agresión" de ese país por la privación de libertad de los connacionales que realizaban tareas de control aduanero.

"Es una preocupación, es una agresión al derecho internacional. Vamos a responder por la vía del derecho. Vamos a denunciar ante la Comisión Intercamericana de Derechos Humanos (CIDH)", reaccionó ayer el ministro de Defensa, Reymi Fererira, al denunciar a Chile por "pisotear" los derechos de los bolivianos y que se demandará su inmediata liberación, con relación a lo sucedido a mediodía en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

La autoridad deploró que no exista reciprocidad por parte de la administración de la presidenta Michelle Bachelet, cuando en anteriores oportunidades Bolivia entregó a súbditos de ese país que cruzaron ilegalmente la frontera.

El accionar de la justicia y las declaraciones de las autoridades chilenas, que acusan a los dos militares y nueve funcionarios de la Aduana de cometer delitos, fueron rechazadas también por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Luis Ariñez. "Hay un sentimiento de indignación, debemos calificar esto como un despropósito mayúsculo", aseguró Ariñez, en la misma línea de varias autoridades y representantes en todo el país.

Los representantes del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Edgar Tola, y el senador Omar Aguilar (MAS), junto a otros legisladores, señalaron, desde Santa Cruz, que la detención genera inseguridad y preocupación.

El ministro Ferreira, por otra parte, adelantó que se convocará a la Cruz Roja internacional para que constate la "tortura" que sufrieron los compatriotas al momento de ser capturados por un grupo de "chuteros" y carabineros. "Se ha cumplido la sentencia que dictó (Heraldo) Muñoz. No los vamos a abandonar, el Gobierno hará todas las acciones para que se pueda repatriar a estas personas", señaló Ferreira en referencia a lo dicho por el Canciller chileno, el martes: que todo aquel que entre ilegalmente a territorio chileno irá preso.

“Esta (detención) es una represalia a la acción judicial que Bolivia ha iniciado en 2013”, añadió Ferreira respecto al juicio instaurado en la CIJ para lograr una negociación que permita una salida al mar.

El presidente Evo Morales opinó de la misma forma a través de su cuenta en Twitter, en la que escribió: "La sentencia del Canciller de Chile, Muñoz, de mandar a prisión a compatriotas bolivianos, se cumplió. ¿Cuál independencia de poderes?".

Ferreira, en su cuenta de Facebook, también alentó a no consumir productos chilenos, bajo el argumento de que son de "contrabando”.

Para la diputada opositora, Lourdes Millares (UD), los nueve bolivianos encarcelados "ilegalmente" en Chile deben quedar bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "En atención al carácter fundamental de los derechos a la libertad y a la vida, el Gobierno debe realizar las gestiones inmediatas en la ONU en Bolivia, para que coloque bajo su tutela a los bolivianos ilegalmente detenidos, mientras se determine técnicamente en qué territorio se encontraban el día de su secuestro", indicó.

Audiencia EN CHILE

Ayer, la magistrada del juzgado de garantía de Pozo Almonte, Isabela Alejandra Peña Sifuentes, justificó su decisión de dictar detención preventiva, considerando que "hay peligro evidente de fuga porque ninguno de los imputados mantiene domicilio o arraigo dentro de territorio chileno".

El abogado contratado por el Gobierno boliviano para defender a los detenidos, Claudio Vila, anticipó que se apelará la decisión, debido a que se considera injusto el accionar de Carabineros y se ratifica que la intervención a los camiones fue en territorio boliviano.

"Nosotros mantenemos la teoría de que no ha habido delito, los ciudadanos fueron detenidos en territorio boliviano, ayudados por una turba de ciudadanos chilenos. Lo primero que vamos a hacer es apelar la decisión de la magistrada", señaló.

Corre un plazo de cinco días para impugnar la decisión. "Es grave lo que ha ocurrido, no por ser extranjeros o por no tener domicilio no pueden cumplir otra medida que no sea la detención preventiva", acotó Vila.

Los nueve detenidos son: Carlos Calle Soliz y Alex Johnny Carvajal Uchani (capitán y suboficial), David Quenallata Laurel, Carl Luis Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Mendez y el sucrense Diego Guzmán.

VIOLENTA DETENCIÓN

Enmanillados, tendidos boca abajo y con un arma apuntándolos, así carabineros de Chile detuvieron a los nueve ciudadanos bolivianos en la frontera con ese país durante sus tareas de control aduanero, según se advierte en las fotografías difundidas ayer por la Fiscalía chilena, durante la audiencia de ayer.

Además de detenerlos, los carabineros incautaron el motorizado, armas y otros equipos de los militares y funcionarios de Aduana.

Comienzan los festejos

El Presidente encabezó ayer el cortejo de traslado de los restos mortales del héroe del Pacífico, Eduardo Abaroa, hasta la plaza del mismo nombre, en el marco del inicio de los actos de conmemoración al Día del Mar y a los 138 años de la pérdida del Litoral tras una invasión chilena en 1879. Similares actos se reeditaron en todo el país y continuarán hoy.

En 1825, Bolivia nació a la vida independiente con una costa de 400 kilómetros sobre el Pacífico; 54 años después, en 1879, Chile invadió y ocupó por la fuerza el territorio del departamento de Litoral.

Preocupación por funcionario sucrense de la Aduana detenido en Chile

Una panorama de profunda tristeza y preocupación se cierne en el hogar de la familia Guzmán Vásquez, cuyo hijo Diego, uno de los nueve bolivianos detenidos por Carabineros de Chile, fue enviado al centro penitenciario de Alto Hospicio en Chile, tras que un juzgado dictara su detención preventiva.

Sus padres aseguran no tener mucha información ni contacto sobre el estado de su hijo y no ocultan su frustración por no poder apoyarlo en estos momentos, según señalaron a medios televisivos locales.

La oficina de la Aduana se comunicó ayer por la tarde con la familia.

Diego Guzmán Vásquez, el segundo de cuatro hermanos, es natural de Sucre, estudió en el colegio Don Bosco y en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Se desempeña en el cargo de Técnico I en Control Aduanero.

La familia niega rotundamente que Diego haya estado robando como deslizó en pasados días la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lamenta el accionar de la justicia chilena y llama a las autoridades bolivianas a hacer todos los esfuerzos para posibilitar su retorno.

En redes sociales compañeros y amigos de Diego le expresan su solidariad por el difícil momento que atraviesa.

Ayer por la tarde, en La Paz,familiares de los aduaneros encarcelados se reunieron con la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, y expresaron su incertidumbre y temor por la peor de las injusticias tras la determinación de prisión preventiva para los suyos dictado por la justicia chilena.

Exigen liberación

Tanto el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, como el gobernador Esteban Urquizu, coincidieron ayer en exigir la libertad para los nueve bolivianos detenidos que se encontraban luchando contra el contrabando.

Arciénega pidió a la comunidad internacional que intermedie para su pronta liberación, en tanto que Urquizu vinculó la acción con el "nerviosismo" de las autoridades de ese país por el juicio ante La Haya.

En la justicia chilena

A pedido de la Fiscalía, la magistrada chilena Isabela Alejandra Peña Sifuentes, del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, determinó la detención preventiva, por 120 días, de los nueve bolivianos capturados en la frontera el domingo 19 de marzo. Los acusan de los delitos de robo con intimidación y violencia; portación y tenenecia ilegal de armas; y contrabando, cargos cuya sanción bordea los diez años de cárcel. La defensa boliviana anunció que apelará la decisión judicial.