Gobierno denuncia otra agresión de Chile en momento de tensión

En medio de la crisis diplomática entre Chile y Bolivia, el gobierno del presidente Evo Morales denunció ayer un nuevo atropello de las autoridades del vecino país. La ministra de Comunicación, Gisela López, reveló que funcionarios chilenos de Migración violaron el derecho a la libertad de información de dos periodistas de Bolivia TV, ayer, en el aeropuerto de Iquique.

Luego de permanecer retenido por más de tres horas en el aeropuerto de Iquique, el camarógrafo del canal estatal, Erick Condorena, fue devuelto a Bolivia por autoridades migratorias chilenas que le negaron el ingreso a ese país.

Acompañado de la ministra López, el camarógrafo relató que es la primera vez en su larga trayectoria profesional que le impiden el ingreso a un país para realizar su trabajo de cobertura informativa.

Condorena explicó que viajó junto con la periodista Sandra Mariscal para realizar la cobertura de la visita de familiares de los ciudadanos bolivianos detenidos en el penal de Alto Hospicio, Tarapacá.

Por su parte, la periodista Mariscal tuvo un contacto telefónico con el canal estatal y confirmó que después de estar incomunicada, pudo contactarse mucho después de su retención con autoridades diplomáticas bolivianas gracias a la ayuda de una funcionaria de la aerolínea Amaszonas, que le prestó su teléfono celular.

La periodista, luego de firmar un compromiso de que no ejercerá funciones periodísticas, fue admitida en ese país en calidad de turista.

La ministra López complementó que la misión encomendada al equipo de prensa era realizar una cobertura global al conflicto suscitado como consecuencia de la detención de nueve bolivianos en la frontera con Chile.

La autoridad reiteró que se denunciará el atropello ante instancias internacionales porque se trata de una vulneración a la normativa que protege el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión e información. "Nosotros vamos a apelar a los organismos internacionales que velan por la libertad de prensa en el mundo para hacer una denuncia internacional y planteamos también que los gremios, los organismos que tienen que ver con la prensa en Bolivia y también fuera de Bolivia puedan hacer de esta denuncia", remarcó.

Luego que López hiciera pública la denuncia, fue retrucada por el diputado chileno Jorge Tarud que a través de su cuenta de Twiter aseguró: "No hay detención, no falte a la verdad. Periodistas debieron acreditarse ante consulado en La Paz y tendrían todas las facilidades".  Y añadió que existe una instrucción de las autoridades bolivianas para "hacerse las víctimas".

Al respecto, López lamentó que Tarud falte a la verdad y le recordó que "los medios deben acreditarse evidentemente para ejercer funciones cuando llegan a un país extranjero, pero no lo dejaron entrar al vecino país. Lo han obligado a ir a otra línea aérea y lo han devuelto al país. Que diga la verdad", enfatizó.

El defensor del Pueblo, David Tezanos, afirmó que el vecino país infringió la normativa internacional que garantiza la libertad de prensa y el acceso a la información.

También el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar, condenó el hecho.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) también reclamó al gobierno de Chile "un trato digno, humanitario y respetuoso" para los periodistas bolivianos.

El presidente de Honor de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Iván Canelas, afirmó que se violaron la libertad de expresión y el derecho a la información.

Este nuevo episodio en las tensas relaciones diplomáticas se suma a lo ocurrido hace dos semanas, cuando Carabineros de Chile obligaron a retirar una bandera boliviana en Antofagasta y a la detención, el pasado domingo, de dos militares y siete funcionarios aduaneros en la frontera durante tareas contra el contrabando. Los detenidos fueron enviados a la cárcel.

Justicia chilena definirá si libera a detenidos, la próxima semana

La próxima semana, la Corte de Apelaciones de Iquique definirá si levanta la prisión preventiva impuesta a los nueve ciudadanos bolivianos –dos militares y siete funcionarios de Aduana– detenidos en la frontera con Chile.

Un reporte del periódico La Estrella de Iquique señala que corre el plazo de cinco días para que la defensa apele, como ya lo anunció, la decisión del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte que el pasado 22 de marzo determinó la detención preventiva de los bolivianos.

Claudio Vila, abogado de los bolivianos sobre quienes pesan acusaciones por contrabando, robo con violencia y porte de armas prohibidas, anunció que apelará al fallo.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte negó a los bolivianos la posibilidad de que se defiendan en libertad de las acusaciones de la justicia chilena. Según los términos procesales, ante un eventual juicio, la etapa de investigación se prolongaría por 120 días, periodo que los detenidos permanecerán en la cárcel de Alto Hospicio, de la ciudad de Tarapacá, de no ser atendida la apelación.

Vila cuenta con cinco días para demandar ante el tribunal de apelación por la libertad de sus representados.

Según la Fiscalía chilena, el pasado domingo, los militares comenzaron a disparar a un camión chileno, obligando al conductor y su copiloto a descender y entregar las llaves del motorizado.

La defensa sostiene que los imputados se limitaban a realizan labores de fiscalización y control, en una región donde su misión es combatir al contrabando.

Ayer, Sara Rada, la madre de uno de los funcionarios presos en Chile, expresó su tristeza porque no recibió apoyo del Gobierno para viajar a visitar a su hijo.