Gobierno no descarta recurrir a otras instancias internacionales

El Gobierno boliviano estudia otras instancias internacionales para denunciar la detención de nueve bolivianos en Chile, reveló ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, mientras actores de la oposición reclaman que el Estado no haya actuado adecuadamente.

"Nosotros creemos que es la vía diplomática la que desde siempre debió activarse. No es algo que se esté activando luego de la definición de las instancias jurisdiccionales en Chile. Fue siempre una opción y lo seguirá buscando la Cancillería, pero tampoco descartamos la posibilidad de acudir a otras instancias internacionales para denunciar la situación de los nueve compatriotas", manifestó Montaño en contacto con los medios.

Si bien la autoridad no quiso mencionar a que instancias se recurrirían, alegando que no le correspondía informar sobre ese tema, indicó que dichas acciones ya comenzaron y puso como ejemplo la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto al maltrato que recibieron periodistas bolivianos en aeropuertos chilenos.

Bolivia ya denunció este hecho en distintos foros de la ONU, la OEA, ALBA y UNASUR, sin resultados

"Creemos que en todas las instancias internacionales Bolivia puede alzar la voz en términos de defensa de los Derechos Humanos y lo vamos a hacer", agregó. Asimismo, Montaño aseguró que la defensa de los detenidos seguirá en todo el proceso penal y criticó a la justicia chilena por mantener sus acusaciones contra los compatriotas detenidos sin contar con las pruebas necesarias.

"¿Dónde están esas mercancías contrabandeadas? Esa acusación no tiene ni pies ni cabeza. No existen pruebas y no van a existir nunca, por lo tanto la Fiscalía chilena jamás va a tener la prueba de contrabando contra gente que sí estaba luchando contra ello", indicó.

En esa misma línea, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Chile de rechazar el pedido de cesación de la detención preventiva de nueve bolivianos vulnera los derechos ciudadanos sobre todo por la forma cómo fueron detenidos.

Sugirió al Estado boliviano acudir a los organismos internacionales para denunciar la forma violenta de detención de los ciudadanos bolivianos y lamentó que la diplomacia chilena jamás hubiera dado curso al pedido de los bolivianos, lo mismo que pasa ahora en la justicia.

Silencio de la CIDH

Por su parte, el Defensor del Pueblo, David Tezanos, reclamó por el silencio que guarda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el accionar de las autoridades chilenas respecto al trato que recibieron periodistas bolivianos en el ejercicio de su profesión en Chile.

Hay "un silencio de la CIDH muy preocupante cuando ya se ha visto (hasta) una autocrítica de los propios periodistas chilenos que se pronunciaron exigiendo la reparación del hecho y que no existan más de estas restricciones a la libertad de expresión", dijo.

Sin embargo, advirtió que "también juega en contra (...) que precisamente los países que más aportan a la CIDH reciben un trato más benigno de parte de esta instancia y nos preocupa mucho este tema porque al presente no tenemos una respuesta de la CIDH", insistió

Críticas

Lamentando la situación de los detenidos, el opositor y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, por su parte, criticó el fracaso del Gobierno porque "no está actuando de la manera adecuada". "Pensaron que iban a resolver con una acción que han llevado adelante y ha fracasado sistemáticamente. El país vecino está utilizando ese tema para mostrar una mala imagen de Bolivia", declaró.

Para el político opositor, el Gobierno chileno utiliza este tema para sumar puntos a favor en cuanto a la demanda marítima que presentó Bolivia ante la Corte de la Haya. Además, indicó que algunas acciones como el apoyo a Siria y a Venezuela perjudican a la imagen del país ante organismos internacionales. "Esperamos de un cambio de actitud del Gobierno. Si tenemos una contundente victoria ante La Haya el siguiente paso va a ser una negociación con Chile, pero ¿qué hace el Gobierno? Esta inviabilizando la posibilidad de reconversar con el país vecino", añadió.

Este caso se sobredimensionó

Roberto Celedón

ABOGADO DEFENSOR

Roberto Celedón, abogado chileno que defiende a los nueve bolivianos detenidos, consideró que las autoridades de ese país malinterpretaron y sobredimensionaron el caso y señaló que nunca se debió llegar hasta las instancias judiciales para resolver el conflicto.

"Yo como ciudadano (chileno) debo decir que nuestras autoridades malinterpretaron, sobredimensionaron y eventualmente, en este incidente fronterizo, vieron una posibilidad de 'imputar' cierta intencionalidad del gobierno de Bolivia, pero conociendo los hechos, (sabemos) que esta situación fue provocada exclusivamente por contrabandistas", afirmó.

"Esto nunca debió llegar a las instancias judiciales, nunca, siempre desde el primer momento habían caminos diplomáticos para resolver esta situación, pero lamentablemente no se sigue el camino breve y justo", dijo.

"Yo como ciudadano (chileno) debo decir que nuestras autoridades malinterpretaron, sobredimensionaron y eventualmente, en este incidente fronterizo, vieron una posibilidad de 'imputar' cierta intencionalidad del gobierno de Bolivia, pero conociendo los hechos, (sabemos) que esta situación fue provocada exclusivamente por contrabandistas", afirmó.

"Esto nunca debió llegar a las instancias judiciales, nunca, siempre desde el primer momento habían caminos diplomáticos para resolver esta situación, pero lamentablemente no se sigue el camino breve y justo", dijo.

Problema netamente judicial

Jorge Tarud

DIPUTADO CHILENO

Para el diputado Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile, la detención de los nueve bolivianos en Iquique es un tema judicial en el que su Gobierno no tiene ninguna "injerencia".

“Es un tema netamente judicial, usted ha visto que esto se ha llevado dentro del proceso jurídico que tenemos del estado de derecho y ellos han hecho una petición de amparo que ha sido rechazada, por lo tanto, es un tema netamente de robo que se realizó en territorio chileno”, señaló a radio Cámara de Chile.

Asimismo, indicó que no existe la figura posible de indulto para los detenidos porque no hay condena; sin embargo, abrió la posibilidad de viabilizar una solución que no sea la jurídica. “Ahí sí le corresponde al Gobierno ver si hay un efecto legal factible de que eventualmente esta gente sea expulsada del país”, dijo.

Niegan que los bolivianos no porten credencial

El ministro de la Presidencia, René Martínez, negó ayer la versión de una supuesta ausencia de documentación, para demostrar que siete de los nueve encarcelados bolivianos en Chile son funcionarios de Aduana, quienes cumplían con tareas de lucha contra el contrabando cuando fueron detenidos.

La autoridad lamentó que de parte de Chile "se está imponiendo una lectura política" en el proceso contra los compatriotas detenidos en el penal de Alto Hospicio y agregó que "al ser integrantes de una entidad de lucha contra el contrabando, es natural que puedan portar armas"; lo que deja sin sustento la acusación de portación ilegal de armas por parte de la fiscalía.

Martínez hizo notar que en Chile existe una "polaridad de criterios" en cuanto al curso que sigue el proceso contra los nueve bolivianos ya que hay quienes cuestionan la judicialización y afirman que el caso debería tratarse como un tema diplomático", dijo.