Postergado el diálogo con los médicos hasta el lunes
Una acción de la Defensoría paró las negociaciones entre Salud y el Colegio Médico de Bolivia
No prosperó ayer el diálogo entre el Colegio Médico de Bolivia y el Ministerio de Salud. Una acción popular activada por el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, contra los galenos frustró una posible salida al conflicto. De todos modos, las partes enfrentadas acordaron volver a sentarse a la mesa del diálogo el lunes.
"Hemos sido convocados a un diálogo sincero y práctico (...) y, mientras nos daban (señales de) buenas intenciones, el Defensor del Pueblo, con una puñalada en la espalda, estaba presentando la acción popular en contra del Colegio Médico", se quejó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz.
La ministra de Salud, Ariana Campero, hasta antes de que se conociera esa noticia, había aceptado discutir con la dirigencia del sector las observaciones a la Ley de Libre Afiliación y al decreto de creación de la Autoridad de Fiscalización de Salud, los motivos del paro que cumplieron los dos últimos días los médicos del país.
Tras enterarse de la acción de la Defensoría, la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia, visiblemente molesta, decidió suspender el diálogo.
Campero, que dijo que insistirá en el diálogo, se quejó por la actitud del Colegio Médico de Bolivia. "No creo justo que nos echen la culpa de algo que haga el Defensor del Pueblo", protestó.
"Queremos escucharlos. No es pedir por pedir la abrogación de las normas", agregó la Ministra, que insistió en que se deben analizar de manera técnica y jurídica las medidas gubernamentales que rechazan los médicos.
"La Ministra nos ha invitado a dialogar el lunes a las 9:00. Vamos a asistir, y nuestras bases estarán en la puerta del Ministerio de Salud, para garantizar la seguridad de los dirigentes y del Colegio Médico", respondió, poco después Cruz, tras poner fin al primer intento de diálogo.
Por su parte, Tezanos dijo que una cosa son las huelgas por derechos laborales y algo muy diferente asuntos administrativos que violan el derecho a la salud de las personas.