El diputado opositor Rafael Quispe (UD), suspendido del cargo en diciembre de 2016 por el lapso de seis meses, acusó ayer al Tribunal Constitucional por retardación de justicia en su caso.
Según el legislador, hace más de cinco meses que el TCP no resuelve su causa, que le permitiría –así lo cree él– volver a ocupar su curul.
Quispe fue suspendido del cargo el 21 de diciembre de 2016, acusado por el delito de “beneficios en razón del cargo”, según contó ayer, delito que negó haber cometido.
El legislador presentó un amparo ante el TDJ de La Paz, que lo rechazó “in límine”. El TCP no se pronuncia casi seis meses después. Su suspensión fenece este mes.
