Fallo oficializa tope máximo de cultivos de coca
Cocaleros de Yungas declaran emergencia y los de Chapare expresan su satisfacción
CULTIVOS. Las hectáreas de plantaciones legales de coca dividieron a los productores. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró ayer constitucionales los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca, que elevan la superficie máxima permitida para cultivar el arbusto verde, provocando la declaratoria de emergencia de ADEPCOCA y la conformidad del Gobierno y de los cocaleros del Trópico cochabambino.
Los artículos de la Ley General de la Coca declarados constitucionales están referidos a las zonas legales de cultivo. La norma fija en 22.000 hectáreas el límite: 14.300 hectáreas en Yungas de La Paz y 7.700 hectáreas en el Chapare.
En mayo, un grupo de parlamentarios opositores y cocaleros de Yungas presentaron una acción abstracta de inconstitucionalidad contra los citados artículos de la Ley 906, argumentando que eran contrarios a la Constitución Política del Estado (CPE) y la Convención de Viena.
A juicio del TCP, en la redacción de la normativa promulgada el 8 de marzo de 2017, “no se advierte” que los artículos impugnados “vulneren el texto constitucional”. Por lo que resolvió declarar la constitucionalidad de los mismos.
Los asambleístas demandaron la inconstitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 sobre la zonificación de hectáreas cultivables de coca, planteando que la misma debió ser hecha por un organismo especializado sobre la base de la Convención de Viena y no fijarse a través de una simple Ley.
Sin embargo el magistrado relator de la sentencia, Zenón Bacarreza, argumentó que con la nueva Constitución "ingresamos al momento fundacional en la historia del Estado boliviano: el Estado Plurinacional Comunitario, el que como Tribunal Constitucional Plurinacional, estamos obligados a construir profundizando el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización".
Afirma además que dentro del Estado Plurinacional Comunitario, la comprensión de los derechos, deberes y garantías de las naciones originarias, no puede realizarse desde la óptica del constitucionalismo liberal, sino más bien abrirse a una pluralidad, entendida como derecho de colectividades.
Señala además que la Ley responde a la obligación que tiene el Estado de proteger a la coca, identificando sus atributos o cualidades de originaria y ancestral, “como lo prevé la Ley 906 General de la Coca”.
Con este fallo y tras el referido a la Ley de Identidad de Género, al TCP le queda resolver dos asuntos polémicos en un mes: la demanda sobre la reelección presidencial y la intangibilidad del TIPNIS.
YUNGAS CONTRA CHAPARE
Los productores yungueños agrupados en ADEPCOCA cuestionan desde hace meses que con la Ley y por una decisión política en la Asamblea Legislativa Plurinacional se legalice la coca que antes era considerada ilegal, la que se cultiva en el Chapare, bastión político del oficialismo.
En la Ley 1008 de lucha contra el narcotráfico, que quedó anulada con la vigencia de la 906, sólo se reconocía la legalidad de 12.000 hectáreas en la zona tradicional de Yungas, mientras consideraba ilegal y sujeta a erradicación la coca del Chapare.
Para el oficialismo, el límite fijado en la nueva norma responde a la actual demanda legal de coca en el país. Pero los opositores argumentaron en su demanda que la Ley 906 legaliza áreas que no son consideradas ni ancestrales ni milenarias para el cultivo de la hoja de coca.
Sobre el fallo, ayer en Sucre, el dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, afirmó que "es una respuesta positiva a las grandes luchas de las familias cocaleras del país".
“Expresar nuestra alegría y entusiasmo y saludar y aplaudir al Tribunal Constitucional”, dijo Loza, quien llegó a la Capital para participar de la marcha en apoyo a la repostulación del presidente Evo Morales para los comicios de 2019.
Gobierno saluda sentencia y dice que le da la razón
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que el fallo del Tribunal Constitucional demuestra la política coherente del Ejecutivo en el tema de plantaciones de coca.
"Poner esos límites y legalizarlos en una Ley es una política coherente con lo que hemos venido haciendo estos años y el Tribunal Constitucional Plurinacional acaba de decirnos que eso es constitucional", dijo.
Para el Gobierno, los productores de coca deben estar contentos con la sentencia. Romero dijo que con ese fallo "podemos aplicar plenamente la Ley (de la Coca), saludamos el fallo del Tribunal Constitucional, porque ratifica aquello que Bolivia ha venido avanzando en materia de contexto internacional".
