El Gobierno calificó ayer de abuso la acción legal que el consorcio suizo Glencore emprendió para exigir el pago de 675 millones de dólares y presentará un memorial de respuesta ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, anunció el procurador General del Estado, Pablo Menacho.

“Mediante nuestra defensa, demostraremos al Tribunal Arbitral el abuso del derecho por parte de Glencore, empresa que pretende extender indebidamente la protección que los tratados bilaterales ofrecen a inversionistas extranjeros a activos ilícitamente adquiridos", dijo.

La suiza Glencore reclama a Bolivia el pago de unos 675,9 millones de dólares como monto de indemnización por la reversión hace cinco años del yacimiento de estaño de la mina Colquiri y en 2007 de la planta de fundición de estaño Vinto de Oruro.

"La demanda se basa en informes periciales arbitrariamente inflados y de carácter especulativo", destacó Menacho, titular de la Procuraduría General del Estado (PGE).

MILLONARIA DEMANDA

La firma suiza pide una indemnización de 387,7 millones de dólares por la mina Colquiri; unos 57,7 millones por la planta de fundición Vinto; 1,9 millones por sus predios; 600.000 dólares por reservas de estaño y unos 228 millones de dólares por intereses devengados.

“Ordene a Bolivia a compensar a Glencore Bermuda por las pérdidas que sufrió como consecuencia de los incumplimientos del tratado y el derecho internacional cometidos por Bolivia por un monto de 675,7 millones de dólares al 15 de agosto de 2017, más intereses devengados hasta el pago a una tasa comercial normal aplicable en Bolivia con capitalización anual”, señala una parte de la demanda.

Los mineros, pidieron ayer al Gobierno asumir una defensa legal y clara en torno a la demanda que la compañía europea interpuso para reclamar una compensación de 675 millones de dólares.

El ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, declaró que "no corresponde pagar ni un solo centavo", ya que consideró que "la empresa lo que ha hecho es lucrar" con los recursos naturales del país.

La demanda fue presentada tras una evaluación técnica de la consultora Compass Lexecon que solicitó la suiza Glencore para establecer los daños económicos que sufrió por la expropiación del Gobierno de Evo Morales.

Bolivia enfrenta otros cinco juicios internacionales por unos 650 millones de dólares por expropiación de empresas, acciones iniciadas por la inglesa British Petroleum, la española Abertis Infraestructuras, la canadiense South American Silver Limited, la india Jindal Steel y de las empresas chilenas Quiborax-Non Metallic.