Asamblea avala procesar a empresas por evasión
García Linera acusa a políticos y empresarios de "robar" al país y Doria Medina, señalado en el informe, cuestiona ataques infundados
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó anoche el procesamiento de dos empresas investigadas por supuesta evasión fiscal y más investigaciones sobre otras diez, una de ellas vinculada con el opositor Samuel Doria Medina, quien reaccionó indignado con la decisión.
La Asamblea recibió ayer el informe elaborado por la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá, tras año y medio de trabajo desde que en 2016 el Gobierno solicitó su puesta en marcha.
Del casi un centenar de empresas y personas investigadas, la Comisión recomendó enviar dos casos al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado, para que "inicien las acciones legales correspondientes".
Una de ellas es la empresa oleaginosa IOL de la familia del opositor Branco Marinkovic, refugiado en Brasil tras ser acusado por sedición, por supuestamente haber acudido a paraísos fiscales para beneficiarse de una "menor tributación" que la del país.
La otra corresponde a la empresa COMTECO, por compra de acciones a través de un entramado empresarial.
En otros diez casos, la Comisión recomendó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Servicio de Impuestos Nacionales y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, según cada expediente, investiguen más a fondo.
Uno de ellos se refiere a Akapana, una compañía de la familia del líder opositor Samuel Doria Medina, creada en Panamá, ante la "evidencia" de que pudo ser utilizada por otra sociedad para evadir al Fisco.
El presidente de la Comisión investigadora, Manuel Canelas (MAS) declaró que los parlamentarios analizaron con "mayor profundidad" seis expedientes.
Estos son los de "Entel, Comteco, el grupo familiar Marinkovic, grupo familiar Romero, Kreidler y Akapana, empresa de la familia Doria Medina", detalló.
UNA UIF FORTALECIDA
Una de las medidas sugeridas por la Comisión y confirmada por el vicepresidente Álvaro García Linera es el tratamiento a futuro de una Ley de Lucha contra los Paraísos Fiscales destinada a proteger los intereses del Estado boliviano.
El Vice cuestionó el rol “pasivo” de la UIF y pidió que se norme su funcionamiento “con nuevas competencias, mucho más proactivo y no tan pasivo como se ha demostrado en el caso de paraísos fiscales”.
“La UIF está en el siglo XIX. Los evasores de impuestos, políticos y empresarios están en el siglo XXI, viendo cómo roban al país con nuevas tecnologías, los de la IUF todavía están picando piedras. Esto es un llamado de atención interno”, añadió.
Calculó en 1.000 millones de dólares el daño económico al Estado que causaron las empresas bolivianas que usaron los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.
El opositor reaccionó: "El MAS me ataca sistemáticamente con toda clase de argumentos absurdos, como parte de su desprecio por los bolivianos que invierten y generan oportunidades para la gente".
Aseveró que "este ataque del Gobierno sigue a muchos que vienen realizando desde hace años y tampoco tiene fundamento legal" y resaltó que en su momento "Manuel Canelas, presidente de la Comisión de los Panamá Papers ha señalado públicamente que no existe una acusación en su contra".
