Los médicos cumplieron ayer un mes de huelga en un enfrentamiento con el Gobierno de Evo Morales que lejos de ver el final parece recrudecerse. El Jefe de Estado arremetió contra los dirigentes de los movilizados y volvió a condicionar el diálogo a la suspensión de las medidas de presión.

Los choques entre Policía y manifestantes que apoyan el paro se repitieron ayer en La Paz, pese al llamado del Gobierno para que los médicos cesen su protesta por razones "humanitarias" ante lo que ya califica de "emergencia".

El detonante del conflicto fue la inclusión en el nuevo Código Penal de un artículo que castiga incluso con la cárcel la mala praxis médica, unido a un Decreto para fiscalizar la sanidad pública.

En medio, según datos del propio Ejecutivo, se suspendieron al menos 8.000 intervenciones quirúrgicas y más de medio millón de consultas.

Mientras, se suceden denuncias de enfermos con casos dramáticos, que no pueden esperar a que se resuelva lo que Naciones Unidas en Bolivia definió como una crisis sanitaria nacional.

Los huelguistas advierten de que sólo cesarán su paro si el Presidente los recibe con ánimo dialogante, pero la respuesta de Evo Morales parece lejos de cualquier acercamiento.

LOS DICHOS DEL PRESIDENTE

"Cuestionar el Artículo 205 del Código significa ser confesos en negligencia médica", sentenció el Mandatario la tarde de ayer, a 535 kilómetros de distancia entre La Paz –centro de las mayores movilizaciones– y Villa Tunari, donde desarrolló su habitual agenda con entregas de obras y una reunión ampliada del Gabinete.

Morales fue categórico: "El médico responsable en la atención no tiene por qué preocuparse, pero hay médicos que se hacen pasar por médicos para hacer daño a la vida. No pueden defender eso".

Por la mañana y mediante Twitter, Morales manifestó que "si queremos garantizar la soberanía y la dignidad de nuestra patria, debemos identificar a los enemigos internos y externos de nuestro pueblo. La derecha usa cualquier pretexto para provocar conflictos. Busca desinformar, desprestigiar y desestabilizar. Conocemos sus mañas", en clara alusión al dilatado conflicto médico.

Una postura que refleja la "tozudez" del Gobierno, declaró a EFE el galeno Pablo Sotelo, que apoya a los huelguistas en La Paz, donde no deja de llegar gente a unos hospitales prácticamente vacíos en los que apenas se atiende emergencias.

Algunos médicos protagonizan huelgas de hambre en los propios hospitales, mientras otros renunciaron a puestos directivos en centros sanitarios y una gran mayoría marcha y bloquea.

Los médicos ganan a diario apoyo de otros profesionales, no sólo afines como los farmacéuticos sino incluso desde ámbitos como la abogacía o los ingenieros, y hasta de compañeros de otros países como Brasil o Paraguay.

El Gobierno respondió anunciando que no pagará los días no trabajados y que habrá despidos, además de organizar "ferias de salud" en la calle para atender a la población, en parte con médicos traídos de otros países, con un marcado acento caribeño y hasta ahora en pocas ciudades.

Sin que se vea una salida, pese a que se esperaba un gesto de alguna de las partes al llegar la Navidad, las movilizaciones se extienden por el país, con marchas numerosas en ciudades como Sucre, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Trinidad y Cochabamba.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, dijo que el sector espera "la apertura al diálogo" con el presidente Morales y los titulares de las cámaras de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, José Alberto Gonzales.

Sin embargo, los médicos advierten que no dialogarán si el Gobierno les pide que levanten las medidas de presión que vienen cumpliendo y pasarán la Navidad en los recintos de salud en los que se desarrollan las protestas.

Los llamados de ambas partes a dialogar se repiten a diario, sin atisbo alguno de fructificar, pese a los ruegos de entidades como la Iglesia Católica y asociaciones pro derechos humanos.

TENSIÓN RENOVADA

En La Paz, las protestas que días atrás se sucedían ruidosas pero pacíficas, tornaron desde el jueves en disturbios.

Al lanzamiento de canicas, piedras, petardos y otros objetos a la Policía, ésta responde con pelotas de goma, gases lacrimógenos y detenidos.

Ayer, una multitudinaria marcha integrada por médicos y estudiantes de Medicina recorrió las calles del centro para demandar que haya diálogo al más alto nivel con el Ejecutivo.

Al inicio de la movilización, miles se congregaron en una protesta que cobró tintes políticos. "Que se vaya Evo", "motín policial", "que renuncie Evo", "la UMSA se respeta" y "Bolivia dijo No", fueron algunos de los gritos que estudiantes universitarios, médicos y colectivos de otros sectores realizaron en puertas del Ministerio de Salud.

La marcha terminó en un cabildo que le recordó al Gobierno la victoria del No en el 21F. La multitud instó en su momento a que renuncien el Primer Mandatario y la ministra de Salud, Ariana Campero.

Fue luego de casi dos horas frente al Ministerio. Y en ese momento un grupo de estudiantes comenzó a detonar elementos explosivos, uno de los que impactó contra un vehículo policial antidisturbios, lo que ocasionó la reacción policial.

Una lluvia de gases lacrimógenos ahuyentó a los estudiantes hasta el atrio de la UMSA. Al igual que sucedió el jueves, la Policía intentó ingresar a predios de la casa de estudios, lo que enardeció los ánimos de los manifestantes, que con piedras, palos y otros objetos contundentes, alejaron a los efectivos del orden.

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, manifestó que sería inédito que en la etapa democrática se cumplan medidas de presión en plenas fiestas.

Transporte pesado advierte con bloqueo

Las organizaciones que agrupan al transporte pesado expresaron su rechazo ayer al Artículo 137 del nuevo Código del Sistema Penal y advirtieron con ejecutar un bloqueo nacional de caminos, con cierre de fronteras, en demanda de que se modifique esa norma.

El precepto se refiere al tipo penal de Homicidio Culposo con Medio de Transporte, el cual castiga con dos a cuatro años de cárcel, reparación económica e inhabilitación a los choferes que por impericia generen un hecho de tránsito con muerte.

El secretario general del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (SCHATIN), Pedro Quispe, informó que abogados analizaron la norma y alertaron que los choferes que incurran en ese tipo penal no podrán trabajar más, porque serían inhabilitados y, además, tendrán sus bienes en peligro porque se los puede rematar para pagar la reparación económica.

“No salimos a matar, salimos a trabajar. Le Ley está muy mal hecha”, manifestó.

Por su parte, el ejecutivo del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (CEATPENAL), Édgar Tola, criticó al nuevo Código Penal por “criminalizar al transportista”.

Remarcó que con la nueva norma la situación se agrava.

Ambos informaron que su sector está en emergencia y anunciaron que el martes se reunirán para definir medidas de presión.