La etapa previa a la fase de alegatos orales en el juicio marítimo que enfrenta a Bolivia y Chile en la Corte Internacional de la Justicia (CIJ) de La Haya, terminó por politizarse ayer en ambos países.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz emitió un comunicado en el que pide a los políticos invitados por el Gobierno a Holanda, declinar su viaje a la Corte.

El líder cívico, Fernando Cuéllar, dijo que los cívicos y la Coordinadora Departamental por la Libertad y Democracia apoyan las acciones para la reivindicación marítima, pero exhortaron a los políticos a declinar su viaje para no prestarse al "show" armado por el Gobierno.

“Hacemos un firme llamado a la clase política que ha sido invitada por el presidente para formar parte de la comitiva que viajará a La Haya, a que declinen de esa invitación y no se presten a la manipulación de tan noble causa", afirmó.

Agregó que la presencia de personalidades en esta comitiva busca transmitir a escala internacional una imagen de apoyo a la política del Gobierno que, en cambio, desoye con soberbia la voz del pueblo boliviano que, así como pide mar, también pide con vigor y claridad que se respete los resultados del 21F y la Constitución Política del Estado.

Cuéllar acotó que “imbuidos de un sincero espíritu patriótico, reafirmamos nuestro compromiso con la causa marítima y con el respeto a los resultados del 21F y la Constitución Política del Estado. Invitamos a la ciudadanía a acompañar los alegatos orales en La Haya izando nuestra tricolor en los domicilios, plazas, edificios públicos y privados”.

Cuéllar finalizó su declaración reafirmando la lucha por recuperar “lo que nos fue usurpado y reafirmamos nuestra lucha inclaudicable por evitar que nos estafen el voto y con él la democracia”.

Mientras tanto, el presidente Evo Morales confió en que la disputa no se dilate indefinidamente, puesto que Bolivia y Chile "eternamente van a ser dos países vecinos", que deben buscar una solución.

Morales presidirá la delegación que desde el lunes expondrá en La Haya los alegatos orales, considerados la etapa final del proceso.

EN LA VEREDA DEL FRENTE

Mientras tanto, el ex candidato presidencial chileno y senador por Antofagasta, Alejandro Guillier aclaró ayer sus dichos del lunes, en sentido de negociar con Bolivia un canje territorial a cambio de devolver al país la cualidad marítima.

"Los antecedentes históricos que he hecho referencia (el lunes) están fuera de contexto porque Bolivia cerró la puerta", puntualizó.

Frente a la polémica por sus aseveraciones en su país, sostuvo que él no inventó ninguna solución al centenario diferendo, sólo recordó algunas que ya existieron y que quedaron nulas porque el país acudió a la CIJ.

"Compensación territorial (…) y con soberanía. Lo planteó Pinochet, lo hemos planteado todos", aseveró el lunes por la noche en entrevista con CNN, generando duras críticas internas por parte de autoridades y ex autoridades chilenas.

Agregó que "en Chile hay confusión de lo que se está discutiendo en La Haya; no se está discutiendo la salida al mar de Bolivia, lo que se está discutiendo es si la Corte tiene atribuciones y facultades para obligar a Chile a una negociación que conduzca a un determinado fin".

Consultado sobre si Bolivia puede hacer uso de estos comentarios a su favor, el Senador expresó que: "Evo Morales ha manipulado y ha hecho abuso de muchas declaraciones que se han hecho y de estas propias negociaciones ha dicho que no eran de buena fe. Falso".

Evo pide que ONU o el Papa vigilen cumplimiento de fallo

El presidente Evo Morales expresó ayer su intención de que "mediadores" como Naciones Unidas o el papa Francisco supervisen el cumplimiento del fallo que emita la CIJ.

"Qué bueno sería que después del fallo haya algunos mediadores que hagan seguimiento", exclamó sobre la decisión que se espera a lo largo de este año.

"No sé si Naciones Unidas", indicó sobre esos posibles mediadores, ya que "tiene la obligación de hacer respetar los fallos".

"Tal vez el papa Francisco, tal vez otros organismos, personajes, eso tenemos pensado", dijo respecto a un fallo que el país espera favorable.

El Mandatario defendió que "un país democrático como Chile tiene la obligación de respetar cualquier resolución que emita la Corte". "Con la demanda vamos a terminar con la política de dilación del Estado chileno", recalcó.