Un día después de conocerse el fallo del juicio civil seguido contra Gonzalo Sáchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, la clase política nacional instó a que el proceso penal contra el ex presidente concluya con su extradición desde Estados Unidos.
"Para terminar de hacer justicia, lo que corresponde es que una vez sentenciados, puedan ser extraditados a nuestro país", argumentó el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada.
El jurado responsabilizó a Goni y a su ex Ministro de Defensa de las muertes de ocho personas en 2003 en el País y pidió indemnizar con $us 10 diez millones a familiares de las víctimas.
El Ministro transmitió ayer una declaración del gabinete ministerial, acordada en una reunión ordinaria con el presidente Evo Morales.
"Debe facilitar la extradición hacia territorio boliviano", recalcó el Ministro, para que ambos "se presenten ante la Justicia boliviana y rindan cuentas" ante lo que calificó como una "masacre".
La represión militar y policial de 2003 contra protestas sociales, por un proyecto gubernamental de exportar gas a bajo precio a través de Chile, dejó al menos 68 muertos y cerca de 400 heridos.
Sánchez de Lozada, de 87 años, y Sánchez Berzaín, de 58, residen y gozan de asilo en EEUU desde su salida de Bolivia en octubre de 2003. Estados Unidos rechazó en 2012 el pedido de extradición del Gobierno, por incompatibilidad en las legislaciones de ambos países.
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó una declaración de apoyo a la sentencia emitida por el jurado ciudadano de Estados Unidos por la denominada masacre de octubre de 2003, en tanto que legisladores de oficialismo y oposición también enfatizaron en la extradición del ex mandatario.
ENTRE CRÍTICAS
Líderes políticos de oposición aprovecharon la ocasión para criticar a la justicia boliviana y al Gobierno.
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, y el ex presidente Jorge Quiroga, por ejemplo, lamentaron que las víctimas hayan tenido que buscar justicia en otro país.
“Se ha hecho justicia, la misma que debemos hacer con todos los gobernantes que violan los derechos humanos y que desconocen la Constitución”, tuiteó el dirigente Samuel Doria Medina (UN).
"Tenemos un punto pendiente en la agenda democrática del país que es la lucha contra la impunidad de gobiernos constitucionales, pero autoritarios", mencionó, por su parte, el ex alcalde paceño Juan del Granado al recalcar que "falta de voluntad política" para la extradición.
"Es un precedente para todos quienes abusan del poder, para todos quienes creen que van a estar eternamente en el poder, para todos quienes abusan contra la población y cometen crímenes contra la población", acotó el opositor alcalde paceño Luis Revilla.
