Empresarios rechazan alza salarial y advierten
Microempresarios paceños piden reunión con Evo y, en Sucre, la COD marcha esta tarde, en rechazo al porcentaje del incremento
El sector empresarial reaccionó indignado, se declaró en estado de emergencia y avisó que revisará su relación con el Gobierno, en señal de rechazo al incremento salarial 2018 aprobado por el presidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB).
Además, ratificó sus temores de afectación a miles de empresas y graves consecuencias para la economía del país, mientras el Gobierno los llamó a acatar la determinación, en reconocimiento al aporte de la clase trabajadora al crecimiento económico.
El miércoles, tras una reunión entre el Presidente y la COB, se aprobó un aumento del 5.5 % al salario básico y del 3% al mínimo.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), mediante su presidente Ronald Nostas, convocó a todos los afiliados del sector a rechazar el incremento. "El sector empresarial boliviano se declara en estado de emergencia a nivel nacional y convoca a todas las organizaciones de empresarios y emprendedores a asumir una actitud militante contra estas medidas", remarcó.
Las 18 Cámaras Nacionales y ocho federaciones departamentales, calificaron los incrementos de "excesivos” y advirtieron que provocarán la destrucción del empleo formal en el país.
"El Gobierno y la COB provocaron la destrucción del empleo formal, no nos oponemos al incremento, pero debe ser sostenible", enfatizó Nostas y anunció que la CEPB ingresará en un proceso de "profunda reflexión sobre nuestro relacionamiento con el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que no estamos presentes en sus prioridades ni decisiones".
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) sostuvo que el aumento dictado implicará "el deterioro de la productividad industrial, el incremento del desempleo y un mayor déficit fiscal" y criticó sobre todo el anuncio del pago del doble aguinaldo, que es “un detonante que afecta al clima de inversión, producción y generación de empleo formal".
La Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través de su presidente, Marco Antonio Salinas, calificó de político el incremento y dijo que por lo tanto “deberá ser el Gobierno el que asuma su responsabilidad de este incremento”.
La Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) también se declaró en emergencia tras avizorar el cierre de unas 10.000 unidades productivas.
El incremento no sólo será pesado y difícil de cumplir para las empresas pequeñas y medianas, sino también para las grandes, señalaron sus dirigentes.
La FEDEMYPE de La Paz pidió una reunión con el presidente Morales y amenazó con huelgas y bloqueo de caminos.
La Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), lamentó las presiones ante las que cedió el Gobierno, al aprobar el incremento, anticipó que no podrá cumplir la imposición porque generará desempleo e informalidad en la región.
Rechazando los bajos porcentajes del incremento, la COD y el Comité Cívico chuquisaqueños también cuestionaron al Gobierno.
La entidad obrera marchará esta tarde en señal de protesta.
VOCES DEL GOBIERNO
El Jefe de Estado exhortó ayer a los privados a cumplir el “razonable” incremento. “Hago un llamado al sector privado, es importante reconocer el esfuerzo de los obreros, de los trabajadores”, dijo en un acto público en Tarija.
“Ni en el Estado ni el (sector) privado, si no fueran los obreros, esa industria no funciona y la mejor forma de reconocer es justamente con el incremento salarial razonable para el trabajador, pero también tomando en cuenta al sector privado e industrial”, remarcó.
El ministro de Economía, Mario Guillén, ratificó los porcentajes de aumento anunciados y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, José María Alessandri, afirmó que las condiciones para pagar el segundo aguinaldo están dadas y que el Gobierno no está forzando el pago de ese beneficio este año, antesala a los comicios de 2019.
Finalmente, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, defendió el aumento porque tiene un efecto positivo y dinamizador para la economía.
Rechazo a ley
Los empresarios privados también cuestionaron la inminente aprobación de la Ley de Empresas Sociales, por considerarla un “grave atentado contra la propiedad privada en el país porque fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores y deja a las empresas en indefensión frente a la toma de unidades productivas”. Solicitaron que el tratamiento de la norma se paralice.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió que ese proyecto “alentará el sabotaje y la ineficiencia de los trabajadores de unidades productivas y de servicios con la finalidad de apropiarse de las empresas privadas”.
