El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas observó al Gobierno de Bolivia la falta de procesos de consulta a los pueblos indígenas que se verán impactados por los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas, incluyendo a los guaraníes, mosetenes, tacanas, tchimanes, lecos, ese ejjas y uchupiamonas.

Al concluir el evento realizado del 16 al 27 de abril en Nueva York, Estados Unidos, el Foro pidió al Comité Económico y Social que adopte medidas y tome atención sobre estos procesos.

El encuentro también insta al Gobierno de Bolivia a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y a asegurarse de que éstos ejerzan sus derechos de acuerdo con los estándares internacionales sobre derechos humanos.

El Foro Permanente reitera su llamado a los estados miembros a establecer mecanismos y procesos para lograr diálogos comprensivos y consultas con los pueblos indígenas, con el objetivo de obtener su consentimiento previo, libre e informado, con relación a proyectos susceptibles de afectar sus territorios y recursos.

El proyecto El Bala-Chepete se encuentra ubicado en el norte de La Paz y en el departamento del Beni, donde las mancomunidades indígenas expresaron sus temores por el impacto ambiental y la afectación a los pueblos de los alrededores.

Rositas está en el departamento de Santa Cruz, donde sigue pendiente de resolución una acción popular interpuesta por dirigentes indígenas y un juez de Lagunillas abrió competencia ordenando paralizar momentáneamente el proyecto.

La semana pasada, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tomó contacto con los representantes de la Área Natural de Manejo Integrado de Río Grande y Valles Cruceños (ANMI) y dirigentes de los pueblos posiblemente afectados para darles una explicación sobre los alcances y beneficios del proyecto.

El representante de ANMI, Gary Rodríguez, dijo que a partir de este encuentro se establecerán mesas de diálogo para profundizar el debate. Días después el ministro de Energía, Rafael Alarcón, restó importancia al acuerdo que supuestamente reconoció la vigencia de un Comité de Defensa Tierra y Territorio de Comunidades asegurando que el Gobierno tiene contacto directo con los pobladores.

El proyecto busca inyectar 600 megavatios al Sistema Interconectado Nacional.